Sin embargo, comparten un enemigo.

A ambos los preocupa el impacto de las redes sociales sobre la salud mental de los niños. Talarico, quien no respondió a una solicitud de comentarios, para menores de 16 años y ha denunciado “los algoritmos depredadores que nos dividen a cada hora, todos los días”.

Como legislador, fue dirigido contra los deepfakes explícitos, imitaciones digitales de personas, a menudo creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial y utilizadas para acosar a otros en las redes sociales.

Paxton ha demandado a grandes empresas tecnológicas, alegando que hacen que los jóvenes a sus aplicaciones o que a videos con contenido sensible.

“Cuando sea elegido para el Senado de Estados Unidos, Paxton continuará con su trayectoria comprobada de impulsar políticas que protejan a los niños en internet, fortalezcan los derechos de los padres y responsabilicen a las grandes empresas tecnológicas cuando violen la ley”, dijo Madison Cercy, portavoz de la campaña del fiscal, en una declaración a ³Ô¹Ï²»´òìÈ.

La salud mental de los jóvenes se está deteriorando. Mientras los investigadores estudian las posibles causas del problema, crece entre políticos de ambos partidos el impulso para imponer restricciones a las compañías de redes sociales.

Varias de las principales empresas enfrentan demandas e investigaciones y pronto podrían estar sujetas a nuevas regulaciones. Una razón fundamental es la posibilidad de que estén perjudicando la salud mental de los niños.

Las compañías están empezando a sentir la presión. A fines de agosto, el conglomerado de redes sociales Meta llegó a con una coalición de 48 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios, y prometió modificar sus políticas y configuraciones para proteger a los niños. Inmediatamente después, Meta publicó anuncios en grandes periódicos para presionar a sus competidores a adoptar medidas de protección similares. Los defensores de la salud infantil quieren ir más lejos, impulsando una legislación federal.

De hecho, este año, al menos 35 candidatos al Senado de Estados Unidos han patrocinado proyectos de ley para limitar el uso de las redes sociales, iniciado investigaciones o criticado públicamente a las grandes empresas tecnológicas a las que acusan de haberse aprovechado de adolescentes y niños.

“Estamos protegiendo a nuestros niños, no a quienes se benefician de su presencia en internet”, declaró Juliana Stratton, vicegobernadora demócrata y candidata al Senado en Illinois, al destacar una ley aprobada por el Estado.

El Congreso está cada vez más cerca de votar el Kids Online Safety Act, el proyecto de ley que encabeza los esfuerzos por regular las redes sociales. La iniciativa les exigiría a estas compañías adoptar diversas medidas de protección, entre ellas, limitar la posibilidad de que los usuarios se comuniquen con menores.

Un de aprobar una versión del proyecto obtuvo 91 votos a favor en el Senado. Donald Trump Jr., hijo del presidente, dijo en que la legislación debía aprobarse “lo antes posible”.

En medio del creciente impulso hacia nuevas regulaciones federales, las grandes compañías tecnológicas están haciendo lobby para promover las políticas que más les convienen. Apple apoya el proyecto de ley, dijo un vocero a ³Ô¹Ï²»´òìÈ, mientras que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ha gastado10 millones de dólares en publicidad televisiva para promocionar sus cuentas para adolescentes.

“Cualquier legislación sobre seguridad juvenil debe dar el control a los padres; una prohibición total de las redes no lo hace”, afirmó el vocero de Meta, Ed Patterson, quien sostuvo que ese tipo de prohibición absoluta empuja a los jóvenes hacia plataformas menos seguras. “Apoyamos una legislación que dé poder a los padres —y no al gobierno— para aprobar las aplicaciones que sus hijos adolescentes pueden descargar de la App Store”.

Meta y otros grupos del sector se están apresurando en dar forma a las regulaciones de las redes sociales y de la tecnología en general.

informó que Meta donó unos 10 millones de dólares a Securing American Greatness, una organización política sin fines de lucro alineada con el presidente Donald Trump. Según una búsqueda de ³Ô¹Ï²»´òìÈ en la base de datos de lobby del Senado, unas 70 corporaciones, asociaciones comerciales, organizaciones sin fines de lucro y otros grupos han estado haciendo lobby ante los senadores en relación con el proyecto.

Según The Washington Post, la administración Trump el proyecto de seguridad en internet con otros aspectos de su agenda sobre inteligencia artificial, que incluye legislación destinada a dificultar la regulación de esta tecnología a nivel estatal. La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios.

La opinión pública sobre las grandes empresas tecnológicas es cada vez más negativa. En 2024, encontró que el 78% de los estadounidenses consideraba que las empresas tecnológicas tenían demasiada influencia en la política, mientras que el 64% opinaba que las redes sociales tenían un efecto mayormente negativo en el país.

Un amplio movimiento, que incluye a buena parte de las instituciones de salud pública, grupos de padres, fiscales generales y empleados que denuncian irregularidades desde dentro de las empresas, está pidiendo una mayor regulación, mientras sectores de la industria tecnológica responden con grandes gastos en lobby y publicidad.

“Tienes a toda la industria y todo su dinero para hacer lobby”, dijo Allison Ivie, directora de políticas de la Coalición de Desórdenes Alimentario (Eating Disorders Coalition). que las redes sociales contribuyen a los trastornos alimentarios al mostrar a los niños imágenes de jóvenes con una delgadez poco realista y amplificar contenidos que promueven dietas extremas.

“No es una lucha equilibrada en absoluto”, afirmó Ivie en referencia al poder de lobby de la industria. “¿Cómo competir contra eso día tras día?”

Crece internet, se deteriora la salud mental

Según de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un tercio de los jóvenes tiene sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, alrededor de un 10% más que una década atrás. Sin embargo, muchos investigadores cuestionan que las redes sociales sean la causa del problema. Sin embargo, otros indicadores monitoreados por el organismo muestran mejoras.

“La ciencia todavía es rudimentaria y está llena de contradicciones”, explicó Sandro Galea, decano de salud pública de la Universidad de Washington en St. Louis, quien anteriormente presidió un informe de sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los niños.

e han propuesto una amplia variedad de posibles causas de la crisis, entre ellas los cambios en la economía, una disminución de las conexiones sociales, el acceso a armas de fuego y la pandemia.

A pesar de la incertidumbre, buena parte de las instituciones de salud pública se está movilizando contra las redes sociales. A principios de septiembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) organizó un en el que aconsejó a padres e hijos pasar más tiempo alejados de las pantallas. Es la advertencia más reciente de una serie emitida por la oficina del cirujano general de Estados Unidos —tanto durante la administración Biden como durante la de Trump— sobre estas tecnologías.

“Sigue aumentando la evidencia sobre los peligros reales y potenciales del acceso no regulado de los niños”, aseguró a ³Ô¹Ï²»´òìÈ Jerome Adams, ex cirujano general durante la primera presidencia de Trump.

Entre esos peligros, dijo, se encuentran “riesgos graves como tasas más altas de ansiedad, depresión, problemas de sueño y preocupaciones relacionadas con el desarrollo. Los niños que pasan demasiado tiempo en estas plataformas enfrentan verdaderos desafíos durante etapas fundamentales de su crecimiento”.

La reacción política contra las redes sociales se ha extendido por todo el mundo. El Reino Unido y Australia prohibieron recientemente las redes sociales para menores de 16 años. La Unión Europea con una posible multa de hasta el 6% de sus ingresos por promover “diseños adictivos”, lo que constituiría una violación de las regulaciones del bloque.

Además del acuerdo de17.000 millones de dólares con Meta, otras demandas en Estados Unidos han apuntado contra Snapchat, propiedad de Snap, y TikTok, una aplicación de videos cortos propiedad de un consorcio de compañías estadounidenses y chinas.

Un obtuvo un acuerdo por 27 millones de dólares con compañías de redes sociales; otros , incluidos algunos de Los Ángeles, han , citando, entre otros daños, los presuntos efectos adictivos de estas plataformas sobre los jóvenes.

Coaliciones de fiscales generales de distintos estados, entre ellos Paxton, han demandado a grandes empresas tecnológicas y, en algunos casos, han logrado acuerdos relacionados con acusaciones de daños a la salud mental y adicción.

A principios de agosto, cerca de 950 millones de dólares después de que un tribunal estatal de Nuevo México determinara que la compañía había sido un “factor importante que contribuye a la actual crisis de salud mental”. La decisión precedió al acuerdo multimillonario.

Una amplia variedad de empresas está sintiendo los efectos de las demandas gubernamentales y civiles. Roblox, la compañía de videojuegos en línea, en acuerdos legales durante la primera mitad de 2026, incluidos gastos relacionados con “asuntos de protección del consumidor juvenil y seguridad digital”. YouTube, también este año en varios casos relacionados con jóvenes.

Grandes tecnológicas en jaque

Sin embargo, las iniciativas en el Congreso han acaparado gran parte de la atención. Las comisiones parlamentarias han citado a ejecutivos de las tecnológicas, algunas veces para escucharlos de manera cordial, pero con mayor frecuencia para cuestionarlos duramente.

A la presión para aprobar nuevas leyes se suman investigaciones que siguen en curso, muchas de ellas basadas en testimonios de personas que denunciaron prácticas de la industria desde dentro. En 2025, Sarah Wynn-Williams —una exdiplomática de Naciones Unidas que posteriormente se incorporó a Meta— testificó ante el Senado sobre las prácticas de la compañía.

Cuando le preguntaron sobre las acusaciones de que la empresa había ocultado o negado conocer los daños que provocaban sus plataformas, : “Facebook apuntaba a chicos de entre 13 y 17 años. Podía identificar cuándo se sentían inútiles, indefensos o fracasados, tomaba esa información y la compartía con los anunciantes”.

Como ejemplo, Wynn-Williams les contó a los legisladores: “Si una chica de 13 años borraba una selfie, ese era un muy buen momento para intentar venderle un producto de belleza”.

Meta ha enfrentado repetidas acusaciones de haber intentado ocultar investigaciones internas relevantes, incluso al gobierno. En una serie de fallos entre 2025 y 2026, un juez de Washington, D.C., determinó que los abogados de la compañía habían ordenado a empleados “eliminar partes de investigaciones que mostraban que Meta conocía la vulnerabilidad de los usuarios adolescentes durante su desarrollo porque esas investigaciones podían ser utilizadas por las autoridades gubernamentales que investigaban a Meta”.

Pero que ha aprobado tres decenas de estudios sobre cuestiones sociales relacionadas con los jóvenes y que ha “realizado cambios concretos para proteger a los adolescentes en internet”. Entre estos cambios está la creación de cuentas para adolescentes cuyas configuraciones pueden ser controladas por los padres.

Sin embargo, las protecciones a la libertad de expresión y la privacidad complican cualquier intento de regulación. Para que la legislación funcione, dijo Jenna Leventoff, asesora principal de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), “las plataformas van a querer saber quién es menor y quién no”.

“No bastará con preguntarles a los usuarios qué edad tienen”, señaló. Y recordó: “Cuando yo era niña siempre decía que era mayor de lo que realmente era para poder crear cuentas”.

Pero la tendencia a imponer restricciones continúa. Con el tiempo, dijo Ivie, “vamos acumulando toda esta evidencia condenatoria. Y eso cambia las perspectivas”.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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