Su equipo suele “estremecerse” cada vez que escucha que un paciente tiene que llenar una pila de formularios, como ocurre al solicitar los pagos por discapacidad del Seguro Social, porque puede ser un proceso difícil y muy engorroso.

Thornton dijo que intenta apoyar a sus pacientes, pero también reconoce los límites de su formación.

“Muchas veces los formularios son tan complejos que realmente no sé cuál es la definición exacta de lo que me están preguntando”, dijo. “Los remitimos a un proveedor especializado en discapacidad”.

Médicos como Thornton temen que empiecen a recibir muchas más solicitudes de este tipo debido a los cambios que se avecinan en Medicaid, el programa gubernamental de salud para personas de bajos ingresos o con discapacidades. A partir del 1 de enero, en la mayor parte del país, algunos beneficiarios —principalmente adultos sin dependientes— deberán demostrar que trabajan o realizan otras actividades que califican durante al menos 80 horas al mes.

Las publicadas en junio establecen que las personas pueden obtener una exención si son consideradas “médicamente frágiles”, es decir, si están demasiado enfermas o tienen una discapacidad que les impide trabajar, lo que podría requerir que presenten documentación de un profesional de salud.

Ese criterio dio lugar a una demanda presentada a finales de junio por decenas de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y preocupa a Thornton porque podría obligarla, junto con su personal, a evaluar aspectos como cuánto peso puede levantar un paciente o qué distancia puede caminar.

“Si me preguntan: ‘¿Esta persona es médicamente frágil?’, ¿qué significa realmente eso?”, dijo Thornton. “No lo sé, y llevo 25 años haciendo esto”.

La ley fiscal y de gasto de los republicanos aprobada el año pasado, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, estableció este requisito laboral, que afectará a unos cuando más estados comiencen a aplicarlo. , esta disposición provocará un gran aumento en el número de personas sin seguro médico que cualquier otra parte de la ley.

Los médicos afirman que no están capacitados para determinar con precisión si el estado de salud de una persona le impide trabajar.

Muchos tampoco tienen tiempo para asumir otra tarea administrativa que los distraiga de la atención a los pacientes. Además, participar en decisiones sobre si una persona obtiene acceso a un beneficio público socava la relación entre médico y paciente, señalaron varias organizaciones médicas y profesionales de salud.

“Cuando introduces en la atención clínica políticas innecesarias, sin fundamento científico, confusas y burocráticas como esta, simplemente aumentas el nivel de conflicto moral para los proveedores”, dijo Christopher Chen, asesor principal de la firma consultora Manatt Health.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) declinaron responder oficialmente sobre las preocupaciones de los médicos. Sin embargo, la agencia confirmó que los beneficiarios podrían necesitar obtener documentación de un profesional de salud para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar y señaló que serán los estados quienes tomen la decisión final.

Anteriormente, la administración Trump había señalado que los estados deberían utilizar las fuentes de datos disponibles —como reclamos médicos y pagos— antes de exigir a los pacientes pruebas de fragilidad médica emitidas por un proveedor de salud.

“La documentación debería ser relativamente fácil de obtener”, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una conferencia telefónica el 1 de junio.

Pero decir si un paciente está demasiado enfermo para trabajar es una decisión subjetiva y de alto impacto, dijo Chen, quien además ejerce como es médico en Valley Medical Center, en Renton, Washington.

“Nos han formado para cuidar a las personas”, dijo. “Nos han formado para conocer los síntomas, hacer diagnósticos y tratarlos. No nos han formado para hacer este tipo de determinaciones sobre la capacidad para trabajar”.

Al presentar su solicitud, y luego cada seis meses, los beneficiarios de Medicaid sujetos al requisito deberán demostrar que cumplen con el mínimo mensual de horas en actividades calificadas o, con la misma frecuencia, demostrar que cumplen con los criterios para una exención.

Si los estados no encuentran pruebas suficientes de que una persona está demasiado enferma para trabajar, esa persona podrá declarar por sí misma, bajo pena de perjurio, que cumple con el criterio de fragilidad médica, aunque solo de manera temporal.

Los estados podrán aceptar esa declaración dos veces durante 2027 y solo una vez en 2028.

En julio, 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, por las regulaciones finales, argumentando que el criterio de fragilidad médica será demasiado difícil de cumplir para los beneficiarios y demasiado complicado de evaluar para los estados.

Según la demanda, el criterio obliga a las agencias estatales de Medicaid a “asumir el papel de expertos en medicina ocupacional” o traslada esa carga a médicos que no necesariamente tienen formación en esa especialidad.

Los CMS no hicieron comentarios sobre el litigio.

El gobierno de Trump ha emprendido una campaña contra el fraude en los programas públicos de salud, incluido Medicaid. Recientemente contra cientos de acusados —entre ellos profesionales de salud— por presuntos esquemas de fraude que, según las autoridades, superan los 6.500 millones de dólares.

Los CMS han dicho que supervisarán de cerca la manera en que los estados administran los requisitos laborales y que podrían tomar medidas correctivas si consideran que algún estado no cumple con las normas.

Eso preocupa a los médicos por las posibles consecuencias si se equivocaran al determinar si una persona está demasiado enferma para trabajar, por más remotas que parezcan esas preocupaciones, señaló Rahul Vanjani, médico de atención primaria, especialista en medicina de adicciones e investigador de la Universidad Brown.

“Usando nuestra imaginación, nos preguntamos si alguien estará auditando estos formularios y si podrían comunicarse con la junta estatal que otorga las licencias profesionales”.

Estados Unidos enfrenta una , y eso podría dificultar que las personas que buscan una exención encuentren un profesional que pueda ayudarlas a documentar que están demasiado enfermas para trabajar, dijeron los médicos.

Será aún más difícil para quienes no tienen seguro médico, dijo Jennifer Wagner, investigadora especializada en elegibilidad para Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de estudios de tendencia progresista.

“¿Cómo podría un solicitante sin cobertura médica conseguir un médico que lo justifique?”, se preguntó.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la mayor organización profesional de médicos y estudiantes de medicina del país, hizo gestiones ante funcionarios federales para modificar el criterio utilizado para documentar la fragilidad médica en los días previos a la publicación de las regulaciones finales.

En mayo, la AMA envió a Mehmet Oz argumentando que obligar a los médicos a certificar la capacidad laboral de sus pacientes no solo supondría una carga administrativa, sino que también modificaría la forma en que interactúan con quienes atienden.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Willie Underwood III, afirmó que el requisito laboral “transforma la consulta médica en un proceso de control de elegibilidad”.

“Es probable que los pacientes perciban ese cambio”, dijo. “Y si empiezan a sospechar que lo que comparten con su médico puede afectar su cobertura médica, las condiciones para una comunicación abierta y honesta comenzarán a deteriorarse”.

Los médicos disponen de un tiempo limitado para atender a sus pacientes y prefieren concentrarse en tratar sus problemas de salud que en llenar formularios, especialmente aquellos que los colocan en la posición de “representar al Estado”, señaló John Ayanian, médico especialista en medicina interna e investigador de la Universidad de Michigan.

“Su primera obligación es velar por el mejor interés de sus pacientes”, afirmó Ayanian.

Lauren Davis, abogada de Community Legal Services of Philadelphia, ayuda a sus clientes a navegar otros programas de beneficios públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que tiene un requisito laboral similar. Los beneficiarios pueden obtener una exención si están demasiado enfermos para trabajar.

Davis recordó el caso de una clienta con una afección cognitiva que afectaba su memoria. Su médico no se sentía cómodo llenando el formulario de exención sin verla primero en persona, pero la paciente seguía olvidando programar la cita y finalmente abandonó el proceso, contó Davis, quien teme que los beneficiarios de Medicaid enfrenten obstáculos similares para obtener las exenciones.

“Esta persona era elegible”, dijo Davis. “La razón por la que no pudo conseguir lo que necesitaba para demostrar que era elegible era precisamente su afección médica”.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .

El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid —destinado a cubrir tratamientos médicos básicos— en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare —empresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo— comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría .

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de .

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

y , por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal .

“¿Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a .

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los incluidos en su programa denominado (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de . Además, cerca de de bajos ingresos habían recibido . Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

, estos servicios sociales —especialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar— al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM .

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales —o en riesgo de quedarse sin vivienda— y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de  alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen.”

Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su . Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .

Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .

En una , la administración también anunció que está planeando exigir a las aseguradoras que especifiquen de antemano el costo de bolsillo para los pacientes de todos los servicios médicos. Esta propuesta ahora está en el período abierto en el que se reciben comentarios del público.

“¿Qué es más claro y sensato que los estadounidenses sepan cuánto costará su atención antes de ir al médico?”, dijo Joe Grogan, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

La regla sobre los hospitales entrará en vigencia en enero de 2021. Es parte de un esfuerzo de la administración Trump por aumentar la transparencia de los precios con la esperanza de reducir los costos de atención médica a todo nivel: desde servicios hospitalarios hasta medicamentos recetados. Pero es controversial y es probable que enfrente desafíos en los tribunales.

Cuando esa regla se propuso por primera vez en julio, los hospitales y las aseguradoras se opusieron. Argumentaron que requeriría la divulgación de información privada, y que también podría obstaculizar las negociaciones y ser contraproducente si algunos proveedores médicos se dieran cuenta que tienen un precio bajo en comparación con sus pares y elevaran sus costos.

Poco después de la publicación de la regla final (el viernes 15), cuatro grandes organizaciones hospitalarias dijeron que la desafiarían en los tribunales.

Según una declaración conjunta de estas organizaciones, “esta regla generará una confusión generalizada, aumentará el comportamiento anticompetitivo entre las aseguradoras de salud y obstaculizará las innovaciones”. En el texto el grupo dejó en claro su intención de “presentar un desafío legal a la regla sobre la base de que excede la autoridad de la administración”.

La declaración fue firmada por la Asociación Americana de Hospitales, la Asociación de Colegios Médicos Americanos, la Asociación de Hospitales de Niños y la Federación de Hospitales Estadounidenses.

Las aseguradoras también reaccionaron. “La regla que la administración lanzó no ayudará a los consumidores a comprender mejor por cuáles servicios de salud tendrán que pagar, y puede no avanzar en el objetivo más amplio de reducir los costos de la atención médica”, dijo en una declaración Scott Serota, presidente y CEO de la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Exigir que se revelen las tarifas negociadas, dijo, podría llevar a aumentos de precios “ya que los médicos y las instalaciones médicas podrían ver en los pagos negociados una hoja de ruta para aumentar los precios en lugar de bajarlos”. Agregó que la regla podría confundir a los consumidores.

Para un consumidor, puede ser una cantidad de datos abrumadora. Sin embargo, la administración dijo que espera que estos datos también estimulen a los investigadores, empleadores o empresarios a encontrar formas adicionales de hacer que sean accesibles y útiles.

La cantidad de información que la norma requiere que se divulgue será masiva, incluidos los cargos brutos, las tarifas negociadas y los precios en efectivo, para cada uno de los miles de servicios ofrecidos por cada hospital, un paquete de información que deberán actualizar anualmente.

En un guiño a lo difícil que podría ser para un consumidor encontrar artículos de una lista de precios a la carta, la regla también requiere que cada hospital incluya una lista de 300 servicios, descritos en lenguaje sencillo, con todos los gastos extra incluidos. De esta forma, un paciente podría consultar el costo total de un reemplazo de rodilla, reparación de hernia u otro tratamiento.

Las aseguradoras, según la regla propuesta, tendrían que revelar las tarifas que negocian con proveedores, como los hospitales. También se les requeriría crear herramientas en línea para que los consumidores pudieran calcular la parte de un servicio que tienen que pagar, incluido cualquier deducible que puedan deber, y poner esa información a disposición antes que el consumidor vaya a la cita médica o al hospital.

No se sabe todavía cuándo entraría en vigencia esta parte de la norma propuesta.

A principios de este año, la administración ordenó a las farmacéuticas que incluyeran sus precios en los anuncios de televisión, pero la industria demandó y ganó un fallo judicial que bloquea la medida. La administración ha apelado esa decisión.

No obstante, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que la administración tiene confianza.

En una conferencia telefónica con reporteros, Azar y otros funcionarios admitieron que no tienen estimaciones sobre cuánto ayudaría la propuesta a bajar los costos, porque nunca antes se había probado un esfuerzo tan amplio en los Estados Unidos.

Aun así, “señáleme un sector de la economía estadounidense en el que tener información sobre precios realmente conduzca a precios más altos”, dijo Azar.

Azar citó algunos estudios que muestran que cuando se revelan los precios, el gasto general puede bajar porque los pacientes eligen servicios más baratos. Sin embargo, generalmente estos esfuerzos también requieren incentivos financieros para el paciente, como compartir ciertos costos.

La norma propuesta para las aseguradoras los insta a crear tales incentivos, dijo Seema Verma, quien supervisa los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS)

George Nation, profesor de negocios en la Universidad Lehigh de Pennsylvania, quien estudia los precios en los hospitales, calificó la regla final y la propuesta sobre las aseguradoras como “un movimiento en la dirección correcta”.

Dijo que, entre otras cosas, la información sobre precios puede resultar útil para los empleadores al comparar si su aseguradora o administradora está haciendo un buen trabajo cuando negocia con los proveedores locales.

Hoy, “solo ven una factura y un descuento. ¿Pero es un buen descuento? Ahora todo esto será transparente”, completó Nation.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .

Como secretario, Price tendrá una autoridad significativa para reescribir las reglas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida como Obamacare, algunas de las cuales ya están casi .

Pero ahora, Price tiene una influencia de muy largo alcance, como jefe de una agencia con un presupuesto de para el año fiscal actual. Puede interpretar las leyes de formas diferentes a las de sus predecesores y reescribir las regulaciones y las guías, que definen cómo se ponen en marcha legislaciones importantes.

“Virtualmente, la forma en que se administra el HHS afecta todo lo que la gente hace todos los días”, dijo Matt Myers, presidente de la Campaign for Tobacco-Free Kids. Las responsabilidades del departamento de salud incluyen: seguridad de alimentos y medicamentos, investigación biomédica, prevención y control de enfermedades, así como supervisión de todo, desde laboratorios médicos hasta hogares de ancianos.

Price, un médico de Georgia que se opone a ACA, al aborto y a la financiación de Planned Parenthood, entre otras cosas, podría tener un impacto rápido, incluso sin una orden presidencial o un acto del Congreso

Algunos que lo apoyan están entusiasmados con esa posibilidad. “Con el doctor Price tomando el timón de la política de salud de los Estados Unidos, los médicos y los pacientes tienen razones sólidas para esperar un cambio bienvenido y esperado desde hace mucho tiempo”, dijo Robert Moffit, miembro de la Heritage Foundation, en un comunicado, cuando se anunció la nominación de Price.

Otros son menos entusiastas. Cuando se le preguntó sobre qué políticas podría promulgar, Topher Spiro, del Center for American Progress, dijo en ese momento: “No sé si quiero pensar en las malas ideas que podría llevar a cabo”.

Las siguientes son cinco acciones que el nuevo secretario del HHS podría tomar, según los defensores de ambas partes, que perturbarían las políticas de salud actualmente vigentes:

Cobertura de métodos de control de la natalidad: bajo ACA, la mayoría de los planes de las aseguradoras deben proporcionar a las mujeres cualquier forma de anticoncepción aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) . Esto ha sido particularmente polémico en lo que respecta a los empleadores religiosos quienes se oponen a la anticoncepción artificial, lo que ha llevado a alteraciones en las reglas, y ha resultado en dos decisiones separadas de la Corte Suprema, una sobre y otra sobre los .

Como secretario, Price tendría dos opciones principales. Podría ampliar la exención de este requisito a todo empleador con objeciones religiosas. O, porque la inclusión específica del control de la natalidad se estableció a través de una regulación y no por la ley en sí, podría simplemente eliminar la cobertura anticonceptiva sin copago de la lista de beneficios que los planes de seguro deben ofrecer. (Esto supone la continuación de la existencia de la ley de salud, al menos en el corto plazo.)

Cambios en el pago de Medicare: la ley de salud creó una agencia dentro del Medicare, llamada el , cuya tarea es explorar nuevas formas de pagar a médicos y hospitales, que reducirían los costos y mantendrían la calidad. El secretario del HHS puede obligar a que los médicos y los hospitales participen en los experimentos y en los nuevos modelos de pago. Algunos de ellos han demostrado ser poco populares, en particular la idea de pagar a los proveedores por paquetes de atención, en lugar de permitirles facturar artículo por artículo.

Uno de estos paquetes cubre reemplazos de cadera y rodilla, desde el momento de la cirugía hasta la rehabilitación postquirúrgica. Price, como ex cirujano ortopédico, probablemente actuaría para reducir, retrasar o cancelar ese proyecto, ya que “ha sido un crítico en el pasado”, dijo Dan Mendelson, CEO de Avalere Health, una firma consultora con sede en Washington.

Financiamiento de Planned Parenthood: los republicanos han estado movilizándose para sacarle a Planned Parenthood su financiamiento federal. El Congreso tendría que cambiar la ley del Medicaid para quitarle este financiamiento de manera permanente al grupo de salud de la mujer, que también realiza abortos (con fondos no federales) en muchos de sus sitios. Pero un secretario del HHS tiene muchas herramientas a su disposición para hacerle la vida miserable a la organización.

Por ejemplo, durante las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush, se impusieron reglas, eventualmente , que prohibían al personal de clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno federal ofrecer consejería o referir a mujeres con un embarazos no deseados que buscaran un aborto. La subsiguiente administración de Bill Clinton abolió las reglas, pero podrían regresar bajo el liderazgo del nuevo secretario.

Price también podría arrojar el peso del departamento en las sobre los vínculos de Planned Parenthood con firmas que supuestamente vendían tejido fetal con fines de lucro.

Regulación del tabaco: después de años de discordia, el Congreso finalmente acordó, en 2009, otorgar a la FDA una autoridad (limitada) para regular los productos de tabaco. “La autoridad central está permitida”, dijo Matt Myers de la Campaign for Tobacco-Free Kids, quien abogó por la ley. Eso significa que el Congreso tendría que actuar para eliminar muchos de sus cambios. Pero una Secretaría que se oponga a la ley (Price de ella en ese momento) podría debilitar su aplicación, dice Myers. O podría reescribir y anular algunas reglas, incluyendo las recientes que afectan a los cigarros y a los cigarrillos electrónicos.

“El secretario tiene una autoridad discrecional muy amplia para no aplicar, o implementar vigorosamente el estatuto de una manera agresiva”, dijo Myers.

Protecciones de conciencia: al final del gobierno de George W. Bush, el HHS publicó reglas destinadas a aclarar que los profesionales de la salud no tenían que participar en la realización de abortos, esterilizaciones u otros procedimientos que violaran una “creencia religiosa o convicción moral”.

Los opositores a las reglas se quejaron, sin embargo, de que eran tan vagas y extensas que podían aplicarse no sólo a los opositores al aborto, sino también a aquéllos que no quieren proporcionar control de la natalidad a las mujeres solteras, o tratamiento del VIH a los homosexuales.

El gobierno de Barack Obama revisó exhaustivamente las reglas, ante la continua consternación de los conservadores. Estaban entre los pocos artículos relacionados con el tema incluidos en la sección de salud del sitio web del presidente electo antes de que la página fuera retirada. Decía: “La Administración actuará para proteger la conciencia individual en el cuidado de la salud”. Muchos esperan que las reglas vuelvan a su forma original.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .