El simple hecho de encontrar un ensayo apropiado puede representar una enorme barrera.

En una en línea realizada a más de 2.000 adultos, el 71% de los pacientes con afecciones crónicas dijo que probablemente participaría en un ensayo clínico si tuviera la oportunidad. Pero dos tercios dijeron que su proveedor de atención médica nunca había hablado con ellos sobre ensayos clínicos.

Según que utilizó datos de 2020, solo el 9% de los adultos dijo haber sido invitado alguna vez a participar en uno.

Los ensayos clínicos son esenciales para desarrollar tratamientos médicos nuevos y eficaces. Pero recopilar datos de personas en situaciones reales, necesarios para obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para medicamentos, dispositivos y otras intervenciones, puede ser una tarea ardua.

Según , hasta el 86% de los ensayos clínicos no alcanza sus objetivos de reclutamiento dentro del período previsto para el estudio.

Conseguir que las personas se inscriban no es el único desafío.

“El reclutamiento es una cosa; lograr que los participantes permanezcan en el ensayo es otra”, dijo Alan Balch, presidente de la junta ejecutiva de Patient Advocate Foundation, que cuenta con y ofrece abundante material educativo en internet. “Cada punto de contacto es una oportunidad para que surjan problemas de acceso y asequibilidad”.

La necesidad de mejorar la participación de los pacientes en los ensayos clínicos no es una preocupación nueva, pero está despertando un renovado interés.

En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para agilizar y mejorar la investigación clínica en Estados Unidos. La iniciativa incluyó una sobre la posibilidad de modificar las normas federales que actualmente desalientan a algunos patrocinadores de ensayos a pagar a los participantes gastos como viajes y alojamiento.

En julio, un grupo de casi 200 organizaciones de defensa de los pacientes y de salud pública a los senadores que patrocinan la Ley de Modernización de los Ensayos Clínicos (Clinical Trial Modernization Act), instándolos a aprobarla.

El proyecto de ley permitiría que los patrocinadores de los ensayos cubrieran los gastos médicos de los participantes, como deducibles y copagos de los seguros, y gastos no médicos, como viajes y cuidado infantil. También excluiría de los impuestos federales hasta $2.000 en asistencia económica para participar en ensayos clínicos, para que las personas no corrieran el riesgo de perder su elegibilidad para Medicaid u otros programas basados en los ingresos por haberse inscrito.

Mientras continúan estos esfuerzos para mejorar los ensayos clínicos y la participación de los pacientes, estas son las respuestas a algunas preguntas sobre cómo funciona actualmente el sistema y qué pueden hacer los pacientes si desean participar.

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En algunos ensayos, ciertos participantes reciben un nuevo medicamento o terapia que está siendo investigado, mientras que otros reciben un placebo sin efecto físico.

Pero existen . Algunos, por ejemplo, prueban diferentes combinaciones de medicamentos. También pueden evaluar dispositivos médicos, medidas preventivas como vacunas o cambios en el estilo de vida. Otros estudian métodos para detectar o diagnosticar enfermedades.

Para las personas con enfermedades muy graves, un ensayo clínico puede ofrecer la mejor esperanza de prolongar la vida o mejorar su calidad.

“El cáncer suele ser una enfermedad mortal, y los ensayos clínicos ofrecen la oportunidad de probar algo que puede ser mejor o no”, dijo Mark Fleury, responsable de políticas sobre ciencia emergente de la American Cancer Society Cancer Action Network. “Si usted sabe que el tratamiento estándar existente ofrece una supervivencia promedio de ocho meses, quiere algo que le brinde una mejor oportunidad”.

Además, incluso si los pacientes no reciben la terapia que se está evaluando en el ensayo clínico, son monitoreados de cerca durante todo el estudio y reciben el estándar de atención de mayor calidad, algo a lo que quizás no tendrían acceso en otro lugar, dijeron defensores de los pacientes.

Algunas personas deciden participar en ensayos para contribuir al avance de la ciencia.

Geri, la esposa de Jim Taylor, murió de Alzheimer hace dos años, más de una década después de recibir el diagnóstico en 2012. La pareja se convirtió , y Taylor continúa con esa labor. Actualmente participa en tres ensayos observacionales sobre el Alzheimer que utilizan pruebas cognitivas y estudios por imágenes para seguir los cambios en su cerebro y compararlos con los cerebros de personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad.

“La razón por la que lo hice es para poder explicarles a las personas, con cierta autenticidad y experiencia, cómo es participar en un ensayo”, dijo.

Cómo encontrar un ensayo clínico

A pesar del amplio interés en participar en ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes no sabe cómo encontrar uno.

Y no necesariamente pueden contar con la ayuda de sus médicos. Según en línea realizada en marzo a poco más de 500 médicos de atención primaria, patrocinada por Patient Advocate Foundation, aunque el 86% de los encuestados dijo que era algo o muy probable que derivara a sus pacientes a un ensayo, solo el 37% lo había hecho alguna vez.

Cuando los médicos hablaban con sus pacientes sobre ensayos clínicos, generalmente era porque los propios pacientes habían preguntado por ellos (67%), no respondían al tratamiento estándar (65%) o su enfermedad estaba avanzando (55%).

Pero para los médicos con poco tiempo, identificar ensayos clínicos para los que sus pacientes podrían ser elegibles no es una tarea sencilla. Un oncólogo que trabaja en la comunidad, por ejemplo, normalmente tendría que hacer una búsqueda utilizando uno de los motores disponibles para localizar ensayos clínicos — es el más completo—, ingresar todas las características del paciente, revisar los ensayos que podrían ser apropiados y llamar al centro para preguntar si el estudio todavía acepta participantes, dijo Fleury.

“¿Y qué sucede si tiene éxito? Pierde a su paciente”, dijo.

Para los pacientes, buscar ensayos por su cuenta puede ser aún más difícil. Algunas organizaciones de defensa de los pacientes cuentan con navegadores, en persona o en línea, que pueden ayudarlos a identificar ensayos para los que podrían reunir los requisitos.

La Sociedad Americana del Cáncer, por ejemplo, tiene un servicio que ayuda a encontrar para cada paciente. Organizaciones como la y la ofrecen en sus sitios web información sobre ensayos específicos para determinadas enfermedades.

Si un hospital o centro de salud participa en un ensayo clínico, los pacientes que reciben atención allí suelen tener mayores posibilidades de inscribirse. Pueden pedir más información a su médico o al centro.

“La mayor parte del reclutamiento para un ensayo ocurre en el lugar donde se realiza el estudio”, dijo Balch.

Hay un ensayo, pero no puedes inscribirte

Gran parte de la investigación clínica en Estados Unidos se lleva a cabo en grandes centros médicos académicos, a menudo ubicados en áreas urbanas. Según expertos en ensayos clínicos, puede resultar difícil para los pacientes inscribirse en un estudio si no viven cerca del centro o no reciben atención médica allí.

Para participar en un ensayo, las personas generalmente tienen que reunirse periódicamente con los investigadores que lo realizan. También pueden necesitar análisis de sangre o estudios por imágenes regulares, o responder cuestionarios para monitorear su evolución.

“La principal barrera que impide que los pacientes participen en ensayos es la falta de ensayos clínicos en el lugar donde reciben atención”, dijo Fleury.

Un que examinó la participación de 8.893 pacientes con cáncer en ensayos clínicos encontró que más de la mitad (55,6%) no tenía disponible un ensayo para su tipo y etapa de cáncer en el centro médico donde recibía tratamiento. Otro 21,5% no cumplía con los criterios de elegibilidad de algún ensayo disponible.

Si un paciente encuentra un ensayo clínico en un lugar al que puede acceder y quiere ser considerado para participar, debe comunicarse directamente con los responsables del reclutamiento y preguntar, dijo Balch.

“Eso es apenas el comienzo”, dijo. Los pacientes también deben averiguar si cumplen con los requisitos de elegibilidad del ensayo y si su seguro cubre la atención, además de considerar cómo pagarán los posibles gastos médicos y no médicos.

Recientemente ha aumentado el interés por descentralizar el acceso a los ensayos clínicos, de manera que los pacientes puedan realizar al menos algunas de las actividades del estudio en su casa o, por ejemplo, en su centro oncológico local.

“Todavía no es algo común”, dijo Balch. Pero si la descentralización se expande, agregó, abrirá las puertas a más pacientes y a grupos de participantes más representativos.

Hay un ensayo, pero no puedes pagarlo

Cuando una persona participa en un ensayo clínico, el patrocinador del estudio cubre los costos directamente relacionados con el ensayo, incluido el medicamento o dispositivo que se está investigando.

Además, según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la mayoría de los planes comerciales de salud están obligados a cubrir los de atención del paciente asociados con la participación en un ensayo clínico.

Pero eso no significa que los afiliados no tengan que pagar nada. Por lo general, siguen siendo responsables de los deducibles, copagos o coseguros correspondientes a la atención rutinaria que reciben durante el ensayo clínico. Y ACA no exige que los planes incluyan beneficios para proveedores fuera de la red. Esto significa que, si el ensayo clínico es patrocinado por un proveedor que está fuera de la red del paciente, es posible que el plan no cubra esos costos.

y tienen requisitos similares para la cobertura de los costos rutinarios relacionados con los ensayos clínicos.

Para algunos pacientes, los gastos adicionales pueden hacer que participar en un ensayo clínico quede fuera de sus posibilidades económicas. Los participantes pueden tener que pagar viajes hasta el lugar donde se realiza el estudio, estacionamiento, alojamiento, cuidado infantil o afrontar la pérdida de ingresos por ausentarse del trabajo.

“No debería haber un conjunto adicional de preocupaciones y desincentivos relacionados con los costos y la toxicidad financiera”, dijo , fundadora y directora ejecutiva de WSCollaborative, una consultora de atención médica. Selig también dirige el proyecto , cuyo objetivo es eliminar los gastos adicionales que enfrentan los pacientes que participan en ensayos.

Algunos patrocinadores de ensayos cubren estos gastos, pero es posible que no lo informen claramente desde el principio a los pacientes que están considerando participar.

Los pacientes deberían tomar la iniciativa y preguntar, dijo Selig. “Es posible que efectivamente haya ayuda disponible, y si la hay, debería aprovecharla”.

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Aunque la publicada el 10 de agosto no menciona directamente el autismo, la exigencia de Trump de limitar las recomendaciones de vacunación ha desconcertado por igual a organizaciones médicas, doctores y analistas políticos.

La directiva se emitió a menos de 90 días de las elecciones de medio término, que, según , podrían verse perjudicadas por la retórica antivacunas.

“El momento político, particularmente para los miembros republicanos en distritos competitivos, no es bueno”, dijo , ex congresista republicano y médico retirado.

La disposición de Trump a correr ese riesgo revela la impaciencia del presidente para que su secretario de Salud cumpla la promesa de identificar al responsable del marcado aumento de los diagnósticos de autismo.

Después de más de un año, Kennedy y sus aliados cercanos, todos críticos de las vacunas, han dejado pasar el plazo para ofrecer respuestas definitivas en una misión de investigación de varios millones de dólares rodeada de secretos, mientras el presidente vuelve a recurrir a teorías desacreditadas en sus ataques públicos contra las vacunas.

“Este es uno de los proyectos más privados de los que he oído hablar”, dijo Helen Tager-Flusberg, psicóloga que dirige la Coalition of Autism Scientists, sobre los esfuerzos de investigación de Kennedy en torno al autismo. “Lo están tratando como si fuera el Proyecto Manhattan en la década de 1940. No podría ser más turbio”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre qué investigaciones sustentan las opiniones del presidente ni qué vacunas podrían estar relacionadas con el autismo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que la medida del presidente se basa en el anuncio de la agencia de enero, cuando informó que estaba reevaluando el calendario de vacunación del país y recomendó reducir las vacunas infantiles tomando como referencia las pautas de países comparables.

Sin embargo, ningún otro país comparable administra por separado la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, como ahora ha ordenado el presidente.

“Como dijo el secretario, el HHS examinará todas las hipótesis biológicamente plausibles, seguirá la evidencia adondequiera que conduzca y hará públicos los hallazgos y las medidas en tiempo y forma”, dijo por correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS.

El “gran día” de Trump

Trump se ha mostrado especialmente interesado en encontrar la causa del autismo. En agosto de 2025 dijo que sería “un día muy importante”, después de que Kennedy le asegurara que había identificado “claramente, casi con certeza” factores que causaban autismo y que pronto serían revelados públicamente.

Décadas de investigaciones y estudios científicos muestran que la genética es uno de los principales factores. —entre ellos la exposición prenatal a la contaminación, la edad del padre y la salud materna— también pueden desempeñar un papel.

Pero Kennedy ha rechazado de plano esa evidencia científica y con frecuencia ha calificado al autismo como una .

Como secretario de Salud, ha gastado en la búsqueda de las causas fundamentales, como parte de un esfuerzo de investigación que no ha ofrecido actualizaciones públicas sobre sus avances y ha brindado pocos detalles sobre quién, o incluso qué agencia, lo lidera.

No se ha consultado sobre el proyecto a organizaciones de defensa de las personas con autismo, científicos e investigadores. Tampoco a científicos de carrera que trabajan en las agencias federales de salud, según dos funcionarios cuyos nombres ³Ô¹Ï²»´òìÈ no publica porque no estaban autorizados a hablar oficialmente.

Las solicitudes para reunirse con Kennedy sobre este tema han sido ignoradas, dijo Delancy Allred, gerente de políticas públicas de la Autism Society.

“Nadie ha logrado llegar a Kennedy. Nadie ha llegado al nivel del secretario, que yo sepa”, dijo Allred. “Creo que le gusta aislarse con personas que pertenecen a su grupo”.

De hecho, Kennedy ha recurrido a aliados que durante años lo han acompañado en su cruzada contra las vacunas infantiles para dirigir los esfuerzos de investigación y estrategia de la agencia sobre el autismo. Es una prioridad para su asesora más cercana, , ex activista del medio ambiente y desde hace años, según fuentes que pidieron no ser identificadas. Spear no respondió a las solicitudes para hablar sobre el estudio del autismo.

William “Reyn” Archer III —ex funcionario de salud de Texas, ginecólogo-obstetra de formación y a quien Kennedy contrató como asesor principal— lleva meses obteniendo registros médicos de estadounidenses para que funcionarios políticos designados investiguen una posible relación entre las vacunas y el autismo.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) bajo Trump también han otorgado alrededor de $50 millones en subvenciones a científicos de universidades de todo el país para investigar el autismo, aunque la mayoría de los estudios no tendrán conclusiones hasta dentro de algunos años.

En enero, Kennedy también renovó por completo el Comité Coordinador Interinstitucional sobre Autismo, un grupo poco conocido pero influyente, designando a 21 nuevos miembros. Entre ellos hay padres de niños autistas, escépticos de las vacunas y un médico que fue demandado por un tratamiento “peligroso” para el autismo.

El comité se ha reunido una sola vez durante el actual mandato de Trump.

A fines de julio, el comité publicó abruptamente un plan estratégico de 336 páginas que se hace eco de algunos de los argumentos de Kennedy: el documento sugiere que los investigadores federales se han concentrado demasiado en los vínculos genéticos con el autismo.

Los diagnósticos de autismo, una que afecta la manera en que las personas se comunican y se comportan, se han durante las últimas dos décadas. atribuyen parte de este aumento a y detección, a una definición más amplia del trastorno y al hecho de que las personas tienen hijos a edades más avanzadas.

Trump y Kennedy han afirmado falsamente que el aumento de los diagnósticos se limita a los niños estadounidenses, aunque los diagnósticos también han aumentado drásticamente y .

A pesar de sus esfuerzos por poner en marcha nuevas investigaciones, Kennedy no le ha dado a Trump una explicación concluyente de estos aumentos.

Durante en julio, Trump comenzó a presionar públicamente a su secretario de Salud sobre el tema cuando le preguntó: “¿Cómo va la investigación sobre el autismo?”.

Kennedy respondió: “Tendremos una respuesta para usted”, antes de que Trump lo interrumpiera.

“Eso es muy importante”, insistió el presidente.

La agenda de Kennedy sobre las vacunas se ha visto obstaculizada, en parte, por las disputas internas en la Casa Blanca. Entre bastidores, funcionarios llevan meses intentando frenar su agenda de vacunación en medio de una ola histórica de infecciones de sarampión.

Con la firma del 10 de agosto en la Oficina Oval, Trump dejó claro que la agenda de Kennedy sobre las vacunas sigue siendo una prioridad.

La firma también se produjo en un momento políticamente conveniente: el Senado acababa de iniciar un receso de cinco semanas, después de que la Casa Blanca consiguiera los votos necesarios para las confirmaciones de Erica Schwartz como directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de Todd Blanche como fiscal general.

Los tropiezos de Kennedy

Muchas de las afirmaciones que Kennedy ha hecho hasta ahora sobre el autismo no han resistido el escrutinio científico.

El año pasado, el secretario de Salud dijo que el uso de Tylenol durante el embarazo podía provocar autismo. Un nuevo estudio publicado en la revista científica JAMA y revisado por pares refutó esa relación, un tropiezo político para Trump, quien había repetido públicamente la afirmación e instado a las mujeres a no tomar ese analgésico.

Kennedy también sugirió durante una reunión de Gabinete en octubre que la circuncisión podría ser una causa. Un publicado en agosto en JAMA Pediatrics no encontró evidencia de esa relación.

En 2025, Kennedy dijo en que de los CDC había vinculado la vacuna contra la hepatitis B con . Sin embargo, sus declaraciones tergiversaron los resultados: el al que se refería estudió posteriormente la exposición al timerosal en las vacunas y un mayor riesgo de autismo.

Kennedy en fondos para investigaciones que ya estaban en marcha y que buscaban las causas del autismo, incluidas posibles fuentes ambientales.

Cuando le pidieron detalles sobre el trabajo de la administración para estudiar el autismo, el director de los NIH, Jay Bhattacharya, reconoció que no se había llegado a ninguna conclusión durante una entrevista en , de CBS.

“Si me pregunta, como científico, si sé por qué hemos visto este aumento del autismo, le diré que no conozco la respuesta a esa pregunta”, dijo el 9 de agosto.

Al día siguiente, sentado en su escritorio en la Oficina Oval, Trump vinculó repetidamente el autismo con las vacunas justo antes de firmar la orden ejecutiva para reducir las vacunas infantiles.

Junto a Trump, Kennedy pareció decidido a atenuar las expectativas de que el HHS pudiera producir resultados rápidamente. Le dijo al presidente que estaba trabajando contra reloj para encontrar respuestas antes del final de su mandato.

“Señor presidente, usted nos ha dicho que quiere respuestas. Yo también”, dijo Kennedy. “Tenemos poco más de dos años para terminar el trabajo, y sé que usted está impaciente, y nosotros estamos avanzando con la urgencia que exige ese plazo”.

Aunque Trump ha afirmado varias veces que existe un vínculo entre el autismo y las vacunas, no ha revelado a cuál de las vacunas de rutina considera responsable, y durante el evento en la Casa Blanca elogió la vacuna contra la polio, calificándola de “increíble”.

Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a responder preguntas sobre el estado de los esfuerzos de Kennedy para identificar la causa del autismo durante una llamada realizada unas horas más tarde.

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Un ejemplo son los recientes brotes de Cyclospora, con en decenas de estados. Y les preocupa especialmente que el próximo patógeno sea mucho más letal.

En el país, un sistema complejo de agencias federales y estatales se encargan de supervisar la seguridad de los alimentos. Esta red se ocupa de detectar, investigar y contener los brotes de enfermedades transmitidas por productos de consumo popular.

Un componente clave del sistema es el programa FoodNet de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), creado después de que cuatro niños murieran por E. coli luego de comer hamburguesas contaminadas a principios de la década de 1990.

Los estados que participan en el programa, cuyo nombre oficial es Foodborne Diseases Active Surveillance Network, contactan a laboratorios para obtener datos sobre los casos, lo que permite detectar cuándo está surgiendo un problema.

Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración ha recortado miles de millones de dólares en fondos para la salud pública y ha despedido a miles de trabajadores de las agencias federales de salud.

También ha reducido el alcance de FoodNet, eliminando la vigilancia obligatoria de Cyclospora y de otros cinco patógenos que, en conjunto, causan la muerte de cientos de personas cada año en Estados Unidos.

“Lo que se está haciendo es permitir que los brotes continúen sin ser identificados. Inevitablemente, más personas se van a enfermar”, dijo Bill Marler, abogado y defensor de la seguridad alimentaria en el área de Seattle, quien ha presentado demandas contra Taco Bell en representación de personas que afirman haberse enfermado de Cyclospora después de comer en esa cadena.

Con los cambios realizados al sistema de vigilancia de FoodNet, los 10 estados participantes —seleccionados para representar una muestra de la población del país— ya no están obligados a reportar, por ejemplo, los casos de listeria. Esa bacteria mata hasta al diagnosticadas con la infección.

Las complicaciones por listeria pueden incluir convulsiones, abortos espontáneos y sepsis que daña los órganos. Es mucho menos frecuente que el tipo de E. coli cuya vigilancia sigue siendo obligatoria en FoodNet, pero de las personas infectadas con listeria terminan hospitalizadas.

Según cifras de los CDC y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las infecciones por listeria provocan .

“Es muy difícil identificar los brotes de listeria”, dijo Neal Fortin, director del Instituto de Leyes y Regulaciones Alimentarias de la Universidad Estatal de Michigan. Ver que ya no forma parte de la vigilancia obligatoria de FoodNet “realmente me preocupa”, afirmó.

En 2011, 33 personas murieron y una mujer embarazada sufrió un aborto espontáneo después de comer con listeria. La FDA identificó la causa .

Los estados que participan en FoodNet tampoco están obligados a reportar los casos de enfermedad causados por Campylobacter, una bacteria que suele contraerse al consumir pollo crudo o poco cocido y que afecta aproximadamente a 1.5 millones de personas cada año.

Este año, esta bacteria enfermó a unas 60 personas en Idaho en un brote relacionado con leche cruda, un producto que Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, ha promovido, pese a que la pasteurización elimina las bacterias dañinas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) niega que los cambios en FoodNet o los recortes de personal de la administración Trump hayan aumentado el riesgo de que futuros brotes sean más difíciles de identificar y contener.

“Los investigadores de la FDA no se vieron afectados por los cambios de personal ni por las reducciones de plantilla, y el presupuesto presidencial propuesto para el año fiscal 2027 incluye un aumento de 33 millones de dólares para las actividades de seguridad alimentaria”, escribió en un correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS. Agregó que los CDC nunca dejaron de monitorear las enfermedades causadas por Cyclospora.

Los CDC cuentan con otros sistemas de vigilancia pasiva, pero estos dependen de que los estados informen los casos.

“No existe ningún requisito sobre cuánto tiempo pueden tardar en hacerlo”, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington.

Además, la FDA realiza solo una fracción de las inspecciones que exige el Congreso. Según un informe publicado a principios del año pasado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), la FDA no cumple las para las inspecciones nacionales e internacionales desde 2018.

Las realizadas por la FDA a fabricantes disminuyeron de 10.641 establecimientos en 2011 a aproximadamente 4.500 una década después. En 2024, la agencia contaba con para realizar inspecciones nacionales e internacionales, de acuerdo con otro informe de la GAO.

Eso fue antes de que la administración Trump de trabajo en la FDA como parte de su esfuerzo por reducir el gasto federal.

Ahora, los líderes en seguridad alimentaria advierten que la situación podría empeorar, porque el gobierno quiere transferir más inspecciones rutinarias de alimentos a los estados y reducir aún más el número de empleados federales encargados de estas inspecciones y de las investigaciones.

Los departamentos estatales de salud ya están sobrecargados debido a los recortes en el financiamiento federal y a la escasez de personal, lo que ha obligado a algunos a reducir o suspender programas de prevención para concentrarse en problemas más urgentes.

Los efectos de esos recortes ya se sienten en Michigan, que ha reportado más de 7.000 casos de ciclosporiasis, la cifra más alta de cualquier estado. El parásito Cyclospora puede provocar diarrea frecuente durante días o incluso semanas, además de dolor abdominal, náuseas y fatiga.

El departamento de salud del condado de Washtenaw, en Michigan, ya había reasignado personal que trabajaba en programas como inmunización y salud sexual para atender un reciente brote de sarampión que enfermó a siete personas, entre ellas cinco niños.

Ahora, esas mismas enfermeras pasan horas hablando por teléfono con cientos de personas con ciclosporiasis, tratando de rastrear el origen de la infección mediante recibos de comida para llevar de semanas atrás, estados de cuenta bancarios y los recuerdos de los pacientes.

“Estamos empezando a ver las consecuencias de un sistema de salud pública financiado de manera ineficiente en 2026”, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan. “Hoy es Cyclospora. Con el tiempo, vamos a perder la capacidad de detectar otra cosa”.

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En una , la administración también anunció que está planeando exigir a las aseguradoras que especifiquen de antemano el costo de bolsillo para los pacientes de todos los servicios médicos. Esta propuesta ahora está en el período abierto en el que se reciben comentarios del público.

“¿Qué es más claro y sensato que los estadounidenses sepan cuánto costará su atención antes de ir al médico?”, dijo Joe Grogan, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

La regla sobre los hospitales entrará en vigencia en enero de 2021. Es parte de un esfuerzo de la administración Trump por aumentar la transparencia de los precios con la esperanza de reducir los costos de atención médica a todo nivel: desde servicios hospitalarios hasta medicamentos recetados. Pero es controversial y es probable que enfrente desafíos en los tribunales.

Cuando esa regla se propuso por primera vez en julio, los hospitales y las aseguradoras se opusieron. Argumentaron que requeriría la divulgación de información privada, y que también podría obstaculizar las negociaciones y ser contraproducente si algunos proveedores médicos se dieran cuenta que tienen un precio bajo en comparación con sus pares y elevaran sus costos.

Poco después de la publicación de la regla final (el viernes 15), cuatro grandes organizaciones hospitalarias dijeron que la desafiarían en los tribunales.

Según una declaración conjunta de estas organizaciones, “esta regla generará una confusión generalizada, aumentará el comportamiento anticompetitivo entre las aseguradoras de salud y obstaculizará las innovaciones”. En el texto el grupo dejó en claro su intención de “presentar un desafío legal a la regla sobre la base de que excede la autoridad de la administración”.

La declaración fue firmada por la Asociación Americana de Hospitales, la Asociación de Colegios Médicos Americanos, la Asociación de Hospitales de Niños y la Federación de Hospitales Estadounidenses.

Las aseguradoras también reaccionaron. “La regla que la administración lanzó no ayudará a los consumidores a comprender mejor por cuáles servicios de salud tendrán que pagar, y puede no avanzar en el objetivo más amplio de reducir los costos de la atención médica”, dijo en una declaración Scott Serota, presidente y CEO de la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Exigir que se revelen las tarifas negociadas, dijo, podría llevar a aumentos de precios “ya que los médicos y las instalaciones médicas podrían ver en los pagos negociados una hoja de ruta para aumentar los precios en lugar de bajarlos”. Agregó que la regla podría confundir a los consumidores.

Para un consumidor, puede ser una cantidad de datos abrumadora. Sin embargo, la administración dijo que espera que estos datos también estimulen a los investigadores, empleadores o empresarios a encontrar formas adicionales de hacer que sean accesibles y útiles.

La cantidad de información que la norma requiere que se divulgue será masiva, incluidos los cargos brutos, las tarifas negociadas y los precios en efectivo, para cada uno de los miles de servicios ofrecidos por cada hospital, un paquete de información que deberán actualizar anualmente.

En un guiño a lo difícil que podría ser para un consumidor encontrar artículos de una lista de precios a la carta, la regla también requiere que cada hospital incluya una lista de 300 servicios, descritos en lenguaje sencillo, con todos los gastos extra incluidos. De esta forma, un paciente podría consultar el costo total de un reemplazo de rodilla, reparación de hernia u otro tratamiento.

Las aseguradoras, según la regla propuesta, tendrían que revelar las tarifas que negocian con proveedores, como los hospitales. También se les requeriría crear herramientas en línea para que los consumidores pudieran calcular la parte de un servicio que tienen que pagar, incluido cualquier deducible que puedan deber, y poner esa información a disposición antes que el consumidor vaya a la cita médica o al hospital.

No se sabe todavía cuándo entraría en vigencia esta parte de la norma propuesta.

A principios de este año, la administración ordenó a las farmacéuticas que incluyeran sus precios en los anuncios de televisión, pero la industria demandó y ganó un fallo judicial que bloquea la medida. La administración ha apelado esa decisión.

No obstante, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que la administración tiene confianza.

En una conferencia telefónica con reporteros, Azar y otros funcionarios admitieron que no tienen estimaciones sobre cuánto ayudaría la propuesta a bajar los costos, porque nunca antes se había probado un esfuerzo tan amplio en los Estados Unidos.

Aun así, “señáleme un sector de la economía estadounidense en el que tener información sobre precios realmente conduzca a precios más altos”, dijo Azar.

Azar citó algunos estudios que muestran que cuando se revelan los precios, el gasto general puede bajar porque los pacientes eligen servicios más baratos. Sin embargo, generalmente estos esfuerzos también requieren incentivos financieros para el paciente, como compartir ciertos costos.

La norma propuesta para las aseguradoras los insta a crear tales incentivos, dijo Seema Verma, quien supervisa los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS)

George Nation, profesor de negocios en la Universidad Lehigh de Pennsylvania, quien estudia los precios en los hospitales, calificó la regla final y la propuesta sobre las aseguradoras como “un movimiento en la dirección correcta”.

Dijo que, entre otras cosas, la información sobre precios puede resultar útil para los empleadores al comparar si su aseguradora o administradora está haciendo un buen trabajo cuando negocia con los proveedores locales.

Hoy, “solo ven una factura y un descuento. ¿Pero es un buen descuento? Ahora todo esto será transparente”, completó Nation.

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Como secretario, Price tendrá una autoridad significativa para reescribir las reglas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida como Obamacare, algunas de las cuales ya están casi .

Pero ahora, Price tiene una influencia de muy largo alcance, como jefe de una agencia con un presupuesto de para el año fiscal actual. Puede interpretar las leyes de formas diferentes a las de sus predecesores y reescribir las regulaciones y las guías, que definen cómo se ponen en marcha legislaciones importantes.

“Virtualmente, la forma en que se administra el HHS afecta todo lo que la gente hace todos los días”, dijo Matt Myers, presidente de la Campaign for Tobacco-Free Kids. Las responsabilidades del departamento de salud incluyen: seguridad de alimentos y medicamentos, investigación biomédica, prevención y control de enfermedades, así como supervisión de todo, desde laboratorios médicos hasta hogares de ancianos.

Price, un médico de Georgia que se opone a ACA, al aborto y a la financiación de Planned Parenthood, entre otras cosas, podría tener un impacto rápido, incluso sin una orden presidencial o un acto del Congreso

Algunos que lo apoyan están entusiasmados con esa posibilidad. “Con el doctor Price tomando el timón de la política de salud de los Estados Unidos, los médicos y los pacientes tienen razones sólidas para esperar un cambio bienvenido y esperado desde hace mucho tiempo”, dijo Robert Moffit, miembro de la Heritage Foundation, en un comunicado, cuando se anunció la nominación de Price.

Otros son menos entusiastas. Cuando se le preguntó sobre qué políticas podría promulgar, Topher Spiro, del Center for American Progress, dijo en ese momento: “No sé si quiero pensar en las malas ideas que podría llevar a cabo”.

Las siguientes son cinco acciones que el nuevo secretario del HHS podría tomar, según los defensores de ambas partes, que perturbarían las políticas de salud actualmente vigentes:

Cobertura de métodos de control de la natalidad: bajo ACA, la mayoría de los planes de las aseguradoras deben proporcionar a las mujeres cualquier forma de anticoncepción aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) . Esto ha sido particularmente polémico en lo que respecta a los empleadores religiosos quienes se oponen a la anticoncepción artificial, lo que ha llevado a alteraciones en las reglas, y ha resultado en dos decisiones separadas de la Corte Suprema, una sobre y otra sobre los .

Como secretario, Price tendría dos opciones principales. Podría ampliar la exención de este requisito a todo empleador con objeciones religiosas. O, porque la inclusión específica del control de la natalidad se estableció a través de una regulación y no por la ley en sí, podría simplemente eliminar la cobertura anticonceptiva sin copago de la lista de beneficios que los planes de seguro deben ofrecer. (Esto supone la continuación de la existencia de la ley de salud, al menos en el corto plazo.)

Cambios en el pago de Medicare: la ley de salud creó una agencia dentro del Medicare, llamada el , cuya tarea es explorar nuevas formas de pagar a médicos y hospitales, que reducirían los costos y mantendrían la calidad. El secretario del HHS puede obligar a que los médicos y los hospitales participen en los experimentos y en los nuevos modelos de pago. Algunos de ellos han demostrado ser poco populares, en particular la idea de pagar a los proveedores por paquetes de atención, en lugar de permitirles facturar artículo por artículo.

Uno de estos paquetes cubre reemplazos de cadera y rodilla, desde el momento de la cirugía hasta la rehabilitación postquirúrgica. Price, como ex cirujano ortopédico, probablemente actuaría para reducir, retrasar o cancelar ese proyecto, ya que “ha sido un crítico en el pasado”, dijo Dan Mendelson, CEO de Avalere Health, una firma consultora con sede en Washington.

Financiamiento de Planned Parenthood: los republicanos han estado movilizándose para sacarle a Planned Parenthood su financiamiento federal. El Congreso tendría que cambiar la ley del Medicaid para quitarle este financiamiento de manera permanente al grupo de salud de la mujer, que también realiza abortos (con fondos no federales) en muchos de sus sitios. Pero un secretario del HHS tiene muchas herramientas a su disposición para hacerle la vida miserable a la organización.

Por ejemplo, durante las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush, se impusieron reglas, eventualmente , que prohibían al personal de clínicas de planificación familiar financiadas por el gobierno federal ofrecer consejería o referir a mujeres con un embarazos no deseados que buscaran un aborto. La subsiguiente administración de Bill Clinton abolió las reglas, pero podrían regresar bajo el liderazgo del nuevo secretario.

Price también podría arrojar el peso del departamento en las sobre los vínculos de Planned Parenthood con firmas que supuestamente vendían tejido fetal con fines de lucro.

Regulación del tabaco: después de años de discordia, el Congreso finalmente acordó, en 2009, otorgar a la FDA una autoridad (limitada) para regular los productos de tabaco. “La autoridad central está permitida”, dijo Matt Myers de la Campaign for Tobacco-Free Kids, quien abogó por la ley. Eso significa que el Congreso tendría que actuar para eliminar muchos de sus cambios. Pero una Secretaría que se oponga a la ley (Price de ella en ese momento) podría debilitar su aplicación, dice Myers. O podría reescribir y anular algunas reglas, incluyendo las recientes que afectan a los cigarros y a los cigarrillos electrónicos.

“El secretario tiene una autoridad discrecional muy amplia para no aplicar, o implementar vigorosamente el estatuto de una manera agresiva”, dijo Myers.

Protecciones de conciencia: al final del gobierno de George W. Bush, el HHS publicó reglas destinadas a aclarar que los profesionales de la salud no tenían que participar en la realización de abortos, esterilizaciones u otros procedimientos que violaran una “creencia religiosa o convicción moral”.

Los opositores a las reglas se quejaron, sin embargo, de que eran tan vagas y extensas que podían aplicarse no sólo a los opositores al aborto, sino también a aquéllos que no quieren proporcionar control de la natalidad a las mujeres solteras, o tratamiento del VIH a los homosexuales.

El gobierno de Barack Obama revisó exhaustivamente las reglas, ante la continua consternación de los conservadores. Estaban entre los pocos artículos relacionados con el tema incluidos en la sección de salud del sitio web del presidente electo antes de que la página fuera retirada. Decía: “La Administración actuará para proteger la conciencia individual en el cuidado de la salud”. Muchos esperan que las reglas vuelvan a su forma original.

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Según una revisión de sus récords, Price ha sido el congresista a quien los grupos de intereses especiales médicos recurren cuando están enfrentado nuevas regulaciones o recortes presupuestarios. Durante la última década, Price se ha ocupado de cuestiones relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos específicos, haciendo 38 consultas con la Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA), según registros federales obtenidos a través de la ley de libertad de información. Price cuestionó a la FDA en nombre de sus electores acerca de asuntos tan diminutos como un dispositivo para el tratamiento de la fertilidad y el ingrediente de una crema para el dolor.

En otros casos, Price ha defendido a las empresas cuyos ejecutivos y empleados han contribuido generosamente a sus campañas y comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés).

“Parece que es alguien que podría abrir la tienda a un montón de intereses especiales”, dijo Ross Baker, profesor de ciencias políticas de la Universidad Rutgers, quien se especializa en temas del Congreso. “Estas cosas ocurren por debajo del radar. Si uno le diera un hachazo al Medicare, por ejemplo, todo el mundo lo sabría. Pero este tipo de cosas se hacen en la oscuridad de la noche”.

Apenas unas semanas antes de que Trump convocara a Price para dirigir el HHS, en noviembre, el congresista habló en una conferencia en Atlanta para vendedores de bastones, camas de hospital y sillas de ruedas eléctricas. Price fue la estrella del espectáculo, un encuentro con 5.000 asistentes. Habló ante la multitud acerca de los recortes del Medicare que asolaban a la industria y se comprometió a luchar contra ellos. Los líderes de la conferencia de Medtrade honraron a Price con un premio por su firme defensa y convocaron a una recaudación de fondos de $100 por persona en su honor.

Price, de 62 años, cirujano ortopédico de los suburbios del norte de Atlanta, fue elegido al Congreso en 2004 después de cuatro mandatos en la legislatura estatal de Georgia. Médico de tercera generación, dijo que entró en la política en búsqueda de límites a la intromisión del gobierno en la atención de salud. A través de los años, ha ganado un apoyo significativo para su campaña por parte de firmas de drogas y grupos médicos.

La información obtenida a través de una solicitud de registros públicos muestra que Price se ha interesado en los conflictos de sus electores con la FDA. En 2005, firmó una carta de preocupación sobre la disponibilidad de válvulas cardíacas utilizadas en cirugías pediátricas. Cuatro años después, instó a revisar el dispositivo de análisis de esperma de una compañía local. Price llamó a la compañía un “pilar de la comunidad” diciendo que debía ser eximida de un ensayo clínico que sería “imposible pasar”. A principios de este año, uno de sus asistentes presionó a la FDA en nombre de un elector intentando conseguir palmitate de capsaicina, el ingrediente de una crema para el dolor.

Como firme opositor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) del presidente Barack Obama, a la que considera como la causante de la destrucción “de la sagrada relación médico-paciente”, Price ha ofrecido varios planes para reemplazarla, incluyendo el Empowering Patients First Act. En lugar del ACA, Price prefiere ofrecer a los pacientes cuentas de ahorros de salud que puedan usar para pagar por cobertura y atención, y créditos fiscales para ayudar a la gente a comprar un seguro de salud por cuenta propia.

La oficina de Price no respondió a las solicitudes de entrevista ni a las preguntas detalladas por escrito sobre sus relaciones con los contribuyentes o su registro legislativo. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Price está entre los principales objetivos de los demócratas, cuya nominación están tratando de descarrilar. La oficina de ética gubernamental revisará el informe de divulgación financiera de Price, el cual contiene información sobre sus activos, ingresos y otra información financiera personal y luego aconsejará al comité de finanzas del senado si necesita tomar medidas para evitar conflictos de intereses.

En las últimas semanas, Price ha sido objeto de críticas por su negociación de acciones en compañías farmacéuticas, incluyendo una firma australiana que planea buscar la aprobación de EE.UU. para un medicamento “prometedor”.

Phil Blando, vocero del equipo de transición de Trump, dijo que Price cumplió con la ley y las reglas éticas. “Price toma su obligación de mantener la confianza pública muy en serio” y, si es confirmado por el Senado, trabajará con los funcionarios de ética para “asegurar su continuo cumplimiento y transparencia”, agregó.

Campeón de equipos médicos

Cuando miles se reunieron en la convención de Medtrade en el otoño para conocer los últimos equipos médicos para uso en el hogar, Price se comprometió a ayudarlos.

La industria ha combatido los cambios generalizados en pagos del gobierno aprobados por el Congreso en 2003 e implementados por la administración de Obama. Las reformas se produjeron después de una década de procesamientos contra estafadores que compraban sillas de ruedas a precios al por mayor, dándoselas presuntamente a personas mayores que no las necesitaban o que no las querían, y cobrándoselas luego al Medicare.

Las reformas más recientes han incluido recortes presupuestarios y un programa de licitación competitiva destinado a limitar la rentabilidad de la oferta de equipos médicos, incluyendo las sillas de ruedas. Los proveedores de equipos médicos para el hogar se han clasificado como los patrocinadores clave de Price, contribuyendo con $52.600 a su campaña desde 2013, de acuerdo con un análisis de Kaiser Health News, que revisó las contribuciones federales.

A pesar de su postura como un vigilante del presupuesto, Price ha tomado partido por líderes de la industria que dicen que los recortes perjudican a los proveedores médicos rurales que enfrentan mayores costos en la entrega de equipos. Price dijo en un comunicado de prensa que los recortes comprometen el acceso de los ancianos a equipos médicos que salvan vidas, incluyendo scooters eléctricos y tanques de oxígeno. “Las personas mayores de Georgia deberían tener acceso a atención médica de calidad”, dijo Price en un comunicado en mayo.

Price introdujo el mismo mes para retrasar los recortes en el gasto del Medicare para equipos médicos duraderos, como camas de hospital y sillas de ruedas motorizadas. El proyecto de ley fue aprobado por la cámara en julio, pero fue rechazado por el Senado.

Líderes de la industria de equipos médicos le dan crédito a Price por haber ayudado a revertir o retrasar algunos recortes a través de la reciente aprobación del 21st Century Cures Act, de acuerdo con Group con base en Iowa, que “la principal organización de compras del país” y un “socio silencioso” de miles de proveedores independientes de equipos médicos para el hogar. La compañía y sus ejecutivos han contribuido con más de $17.000 a las campañas de Price. Un líder emitió su agradecimiento al congresista en otra publicación del blog, llamando a la demora de los recortes un “día memorable” para los proveedores de equipos médicos duraderos.

Price también ha protegido a las compañías que proporcionan asistentes de salud en el hogar y cuidado de enfermería a las personas mayores, una industria lucrativa que los fiscales han identificado . Alarmados por un plan del Medicare para revisar dichos reclamos antes del pago, los líderes de la industria buscaron a Price y a otro congresista para obtener ayuda, la Partnership for Quality Home Healthcare, que elogió a ambos hombres por escuchar sus preocupaciones.

Las compañías de salud en el hogar también contribuyeron con Price en más de $24.000 desde 2013 hasta principios de este año.

Criticando el plan de ahorro como demasiado amplio e impidiendo el acceso de los pacientes a la atención médica, Price presentó un en septiembre que retrasaría la revisión de los reclamos por un año. Este proyecto, copatrocinado por el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), se estancó en un subcomité en octubre.

Apoyo a los médicos que viajan

En el Congreso, Price ha sido un crítico clave del sistema de negligencia médica de Estados Unidos, una pesadilla para muchos cirujanos, pero también para una compañía con sede en su distrito que ha proporcionado donaciones confiables para la campaña. Esa firma, Jackson Healthcare, administra hospitales y prácticas con médicos temporales, llamados locum tenens.

Uno de los contribuidores más grandes de Price es Richard L. Jackson, presidente y CEO de la compañía. Los dos presentaron juntos en 2009 a limitar las demandas por mala praxis. Ambos han afirmado que los intentos de los médicos de evitar tales demandas han llevado a una costosa y excesiva atención médica. En una entrevista en 2010, Jackson mencionó que había hablado sobre la “medicina defensiva” con Price, y otros miembros del Congreso. Price, por su parte, ha hecho referencia al estudio de Jackson Healthcare sobre el alto costo de este tipo de atención médica.

Price ha introducido repetidamente legislación para reducir los casos de mala praxis y, en otro frente, para proteger el estatus fiscal de las compañías ambulantes. En septiembre, introdujo una versión para la cámara de un proyecto de ley que ayudaría a cambiar el código de impuestos del IRS para clasificar a los médicos que viajan como contratistas, y no como empleados, de modo que la compañía que los proporciona no sería legalmente vulnerable a los impuestos en estados lejanos. Una fue presentada antes por el senador republicano de Georgia, Johnny Isakson. Los proyectos de ley fueron rechazados en comités el año pasado.

Jackson y su hijo, Shane, el presidente de la compañía, han apoyado a Price con donaciones a su campaña y a su comité de recaudación de fondos, que contribuye a las campañas republicanas. Desde 2011, han contribuido al menos con $43.000 a la campaña de Price y con $35.000 al comité conjunto de recaudación de fondos.

Una portavoz de Jackson dijo que el proyecto de ley de Price no habría afectado a su compañía ya que, en la práctica, ya consideraba a sus médicos como contratistas, al igual que el gobierno.

Influencia en la FDA

Si fuera confirmado como secretario del HHS, Price supervisaría muchas de las reglas, regulaciones y “embotellamientos” que regularmente generan aullidos en la industria médica. También tendría autoridad sobre la FDA, que regula los productos farmacéuticos. La agencia pronto podría estar dentro del ámbito de control sobre una compañía en la que Price ha invertido personalmente.

La empresa australiana Innate Immunotherapeutics declaró en un informe anual que planea presentar su droga clave contra la esclerosis múltiple a la FDA para su aprobación. Hace varios meses, Price compró entre $50.000 y $100.000 en acciones de la compañía, de acuerdo con una divulgación financiera rutinaria requerida para los miembros del Congreso.

La FDA también está discutiendo otro problema de regulación que podría afectar la compañía de otro contribuyente importante. Parker H. “Pete” Petit, junto con su familia, han contribuido con $35.900 a la campaña de Price y a su PAC desde 2010. Petit también fue jefe de finanzas para Trump en Georgia y, con su familia, contribuyó con $125.000 al PAC del presidente electo.

Petit es el CEO de MiMedx, una empresa de biotecnología de Georgia en el distrito de Price, que ha impugnado una decisión de la FDA sobre algunos productos para ayudar a la cicatrización de heridas.

En agosto de 2013, la FDA concluyó que los productos, que consisten en placentas descartadas y líquido amniótico, deberían ser regulados ya que su fabricación implica manipulación de tejidos humanos. La carta de la FDA provocó la caída de las acciones de MiMedx y estimuló a una demanda de valores presentada en una corte federal en Georgia. La fiscalía acusó a MiMedx de inducir erróneamente a los inversionistas al minimizar la gravedad del escrutinio de la FDA. En abril se llegó a un acuerdo de casi $3 millones.

Petit reconoció que buscó ayuda del Congreso acerca del tema, sin ser específico. La FDA dijo que no podía comentar sobre el asunto. MiMedx no regresó las llamadas.

Elizabeth Lucas contribuyó a esta historia.

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