En marzo, Ladonna Johnson estaba meciendo a A’mahri para que se durmiera cuando recibió un disparo en la cabeza con un arma que la mujer tenía para protegerse.

A’mahri adoraba salir al aire libre y pasear con su carrito. Su madre describió al pequeño como “dulce” y “cariñoso”. Cuando estaba cerca, dijo, “simplemente se sentía amor”.

El niño tenía una relación cercana con Steven Dodson Jr., el novio de su madre, quien había tomado el arma durante una discusión. En junio, Dodson, de 21 años, de asesinato y abuso infantil agravado y fue condenado a cadena perpetua.

A’mahri murió en uno de los lugares más violentos de Florida para los niños: Jacksonville. Esta ciudad tiene tres códigos postales que se encuentran entre los 10 peores del estado en cuanto a lesiones por armas de fuego en menores.

Cada año, cientos de niños son hospitalizados en Florida por heridas de bala y, en una proporción abrumadora, provienen de un número muy reducido de códigos postales, según halló un análisis exclusivo de datos hospitalarios realizado por 吃瓜不打烊 y The Trace.

Los datos de facturación obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration muestran que, entre 2018 y 2024, más de 4.000 menores de 17 años o menos fueron hospitalizados por lesiones causadas por armas de fuego: alrededor de 1.5 por día.

Las redacciones recopilaron datos que los hospitales del estado utilizan para cobrar a las compañías de seguros o al gobierno. La información no identifica a los pacientes, pero incluye detalles sobre dónde vivían, además de su edad, raza y otros datos demográficos.

El número de niños asesinados en Jacksonville ha crecido tanto que , Families of Slain Children, construyó un monumento llamado “Wall of Compassion” 鈥擬uro de la Compasión鈥� que contiene los nombres de cientos de personas muertas por disparos en la ciudad. Los organizadores instalaron un segundo muro cercano que ya se está llenando de nombres.

Las cifras reflejan cómo la larga historia de discriminación racial de Florida y sus leyes permisivas sobre armas de fuego perjudican la salud pública, según investigadores, funcionarios, activistas comunitarios y padres que han perdido a sus hijos.

En Jacksonville, los niños recibieron disparos con mayor frecuencia en vecindarios racialmente segregados, un legado de la discriminación promovida por el estado a principios del siglo XX en la vivienda, la banca y la inversión.

En la actualidad, estas zonas sufren la contaminación de antiguos incineradores de basura administrados por la ciudad, terrenos llenos de desperdicios, viviendas deterioradas, pobreza y otros problemas que los líderes locales llevan más de 50 años prometiendo solucionar.

Casi todos los códigos postales de Florida con las tasas más altas de lesiones por armas de fuego entre niños tienen grandes poblaciones afroamericanas o latinas.

Quizás en ningún otro lugar sea tan evidente el impacto de la violencia armada como en UF Health Jacksonville, un hospital de la red de seguridad y el único centro de trauma de nivel I del noreste de Florida.

Como jefe de cirugía de cuidados agudos, ve de primera mano el daño causado por las armas.

“Lo ves día tras día”, dijo Madbak. “Trabajo esta noche y sospecho que veré a un par de víctimas”.

, pediatra de UF Health y ex director de salud del condado de Duval, que incluye Jacksonville, dijo que los líderes estatales y locales no han abordado lo que denominó las “causas fundamentales” de las lesiones y muertes prevenibles por armas de fuego, como la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono.

“La conclusión es que a nadie le importan una m鈥� estos jóvenes”, dijo Goldhagen.

Las víctimas de la violencia armada y sus familias enfrentan de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, los gobiernos locales han ubicado plantas industriales, y autopistas en vecindarios negros, aun cuando las con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, partos prematuros y violencia armada.

Sin embargo, el Departamento de Salud de Florida no considera a la violencia armada una amenaza para la salud pública, dijo Goldhagen, a pesar de que las armas de fuego son la de niños y adolescentes en el país.

El (State Health Improvement Plan), un conjunto de objetivos desarrollado por el departamento de salud y un comité asesor, no menciona las armas de fuego, el daño que causan a los niños ni medidas para reducir las muertes y lesiones entre los jóvenes.

En cambio, sus objetivos incluyen prevenir o reducir las muertes súbitas e inesperadas de bebés y los ahogamientos de jóvenes, las visitas a las salas de emergencia por accidentes automovilísticos y las hospitalizaciones por lesiones cerebrales traumáticas.

Ninguna de las personas con autoridad para abordar esta crisis de salud pública aceptó hablar con 吃瓜不打烊 sobre la violencia armada y su impacto en los niños de Jacksonville: ni el Departamento de Salud de Florida, ni el gobernador Ron DeSantis, ni la alcaldesa Donna Deegan, ni 18 de los 19 miembros del Concejo Municipal de Jacksonville.

Solo respondió el concejal Jimmy Peluso. Dijo que durante mucho tiempo la ciudad ha ignorado las necesidades de los vecindarios con altas tasas de lesiones por armas de fuego entre niños.

“Muchos de estos vecindarios simplemente sienten que la riqueza los abandonó”, dijo, “y la ciudad no llegó para hacer todo el trabajo que necesitaban”.

DeSantis, republicano, ha pedido públicamente pocas restricciones sobre la manera en que las personas compran o portan armas. que permite a los residentes de Florida portar armas ocultas sin permiso.

Cuando el entonces cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró en 2024 que la violencia con armas de fuego era una crisis de salud pública, DeSantis calificó la advertencia como un .

DeSantis dijo que Florida no seguiría las recomendaciones, que incluían políticas como verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y requisitos para su almacenamiento seguro.

Molly Best, vocera de DeSantis, rechazó una solicitud de entrevista y no respondió preguntas sobre las políticas del gobernador sobre las armas.

“No existe una agenda para poner fin a la violencia armada en el estado de Florida”, dijo Jean Francis, ex enfermera pediátrica que dirige el capítulo de Jacksonville de Moms Demand Action, parte de una organización sin fines de lucro que promueve leyes más estrictas sobre armas de fuego.

Investigaciones han vinculado el aumento de las muertes de menores por armas de fuego entre 2011 y 2023 con las políticas estatales sobre armas.

Los estados con políticas permisivas, como las leyes de “stand your ground” 鈥攓ue permiten usar fuerza letal en determinadas circunstancias鈥� y las que permiten portar armas abiertamente, registraron tasas más altas de muertes de niños por armas de fuego que los estados con regulaciones más estrictas, como restricciones sobre las armas y la edad, según un estudio publicado en .

El estudio ubicó a Florida entre un grupo de 30 estados con las políticas sobre armas más permisivas. Cuatro estados con leyes estrictas similares 鈥擟alifornia, Maryland, Nueva York y Rhode Island鈥� registraron una disminución de las muertes de menores por armas de fuego durante el mismo período.

La impide que las ciudades y los condados adopten medidas de seguridad sobre armas más estrictas.

Las muestran que los niños que viven en vecindarios desfavorecidos tienen hasta 20 veces más probabilidades de sufrir heridas por armas de fuego que sus pares en las zonas con mayores ventajas socioeconómicas.

“Es desalentador”, dijo Madbak. UF Health Jacksonville atendió en 2024 a 255 pacientes con heridas de bala, incluidos 32 de 17 años o menos, dijo.

En 2025, el hospital atendió a 269 pacientes por lesiones causadas por armas de fuego, incluidos 22 menores de 18 años, según Dan Leveton, vocero del hospital. Hasta el 19 de agosto de este año, el hospital había atendido a 137 pacientes por heridas de bala, incluidos 18 de 17 años o menos.

Prevenir la violencia armada “no debería ser un tema político, aunque lo es”, dijo Madbak, y agregó que hay mucho margen para una defensa más efectiva de las medidas de prevención de la violencia.

“Es realmente un problema estadounidense”, dijo Madbak, “y nuestro estado se ha visto tremendamente afectado por este tipo de violencia”.

El dolor de madres, abuelas y tías

En Orlando, un código postal 鈥�32805鈥� tuvo la tasa más alta del estado de menores de 18 años hospitalizados por heridas de bala entre 2018 y 2024: un total de 25 menores, o 125,8 por cada 100.000 habitantes.

El día de Año Nuevo de 2018, Bryce Williams, de 17 años, en un parque de Casselberry, un suburbio de Orlando. Fue encontrado muerto después de que su Kia azul se estrellara contra una casa cerca del parque.

La muerte de Williams devastó a su familia, contó su abuela, Kim Crow, a WFTV en Orlando.

“Primero, no puedes creer que alguien te haya sido arrebatado de una manera tan violenta”, dijo Crow. “Es desgarrador”.

En abril, Daesean Moctezuma Orland, de 18 años, mientras asistía a una fiesta en una casa en las afueras de Orlando. Otras dos personas heridas en el tiroteo fueron trasladadas al hospital. La policía arrestó a un adolescente de 16 años aproximadamente un mes después y lo acusó de la muerte de Moctezuma Orland.

Su abuela, Lizzy Moctezuma, dijo a WFTV que un amigo de su nieto la llamó a ella y a su hija, Noemi Moctezuma, para decirles que le habían disparado. Las mujeres recorrieron cuatro hospitales, incluido uno en Tampa, buscándolo.

“Mi vida cotidiana quedó destrozada”, dijo Lizzy Moctezuma. “Es difícil trabajar. Te sientas y ves las noticias. Y piensas: Dios mío, ahí hay otro niño que muere por la violencia con armas”.

“Es un agujero en el pecho, un agujero en la mente”, dijo Noemi Moctezuma. “Es como el vacío más grande que puedas imaginar, un vacío que ni siquiera los momentos más felices pueden llenar”.

Jacksonville, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, es particularmente peligrosa para los niños que viven en las zonas al norte y al oeste del centro.

Entre las víctimas se encuentran asesinado a tiros mientras jugaba frente a una casa; que recibió un disparo mortal cuando regresaba de una prueba de fútbol americano; y que murió por una bala perdida mientras estaba sentada en un auto estacionado.

Defensores de las víctimas dijeron que la violencia armada ha destruido cualquier sensación de normalidad para familias y vecindarios enteros. Las madres en duelo temen los fuegos artificiales y otros ruidos fuertes que se parecen a disparos. Dijeron que mientras lidian con sus propias emociones, a veces tienen dificultades para ayudar a sus otros hijos a afrontar la pérdida.

“Cuando escuchas sus historias, piensas: 鈥楨sto es lo peor que he oído en mi vida’”, dijo Francis, “hasta que escuchas la siguiente”.

Horas después de graduarse de Raines High School en Jacksonville en mayo de 2022, , de 18 años, fue asesinado a tiros cuando llegaba a la celebración de un amigo. Fields estaba entrando a la fiesta cuando se acercó un auto y alguien abrió fuego, contó su madre, Yvonne Fields, a Action News Jax.

Fields, defensa de línea del equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, había recibido una beca completa para jugar en Keiser University, en West Palm Beach. Sus padres estaban organizando una fiesta para el día siguiente para celebrar su graduación.

“Todo el mundo lo quería”, dijo Yvonne Fields sobre su hijo menor, a quien describió como “el alma de la fiesta”.

“A Rashaud le encantaba bailar. Contaba chistes. Era divertido”, dijo Fields.

En ese momento, Rashaud Fields era al menos la novena víctima de homicidio de entre 17 y 19 años en la ciudad ese año, según el periódico local . Yvonne Fields dijo que ha mantenido la habitación de su hijo exactamente como él la dejó el día de su muerte. Todos los días huele una de sus camisetas.

“Sé que no va a volver”, dijo, “pero puedo sentir su espíritu”.

Dos días después de celebrar su cumpleaños número 18, Maurice Hobbs murió baleado en enero de 2017 mientras esperaba que su madre fuera a recogerlo.

“Yo estaba a menos de una cuadra”, dijo Latasha Hobbs a Action News Jax.

Cantante, rapero y poeta, Maurice Hobbs quería dedicarse a la música y lanzar una línea de ropa. Soñaba con ganar suficiente dinero para regalar una casa a cada integrante de su familia, para que todos pudieran vivir en la misma calle.

Su madre recordó que celebraron su cumpleaños con pastel y bailando en la cocina, y también recordó su reacción al cumplir 18 años.

“Me dijo: 鈥楧ios mío, mamá, llegué a los 18’”, contó Latasha Hobbs. “Así que es difícil aceptar que mi bebé no llegó a los 19. No es justo. Mi bebé merece estar aquí”.

Pamela Howard lleva casi dos décadas luchando con el dolor por el asesinato de su hijo Derrell Baker, a los 17 años.

Howard, madre de cinco hijos, describió a su hijo como un joven enérgico y un pilar para sus hermanos menores. Baker se destacaba en el fútbol americano, dijo, y estaba encaminado a graduarse de la secundaria a pesar de tener un trastorno grave por déficit de atención e hiperactividad.

Alguien le disparó a Baker en septiembre de 2008 mientras caminaba hacia la escuela. Una persona que pasaba por el lugar lo encontró al costado de la carretera.

Howard pensaba que Baker estaba en la escuela y luego en la práctica de fútbol americano. La familia se enteró de que algo podía haber sucedido solo cuando uno de sus hermanos escuchó que le habían disparado.

Howard llamó a hospitales de la zona buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encontró en UF Health Jacksonville, ya era demasiado tarde: había muerto horas antes.

“No recuerdo nada después de que me dijeron” que había muerto, dijo Howard. “Mis amigos dicen que solo me escucharon gritar”.

Para Fields, Hobbs y Howard, la muerte repentina e inesperada de sus hijos dejó una herida profunda. La falta de respuestas es dolorosa. La policía no ha realizado arrestos en ninguno de los casos.

“Cuando tenga justicia”, dijo Yvonne Fields, “quizás pueda encontrar un poco de paz”.

Principal causa de muerte

, jefe de cirugía pediátrica y trauma del Children’s Hospital de Philadelphia, dijo que debe existir voluntad en las capitales estatales para regular las armas de fuego y proteger a los niños de esta violencia.

Nance fue coautor de una publicada en JAMA Pediatrics que encontró que el número de estados en los que las armas de fuego eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes aumentó de cero entre 2004 y 2008 a 24 entre 2019 y 2023.

Las muertes de niños en accidentes de auto, que alguna vez fueron la principal causa de muerte en ese grupo, han disminuido principalmente gracias a medidas de seguridad adoptadas por gobiernos y fabricantes de automóviles, dijo, desde normas sobre cinturones de seguridad y límites de velocidad hasta bolsas de aire y frenos antibloqueo.

“Ese progreso ha sido bastante generalizado en todo Estados Unidos”, dijo, “pero con las armas de fuego la situación varía enormemente de un lugar a otro”.

Las armas no están sujetas a estándares federales de seguridad, señaló Nance. No están reguladas por la Consumer Product Safety Commission, la agencia federal encargada de proteger al público de productos peligrosos, y no pueden retirarse del mercado como sucede con juguetes o automóviles inseguros.

“Realmente no hemos hecho casi nada para cambiar la trayectoria de las lesiones por armas de fuego entre los niños”, dijo Nance.

Goldhagen, el pediatra de UF Health, dijo que los líderes de Jacksonville intentaron abordar la violencia armada mediante Jacksonville Journey, una iniciativa lanzada en 2008 鈥攃uando el condado de Duval tenía la tasa de homicidios más alta de Florida鈥� durante la administración del ex alcalde John Peyton.

El programa, dirigido a niños en riesgo de violencia, ofrecía mentores, campamentos de verano, capacitación laboral y estrategias no policiales, como proyectos para mejorar los vecindarios y programas en centros comunitarios. Journey también colaboraba con la Oficina del Sheriff de Jacksonville en intervenciones dirigidas a pandillas y enfocadas en los jóvenes.

Las autoridades atribuyeron a la iniciativa una reducción de casi el 40% de los homicidios en el condado de Duval durante sus primeros cuatro años.

Después de que Peyton dejara el cargo en 2011, el presupuesto del programa, de aproximadamente $15 millones, se redujo a $8.6 millones en 2012 y a unos $2.3 millones en 2014. Reducido, el programa terminó combinándose con otra iniciativa infantil para formar , que utiliza fondos municipales, estatales y federales para financiar servicios para jóvenes y programas de intervención.

Duval es el único condado grande de Florida que no cuenta con un impuesto destinado específicamente a financiar servicios para niños, incluidos programas para reducir la delincuencia juvenil.

Los líderes de la ciudad creen que “la seguridad pública se trata de bomberos y policía, pero no de servicios sociales”, dijo Vicki Waytowich, directora ejecutiva de , una organización sin fines de lucro financiada mediante subvenciones y contratos que ofrece servicios de salud y justicia juvenil a niños y familias de Jacksonville.

“No existe absolutamente ninguna voluntad política de hacer algo que se parezca remotamente a un impuesto para financiar servicios infantiles”, dijo.

En 2024, el financiamiento de Cure Violence, un programa de prevención de la violencia armada que intentaba resolver conflictos entre jóvenes antes de que terminaran en tiroteos. Un informe de la Oficina del Inspector General de la ciudad señaló que el programa y de prácticas financieras adecuadas.

“Tenemos un sistema de salud pública que no aborda esto como un problema de salud pública o de salud de la población”, dijo Goldhagen.

Waytowich dijo que el crimen es un síntoma de problemas mucho más profundos en el norte de Jacksonville, desde el deterioro de los vecindarios hasta el trauma generacional y la falta de oportunidades laborales.

“Realmente no tenemos los fondos para abordar las causas fundamentales”, dijo. “Lo que estamos haciendo es poner una curita sobre los problemas”.

A diferencia de Mandarin, un vecindario predominantemente blanco del sur de Jacksonville con fácil acceso a unos siete supermercados, los niños del norte de la ciudad tienen una alimentación deficiente, agregó Waytowich, y muchos caminan más de una milla para llegar a la escuela.

“Podemos ver que los niños no tienen esperanza”, dijo Waytowich. “Cuando los jóvenes creen que van a morir a los 21 años, 驴de qué sirven los talleres para establecer metas y preparar un currículum?”

En 2025, la alcaldesa de Jacksonville, Deegan, lanzó un programa para abordar la violencia armada llamado .

Pero, al igual que su predecesor, Journey Forward no cuenta con una fuente de financiamiento permanente y específica.

Un recuerdo difícil

Ladonna Johnson contó que, el 22 de marzo, terminó su relación con Dodson porque vio que él estaba compartiendo en su teléfono celular información sobre su ubicación con otras mujeres.

Johnson dijo que entró en una habitación donde A’mahri y su hermana estaban viendo televisión y sentó a su hijo en su regazo. Dijo que Dodson la siguió, entró en un clóset y sacó el arma.

“No dejaba de preguntarme: 鈥樎縌ué vamos a hacer?’”, dijo Johnson.

Momentos después, Johnson escuchó un fuerte estruendo. Su hija comenzó a llorar.

Ambas necesitarán terapia, dijo. Johnson está decidida a preservar la memoria de A’mahri: “Quiero que la gente sepa lo adorable y dulce que era mi hijo”.

Aun así, dijo: “Siento que nunca voy a estar bien”.

Metodología

Para determinar que más de 4.000 menores de 18 años habían recibido atención en hospitales de Florida por heridas de bala entre 2018 y 2024, The Trace y 吃瓜不打烊 analizaron dos conjuntos de datos obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration mediante una solicitud de información:

• En el archivo de los departamentos de emergencia, que contenía registros de 67.565.314 visitas a salas de emergencia que no resultaron en una hospitalización, identificamos 37.415 casos de heridas de bala utilizando la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
• En el archivo de pacientes hospitalizados, que contenía registros de 21.857.664 visitas hospitalarias en las que los pacientes fueron internados, identificamos 28.149 casos de heridas de bala utilizando la definición de los CDC.

Definimos como niños a las personas de 17 años o menos y filtramos la columna correspondiente a la edad de los pacientes. Así determinamos que 2.340 menores habían recibido atención en salas de emergencia y 1.684 habían sido hospitalizados por heridas de bala. Para evitar contar dos veces a una misma persona, excluimos del archivo de emergencias a los pacientes cuyos registros indicaban que habían sido trasladados a otro centro para su hospitalización.

Los desgloses demográficos se elaboraron utilizando las columnas de raza y origen étnico de los conjuntos de datos.

Para examinar la distribución geográfica del impacto de la violencia armada, agrupamos a los menores con heridas de bala según el código postal proporcionado.

Es importante señalar que este código postal corresponde al lugar de residencia del menor, no al lugar donde ocurrió el tiroteo. Un pequeño número de niños tenía códigos postales de otros estados o códigos utilizados para indicar que no tenían vivienda o provenían de otro país. Estos menores están incluidos en los totales estatales de niños atendidos en hospitales de Florida, pero no en los resultados por código postal.

Estos datos no incluyen a los niños que recibieron disparos pero murieron en el lugar de los hechos o antes de llegar al hospital, ni a aquellos que nunca recibieron atención médica.

吃瓜不打烊 data editor Holly K. Hacker contribuyó con esta investigación.

Este artículo fue producido por 吃瓜不打烊, The Trace, Action News Jax en Jacksonville y WFTV en Orlando.

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Ahora, el mismo dolor había vuelto, pero del lado izquierdo.

Esta vez, Rangel estaba en Estados Unidos y no tenía seguro médico. En 2019 se había mudado a Portland, Maine, donde vive una de sus hijas.

Como residente permanente, calificaba para comprar un seguro médico a través del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Pero pronto descubrió que las primas para una persona de su edad estaban fuera de su presupuesto. Aunque contar con cobertura médica era una de sus prioridades, decidió quedarse sin seguro.

En su lugar, se inscribió en un consultorio de concierge medicine, donde los pacientes pagan entre 70 y 110 dólares al mes por servicios que incluyen consultas médicas ilimitadas y procedimientos menores, como suturas y biopsias.

Pero cuando le diagnosticaron una hernia, la cirugía se volvió inevitable. Ben Hagopian, su médico de atención primaria, lo ayudó a elaborar una lista de hospitales y centros quirúrgicos para considerar. Rangel tiene un doctorado en Administración, carrera que estudió mientras servía en la Marina de Venezuela. Armado con esos conocimientos y con una curiosidad natural, comenzó a investigar los precios.

Lo que encontró podría resultar difícil de entender para el paciente promedio. Pero sus esfuerzos valieron la pena cuando llegó la factura.

El servicio médico

Rangel tenía una , una afección que ocurre cuando parte del contenido del abdomen sobresale a través de un punto delgado de la pared abdominal inferior. Es una afección relativamente frecuente, en especial entre adultos mayores.

En la mayoría de los casos se requiere cirugía para reparar la pared muscular, y el procedimiento puede realizarse . Existen tres enfoques principales para reparar una hernia inguinal: cirugía abierta, laparoscópica y asistida por un robot. Los estudios han demostrado que los tres métodos tienen de recurrencia de la hernia, y son seguros y eficaces.

Rangel fue sometido a una cirugía abierta, una técnica que los médicos suelen preferir cuando se trata de hernias recurrentes. Contó que la operación duró menos de dos horas y que pudo salir caminando del centro quirúrgico poco después.

La factura

$2.900: La tarifa fija que Rangel terminó pagando por la reparación de su hernia en un centro de cirugía ambulatoria en Maryland, incluyendo los honorarios del cirujano y la anestesia. También dijo que gastó alrededor de $1.800 para viajar desde su casa en Maine hasta el centro quirúrgico, incluyendo boletos de avión, comidas y alojamiento para él y su esposa.

El problema con la factura: sin seguro, pero con tiempo para comparar precios

Como Rangel no tenía seguro médico, no tenía ninguna protección frente a los altos costos. Su única ventaja era disponer de tiempo para buscar un precio razonable para su cirugía.

Su primera parada fue un hospital sin fines de lucro cerca de su casa. Programó una consulta con un cirujano de MaineHealth, el sistema hospitalario más grande del estado, y recibió un presupuesto aproximado de 23.000 dólares para reparar su hernia mediante cirugía laparoscópica.

Las cirugías laparoscópicas suelen costar más porque los cirujanos utilizan herramientas más avanzadas. Aun así, la reparación laparoscópica de una hernia inguinal cuesta, en promedio, casi el doble en un hospital que en un centro de cirugía ambulatoria para un paciente . En el hospital se paga $5.280 por el procedimiento.

“No iba a hipotecar mi vida solo para operarme y pasar los próximos 30 años pagando esa deuda”, dijo Rangel, quien ya cumplió 64.

Así que siguió buscando. Consideró un centro quirúrgico en Oklahoma, donde el procedimiento era mucho más económico, pero finalmente descartó esa opción porque estaba demasiado lejos. También exploró la posibilidad de viajar a la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile, donde vive otra de sus hijas. Allí la cirugía habría costado alrededor de 7.000 dólares, pero al sumar varios miles en gastos de viaje, la alternativa dejó de tener sentido desde el punto de vista económico.

Gerard Anderson, profesor que estudia el gasto en salud en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, explicó que las personas sin seguro médico suelen ser las más afectadas por las enormes variaciones de precios.

Un análisis más detallado de cualquier factura hospitalaria ayuda a entender por qué.

“Cada hospital es diferente”, dijo Anderson, “pero, en general, aproximadamente la mitad del cargo total corresponde al uso de las instalaciones”, un costo adicional que los hospitales aplican para cubrir sus gastos operativos.

Anderson explicó que los hospitales suelen subir sus precios mucho más que los centros médicos más pequeños.

Los investigadores especializados en facturación médica señalan que parte de la diferencia de precios entre hospitales y centros de cirugía ambulatoria refleja los mayores costos operativos que implica administrar un hospital.

Hagopian, el médico de Rangel, reconoció que los hospitales tienen gastos administrativos más elevados. “Pero eso no explica esos costos tan altos”, afirmó.

MaineHealth declinó hacer comentarios a 吃瓜不打烊 y remitió las preguntas sobre el costo del procedimiento hospitalario a Jeffrey Austin, presidente de la Asociación de Hospitales de Maine.

Austin explicó que, a diferencia de los centros quirúrgicos, los hospitales deben absorber los costos de servicios que generan pérdidas económicas, como la atención de salud mental y la atención a pacientes cubiertos por Medicaid. Agregó que los ingresos generados por los grandes hospitales de un sistema de salud ayudan a sostener otros centros, mejorando el acceso a la atención médica.

Los precios de los hospitales, que pueden variar considerablemente, también están determinados por las negociaciones con las aseguradoras y por la concentración del mercado. Para los pacientes sin seguro, esos precios de lista pueden convertirse en el punto de partida para negociar… o en el monto total que deberán pagar.

Anderson recordó que existen tarifas estandarizadas para Medicare y Medicaid, pero no para la mayoría de los servicios médicos del sector privado. “En el mercado privado, los proveedores pueden cobrar prácticamente lo que quieran”.

La resolución

Rangel tiene otra hija en Argentina, un hijo en Venezuela y otros familiares en España. Pero decidió dejar de buscar alrededor del mundo un mejor precio porque finalmente encontró lo que buscaba en Maryland.

En abril viajó al centro Affordable Hernia Surgery, en Rockville, donde, según dijo, “un sistema eficiente y muy bien coordinado” lo acompañó durante todo el proceso.

“Recibí una atención muy profesional y, al mismo tiempo, muy humana”, dijo Rangel. Tal como le había anticipado el cirujano, se recuperó por completo en dos semanas.

El centro quirúrgico le cobró una tarifa fija por la reparación de la hernia. Los gastos adicionales del viaje de dos días con su esposa correspondieron a boletos de avión, transporte, comidas y una noche de hotel.

En total, Rangel dijo que gastó aproximadamente 4.700 dólares.

Alan Kravitz, el cirujano que realizó la operación, considera que la diferencia de precios que enfrentan los pacientes sin seguro comparado con quienes sí tienen cobertura está muy lejos de ser justa.

“En el mundo depredador y estratégico de los precios de la atención médica en Estados Unidos, a los pacientes sin seguro normalmente se les cobra mucho más de lo que un proveedor aceptaría de Medicare o de un seguro comercial”, afirmó.

Kravitz mostró luego un presupuesto que otro paciente había recibido para una reparación de hernia inguinal en otro gran sistema hospitalario.

El estimado era de 37.000 dólares.

La lección

Sin seguro médico, muchos pacientes deben negociar por su cuenta.

“Con la ayuda de su médico de atención primaria, los pacientes pueden investigar los precios y comparar opciones para evitar caer en deudas médicas”, dijo Rangel.

Sin embargo, ese enfoque resulta mucho más viable cuando se trata de procedimientos programados para los que existen varias opciones quirúrgicas con resultados comparables.

Los pacientes que enfrentan una emergencia médica no tienen el tiempo para comparar precios antes de buscar atención, aunque muchos hospitales ofrecen descuentos por pago en efectivo o programas de asistencia financiera para quienes no tienen seguro.

Los expertos en facturación médica señalan que quienes sí tienen tiempo para comparar deben fijarse no solo en el costo. También recomiendan revisar la calidad de los hospitales y los centros quirúrgicos viendo sus calificaciones públicas y opiniones de otros pacientes. Las que pagar más no necesariamente significa recibir una mejor atención, aunque sí es importante elegir un proveedor con buena reputación.

Comparar precios de atención médica puede llevar tiempo. Pero para quienes necesitan una cirugía programada, ese esfuerzo puede valer la pena y, en algunos casos, representar un ahorro de miles de dólares.

“Para mí fue una experiencia de aprendizaje”, dijo Rangel, “y espero que también lo sea para otras personas”.

Bill of the Month es una investigación colaborativa de 吃瓜不打烊 y que analiza y explica las facturas médicas. Desde 2018, esta serie ha ayudado a muchos pacientes y lectores a reducir sus facturas médicas y ha sido citada en legislaturas estatales, en el Capitolio de Estados Unidos y en la Casa Blanca. 驴Tienes una factura médica confusa o desproporcionada que quieras compartir? 隆Cuéntanos tu historia!

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral 鈥攖ener que generar más papeleo y más pruebas鈥� sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis 鈥攓uien pidió ser identificado solo por su segundo nombre鈥� vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.

Ambos candidatos presentan el tema como una cuestión económica.

Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, sostiene que más pobres de la atención médica preventiva y obligarlos a recurrir a costosas .

Hilton, comentarista conservador respaldado por el presidente Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y ha retomado los argumentos de los republicanos a nivel nacional, quienes afirman que la expansión del programa en California dentro de Medicaid.

Con votantes de todo el país preocupados por la inflación y el aumento del costo de vida, algunos californianos parecen menos dispuestos a respaldar una cobertura médica integral para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer el estado podría tener profundas consecuencias para su sistema de salud y para una de las economías más grandes del mundo.

Durante la última década, los legisladores de California utilizaron recursos estatales para ampliar Medi-Cal y ofrecer cobertura médica integral a todos los residentes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.

Pero tanto la inscripción como los costos superaron ampliamente las proyecciones iniciales.

Según la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta actualmente alrededor de , más del doble de lo estimado originalmente.

El gobernador demócrata Gavin Newsom y la Legislatura estatal, que , aprobaron recientemente importantes recortes para este grupo de beneficiarios al concluir que California ya no puede sostener el aumento del gasto en salud, especialmente tras los importantes recortes federales incluidos en la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act.

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California estima que hasta 3.4 millones de afiliados a Medi-Cal y que el estado dejaría de recibir más de $30 mil millones anuales en fondos federales, lo que provocaría graves alteraciones en la red pública de atención médica.

El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a $217 mil millones y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.

Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar considerablemente el costo de sus primas de seguro médico este año tras el vencimiento de subsidios federales ampliados.

Cuando California enfrentó un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de los votantes probables expresó, por primera vez en casi una década, su oposición a proporcionar seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, del Public Policy Institute of California (PPIC).

“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica representa uno de los gastos más importantes”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos recursos limitados”.

Hilton, cuya campaña se centra en reducir el costo de vida y los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento, presentando la cobertura médica para inmigrantes sin documentos como una política que la capacidad del estado para atender a sus propios ciudadanos.

“Dejen de quitarles dinero a los contribuyentes californianos, que apenas pueden pagar su propia atención médica, para ofrecer atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.

Durante la campaña, utilizar los ahorros derivados de eliminar esa cobertura para del resto de los californianos, aunque no ha explicado cómo lo haría.

Hilton no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por 吃瓜不打烊.

“Su mensaje es muy simple: nosotros contra ellos”, afirmó Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de organizaciones defensoras de la cobertura médica para personas de bajos ingresos.

Esas organizaciones sostienen que brindar acceso a la atención médica fortalece la fuerza laboral y, por lo tanto, beneficia a toda la economía.

“La cuestión consiste en convencer al votante promedio de que, desde el punto de vista económico, es una mejor inversión”, señaló Salazar.

Hijo de inmigrantes, Becerra ha promovido durante décadas la . Como candidato a gobernador mantiene el mismo argumento.

No respondió a las solicitudes de entrevista de 吃瓜不打烊.

“Los inmigrantes, tengan o no documentos, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, sufren accidentes laborales o sus hijos se enferman”, durante un debate celebrado el mes pasado.

“Sería una insensatez decirle a una familia que no puede acudir al pediatra o al médico de atención primaria”.

Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, la decisión de Newsom y los líderes legislativos de de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.

“Dejemos de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande cuando hay bonanza económica y se contrae cuando disminuyen los ingresos”, escribió Becerra el mes pasado en del Orange County Register.

También buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos para financiar servicios básicos, incluyendo aumentos de impuestos a las corporaciones y a los residentes con mayores ingresos.

En 2023 vivían en California aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a de la fuerza laboral estatal, según el

Además, vive en una familia donde al menos uno de sus integrantes carece de estatus migratorio legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.

Economistas especializados en salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva reduce los costos públicos, a largo plazo, al mantener y disminuir la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado.

Según Baldassare, ese argumento resultaba mucho más convincente durante la pandemia de covid-19, cuando los inmigrantes eran considerados y el vínculo entre la salud individual y la salud pública era .

Sin embargo, los costos de Medi-Cal para cubrir a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes , según las estimaciones más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Dado que solo algunos inmigrantes con presencia legal califican para Medicaid federal, los 鈥攃omo California鈥� deben financiar completamente esos beneficios con recursos estatales.

Los expertos presupuestarios del estado que mantener la cobertura integral para inmigrantes sin obtener nuevas fuentes de ingresos podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de California a largo plazo.

Durante una audiencia legislativa el año pasado, el legislador estatal republicano Carl DeMaio cuestionó si los contribuyentes considerarían prioritaria esa expansión.

“Dudo que la atención médica para inmigrantes indocumentados, financiada con el fondo general, ocupe los primeros lugares de sus prioridades”, dijo.

Después de que la Legislatura aprobara los recortes al programa, el apoyo ciudadano a esa cobertura disminuyó aún más, señaló Baldassare.

Actualmente, Newsom y los legisladores .

David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, ha dedicado su carrera a estudiar la contribución económica de los latinos y los inmigrantes.

Según explicó, las personas sin estatus migratorio legal presentan y suelen trabajar en sectores que no ofrecen .

Como consecuencia, muchos dependen de Medi-Cal y el estado termina asumiendo esos costos en lugar de las empresas.

“California tiene el cuarto producto interno bruto (PIB) más grande del mundo, y eso es posible gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista.

“Sin la contribución económica de los latinos 鈥攎uchos de ellos sin estatus legal鈥� California descendería al octavo lugar, con una economía .”

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes esperan que, si llega a la gobernación, Becerra sea un aliado más firme en la defensa de la cobertura médica.

Es considerado el favorito en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por casi dos a uno.

“Él luchará, responderá y hará todo lo que esté a su alcance”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y una de las principales impulsoras de la expansión de la atención médica para inmigrantes.

“Eso es lo máximo que podemos esperar.”

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Había sido atacado en un tiroteo desde un vehículo en Jacksonville, Florida, y hospitalizado condos heridas de bala. Contó que, durante la semana que pasó internado, un asistente médico cambió el rumbo de su vida al visitarlo cada día y advertirle que los hombres negros con heridas de bala a menudo terminan paralizados, o algo peor.

“Yo andaba en la calle, en malos pasos”, dijo Pinckney. “Me hizo prometerle que nunca volvería a entrar a su sala de emergencias de esa manera. Esa fue la última conversación que tuvimos, justo antes de que me dieran el alta”.

Desde entonces, su meta ha sido convertirse en asistente médico. Pinckney, quien pasó la mayor parte de su carrera trabajando para el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York y como proveedor de salud del Ejército de Reserva, recientemente dio un paso importante hacia ese objetivo. En mayo, se graduó con honores de Lehman College con una licenciatura en ciencias.

Después de mudarse de Nueva York al condado de Prince George, en Maryland, planeaba postularse este año a programas de asistente médico. Pero ahora teme que su sueño se vea frustrado por las nuevas reglas para préstamos estudiantiles.

A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal . Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La administración Trump afirma que los límites buscan reducir el costo de la educación superior y la deuda estudiantil.

Pero los críticos coinciden ampliamente en que los nuevos topes son demasiado bajos, especialmente para los estudiantes que solo podrán pedir hasta $20.500 al año en préstamos federales debido a la controversial definición de “título profesional” incluida en la ley.

El 24 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Educación para que no aplicara esa definición. Aun así, para muchos estudiantes, los nuevos límites no cubrirán el costo combinado de matrícula, vivienda y gastos básicos.

Esto podría dejar a cientos de miles de estudiantes que piden préstamos para estudios de posgrado cada año a merced de prestamistas privados, con tasas de interés más altas y menos opciones de pago.

Algunos expertos y estudiantes también temen que los límites afecten los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral de salud, al desalentar a personas de minorías raciales y de hogares de bajos ingresos a postularse a programas de posgrado.

Una caída en el número de nuevos estudiantes podría agravar la escasez ya existente de profesionales en zonas rurales y en atención primaria, advierten.

Muchos políticos y expertos en préstamos reconocen que el costo de la educación superior debe abordarse. Pero los nuevos límites federales “simplemente no van a lograr ese objetivo”, dijo Todd Pickard, presidente de la American Academy of Physician Associates, una de varias organizaciones que demandaron al Departamento de Educación por estas reglas.

“Sería como si tuvieras un padrastro en un dedo y yo te cortara todo el brazo en lugar de atenderte el padrastro”, dijo Pickard. “El tratamiento no corresponde al problema”.

Entre la espada y la pared

Los estudiantes que cursen lo que la ley describe como “títulos profesionales” 鈥攊ncluidos futuros médicos, dentistas, farmacéuticos y quiroprácticos鈥� podrán pedir prestado hasta $200.000 en total, y no más de $50.000 al año.

Mientras tanto, el costo medio de asistir a una escuela pública de medicina es de casi $300.000 durante cuatro años, y el costo medio de una escuela privada de medicina supera los $400.000, según la Association of American Medical Colleges.

Los límites fueron fijados aún más bajos para quienes cursan otros títulos de “posgrado”, con un tope de $100.000 en préstamos federales durante todo el programa. El límite anual para esta categoría es de apenas $20.500.

Originalmente, los estudiantes de fisioterapia, asistente médico y enfermería estaban incluidos en este grupo. Pero, según nuevas pautas emitidas el lunes por el Departamento de Educación, algunos de estos estudiantes podrán, al menos temporalmente, acceder al límite más alto, .

El Departamento de Educación, que ha sido demandado por grupos profesionales de médicos y por unas dos decenas de estados debido a las nuevas reglas, no respondió a preguntas para este artículo.

Tal como fue redactada la ley, un estudiante para asistente médico que terminara su programa en el promedio habitual de dos a tres años no habría podido pedir prestados los $100.000 completos. Mientras tanto, los asistentes médicos suelen comenzar sus carreras con una deuda promedio de $112.000, lo que significa que algunos podrían verse obligados a financiar su educación con préstamos privados de intereses más altos.

“Siento que estoy entre la espada y la pared”, dijo Olivia Trull, de 24 años, quien tiene previsto iniciar este verano el programa de asistente médico en Northwest University, en Kirkland, Washington. El programa de 28 meses cuesta $137.000, con unos $62.000 en matrícula y cuotas estimados para el primer año, dijo. Eso no incluye gastos de vida.

Antes de la orden judicial, Trull dijo que calificaba para el máximo anual de $20.500 en préstamos federales durante su primer año de posgrado. El resto tendría que financiarlo con un prestamista privado.

Calculaba que necesitaría hasta $100.000 en préstamos privados para financiar su posgrado y que, al terminar, enfrentaría pagos mensuales de más de $3.000.

“Tengo que sentarme y tener una conversación conmigo misma”, dijo Trull, para pensar “si quiero estar ahogada en deudas durante los próximos 10 años de mi vida”. Un banco privado le ofreció un préstamo con una tasa de interés de casi 14%, contó.

Pinckney, quien dijo haber terminado su licenciatura con alrededor de $10.000 en deuda federal estudiantil, señaló que algunos amigos que ya solicitaron préstamos privados recibieron cotizaciones con tasas de hasta 13%.

En comparación, las tasas de los préstamos federales para estudiantes de posgrado, que se fijan cada año, actualmente rondan entre 8% y 9%. Los préstamos federales también suelen ofrecer opciones de pago más flexibles que los privados.

En mayo, 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda federal contra el Departamento de Educación por las nuevas reglas. La demanda describió la definición de “título profesional” de la ley como “arbitraria y caprichosa”.

En otra demanda federal presentada en junio, la American Academy of Physician Associates y la PA Education Association alegaron que las nuevas reglas niegan a los estudiantes los montos necesarios para asistir a programas de asistente médico. Argumentan que los estudiantes de estos programas deberían poder acceder a los límites más altos disponibles para estudiantes de medicina y otros programas profesionales.

Aunque “physician assistant” y “physician associate” suelen referirse al mismo rol, la entidad adoptó el título “physician associate” en 2021 por considerar que “assistant” no refleja el papel importante de estos profesionales en la atención médica de alta calidad.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el costo de los estudios de posgrado es demasiado alto en general. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes en mayo que “nuestro objetivo general es reducir el costo de la universidad y de la educación”.

De hecho, algunos expertos reconocen que los nuevos límites podrían ayudar a reducir costos. El programa federal Grad PLUS, creado por el Congreso hace 20 años, no establecía un límite sobre cuánto podían pedir prestado los estudiantes de posgrado en préstamos federales. Ese programa fue eliminado por la One Big Beautiful Bill Act.

“Hay evidencia considerable de que las personas pidieron prestado más de lo que realmente necesitaban para estudiar”, dijo Sandy Baum, economista de educación superior e investigadora senior del Urban Institute.

Algunos programas de posgrado ya han reducido sus precios de matrícula, dijo Baum. En mayo, por ejemplo, la Universidad de California-Irvine anunció que reduciría el costo de sus programas de MBA en decenas de miles de dólares para quedar por debajo de los nuevos umbrales federales de préstamo.

Aun así, Baum no espera que muchas otras universidades hagan lo mismo.

“No creo que vayamos a ver una caída dramática en los precios”, dijo. “Creo que algunos programas podrían cerrar porque no podrán manejarlo”.

“He llorado”

Los nuevos límites de préstamos también afectarán de manera desproporcionada a los estudiantes de raza negra, dijo Baum, porque históricamente han pedido más préstamos que los estudiantes blancos no hispanos e hispanos (que pueden ser de cualquier raza).

Para algunos estudiantes que ya pidieron préstamos para financiar sus licenciaturas, los nuevos límites serán especialmente duros. Bajo las nuevas reglas, estarán sujetos a un límite de por vida de $257,000 en préstamos federales estudiantiles.

“Habrá estudiantes que no podrán inscribirse”, dijo Baum.

Andrei Robu, de 26 años, estudiante de medicina en la Medical University of South Carolina, dirige el Grupo de Interés en Educación Financiera del campus de Charleston. Dijo que muchos de sus compañeros temen que los límites de préstamos reduzcan la diversidad del estudiantado.

También le preocupa que, como la demanda para ingresar a la escuela de medicina ya es muy alta, las instituciones puedan priorizar a estudiantes de familias con más recursos y “aun así llenar sus clases”.

“Eso no es lo que queremos en nuestra fuerza laboral médica”, dijo Robu, quien no está sujeto a las nuevas reglas por ser estudiante actual. “Queremos representar a la población del país en general”.

Jasmine Vásquez, de 26 años, fue aceptada en el programa de asistente médico de South College, en Atlanta, pero decidió aplazar su inscripción hasta 2027, en parte para ver si cambian sus opciones de financiamiento. Le preocupa asumir demasiada deuda con un banco privado.

“He llorado varias veces”, dijo Vásquez, quien espera dar a luz en septiembre. “No es algo que esté bajo mi control”.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute for Student Loan Advisors, prevé que las nuevas reglas llevarán a algunos graduados a la bancarrota cuando no puedan pagar préstamos privados.

Sin embargo, espera que primero caiga la matrícula y que algunos programas de posgrado cierren porque no podrán reclutar suficientes estudiantes. También anticipa que bajarán las tasas de finalización, ya que algunos estudiantes alcanzarán los límites federales de préstamo a mitad de sus programas.

Más allá de eso, predice que los graduados en áreas de salud buscarán empleos en especialidades mejor pagadas, lo que agravará la escasez en comunidades rurales y desatendidas.

“Van a ir donde puedan ganar más dinero”, dijo Mayotte.

Pinckney dijo que “no está realmente seguro” de lo que le depara el futuro. Pagó la mayor parte de su educación universitaria trabajando mientras estudiaba, pero eso normalmente no es posible para estudiantes de tiempo completo en programas de asistente médico.

Ha considerado postularse a un programa de posgrado en ciencias biomédicas, que calcula costaría unos $30.000, una cantidad “mucho más manejable”, dijo. Eso podría permitirle trabajar en un laboratorio o en la industria farmacéutica. Seguiría estando vinculado a la medicina, agregó, pero no le permitiría cumplir su meta de trabajar directamente con pacientes.

“Quizá esto se resuelva”, dijo sobre los nuevos límites federales de préstamos. Mientras tanto, mantiene la esperanza.

“Si puedo influir en la vida de una sola persona, esa sería mi forma de devolver lo que él hizo por mí”, dijo, refiriéndose al asistente médico que lo inspiró en 1999. “Es muy difícil apartarse de ese sueño”.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait 鈥� 鈥� has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum 鈥� they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention 鈥� they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, 鈥� the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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