En marzo, Ladonna Johnson estaba meciendo a A’mahri para que se durmiera cuando recibió un disparo en la cabeza con un arma que la mujer tenía para protegerse.

A’mahri adoraba salir al aire libre y pasear con su carrito. Su madre describió al pequeño como “dulce” y “cariñoso”. Cuando estaba cerca, dijo, “simplemente se sentía amor”.

El niño tenía una relación cercana con Steven Dodson Jr., el novio de su madre, quien había tomado el arma durante una discusión. En junio, Dodson, de 21 años, de asesinato y abuso infantil agravado y fue condenado a cadena perpetua.

A’mahri murió en uno de los lugares más violentos de Florida para los niños: Jacksonville. Esta ciudad tiene tres códigos postales que se encuentran entre los 10 peores del estado en cuanto a lesiones por armas de fuego en menores.

Cada año, cientos de niños son hospitalizados en Florida por heridas de bala y, en una proporción abrumadora, provienen de un número muy reducido de códigos postales, según halló un análisis exclusivo de datos hospitalarios realizado por ³Ô¹Ï²»´òìÈ y The Trace.

Los datos de facturación obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration muestran que, entre 2018 y 2024, más de 4.000 menores de 17 años o menos fueron hospitalizados por lesiones causadas por armas de fuego: alrededor de 1.5 por día.

Las redacciones recopilaron datos que los hospitales del estado utilizan para cobrar a las compañías de seguros o al gobierno. La información no identifica a los pacientes, pero incluye detalles sobre dónde vivían, además de su edad, raza y otros datos demográficos.

El número de niños asesinados en Jacksonville ha crecido tanto que , Families of Slain Children, construyó un monumento llamado “Wall of Compassion” —Muro de la Compasión— que contiene los nombres de cientos de personas muertas por disparos en la ciudad. Los organizadores instalaron un segundo muro cercano que ya se está llenando de nombres.

Las cifras reflejan cómo la larga historia de discriminación racial de Florida y sus leyes permisivas sobre armas de fuego perjudican la salud pública, según investigadores, funcionarios, activistas comunitarios y padres que han perdido a sus hijos.

En Jacksonville, los niños recibieron disparos con mayor frecuencia en vecindarios racialmente segregados, un legado de la discriminación promovida por el estado a principios del siglo XX en la vivienda, la banca y la inversión.

En la actualidad, estas zonas sufren la contaminación de antiguos incineradores de basura administrados por la ciudad, terrenos llenos de desperdicios, viviendas deterioradas, pobreza y otros problemas que los líderes locales llevan más de 50 años prometiendo solucionar.

Casi todos los códigos postales de Florida con las tasas más altas de lesiones por armas de fuego entre niños tienen grandes poblaciones afroamericanas o latinas.

Quizás en ningún otro lugar sea tan evidente el impacto de la violencia armada como en UF Health Jacksonville, un hospital de la red de seguridad y el único centro de trauma de nivel I del noreste de Florida.

Como jefe de cirugía de cuidados agudos, ve de primera mano el daño causado por las armas.

“Lo ves día tras día”, dijo Madbak. “Trabajo esta noche y sospecho que veré a un par de víctimas”.

, pediatra de UF Health y ex director de salud del condado de Duval, que incluye Jacksonville, dijo que los líderes estatales y locales no han abordado lo que denominó las “causas fundamentales” de las lesiones y muertes prevenibles por armas de fuego, como la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono.

“La conclusión es que a nadie le importan una m… estos jóvenes”, dijo Goldhagen.

Las víctimas de la violencia armada y sus familias enfrentan de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, los gobiernos locales han ubicado plantas industriales, y autopistas en vecindarios negros, aun cuando las con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, partos prematuros y violencia armada.

Sin embargo, el Departamento de Salud de Florida no considera a la violencia armada una amenaza para la salud pública, dijo Goldhagen, a pesar de que las armas de fuego son la de niños y adolescentes en el país.

El (State Health Improvement Plan), un conjunto de objetivos desarrollado por el departamento de salud y un comité asesor, no menciona las armas de fuego, el daño que causan a los niños ni medidas para reducir las muertes y lesiones entre los jóvenes.

En cambio, sus objetivos incluyen prevenir o reducir las muertes súbitas e inesperadas de bebés y los ahogamientos de jóvenes, las visitas a las salas de emergencia por accidentes automovilísticos y las hospitalizaciones por lesiones cerebrales traumáticas.

Ninguna de las personas con autoridad para abordar esta crisis de salud pública aceptó hablar con ³Ô¹Ï²»´òìÈ sobre la violencia armada y su impacto en los niños de Jacksonville: ni el Departamento de Salud de Florida, ni el gobernador Ron DeSantis, ni la alcaldesa Donna Deegan, ni 18 de los 19 miembros del Concejo Municipal de Jacksonville.

Solo respondió el concejal Jimmy Peluso. Dijo que durante mucho tiempo la ciudad ha ignorado las necesidades de los vecindarios con altas tasas de lesiones por armas de fuego entre niños.

“Muchos de estos vecindarios simplemente sienten que la riqueza los abandonó”, dijo, “y la ciudad no llegó para hacer todo el trabajo que necesitaban”.

DeSantis, republicano, ha pedido públicamente pocas restricciones sobre la manera en que las personas compran o portan armas. que permite a los residentes de Florida portar armas ocultas sin permiso.

Cuando el entonces cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró en 2024 que la violencia con armas de fuego era una crisis de salud pública, DeSantis calificó la advertencia como un .

DeSantis dijo que Florida no seguiría las recomendaciones, que incluían políticas como verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y requisitos para su almacenamiento seguro.

Molly Best, vocera de DeSantis, rechazó una solicitud de entrevista y no respondió preguntas sobre las políticas del gobernador sobre las armas.

“No existe una agenda para poner fin a la violencia armada en el estado de Florida”, dijo Jean Francis, ex enfermera pediátrica que dirige el capítulo de Jacksonville de Moms Demand Action, parte de una organización sin fines de lucro que promueve leyes más estrictas sobre armas de fuego.

Investigaciones han vinculado el aumento de las muertes de menores por armas de fuego entre 2011 y 2023 con las políticas estatales sobre armas.

Los estados con políticas permisivas, como las leyes de “stand your ground” —que permiten usar fuerza letal en determinadas circunstancias— y las que permiten portar armas abiertamente, registraron tasas más altas de muertes de niños por armas de fuego que los estados con regulaciones más estrictas, como restricciones sobre las armas y la edad, según un estudio publicado en .

El estudio ubicó a Florida entre un grupo de 30 estados con las políticas sobre armas más permisivas. Cuatro estados con leyes estrictas similares —California, Maryland, Nueva York y Rhode Island— registraron una disminución de las muertes de menores por armas de fuego durante el mismo período.

La impide que las ciudades y los condados adopten medidas de seguridad sobre armas más estrictas.

Las muestran que los niños que viven en vecindarios desfavorecidos tienen hasta 20 veces más probabilidades de sufrir heridas por armas de fuego que sus pares en las zonas con mayores ventajas socioeconómicas.

“Es desalentador”, dijo Madbak. UF Health Jacksonville atendió en 2024 a 255 pacientes con heridas de bala, incluidos 32 de 17 años o menos, dijo.

En 2025, el hospital atendió a 269 pacientes por lesiones causadas por armas de fuego, incluidos 22 menores de 18 años, según Dan Leveton, vocero del hospital. Hasta el 19 de agosto de este año, el hospital había atendido a 137 pacientes por heridas de bala, incluidos 18 de 17 años o menos.

Prevenir la violencia armada “no debería ser un tema político, aunque lo es”, dijo Madbak, y agregó que hay mucho margen para una defensa más efectiva de las medidas de prevención de la violencia.

“Es realmente un problema estadounidense”, dijo Madbak, “y nuestro estado se ha visto tremendamente afectado por este tipo de violencia”.

El dolor de madres, abuelas y tías

En Orlando, un código postal —32805— tuvo la tasa más alta del estado de menores de 18 años hospitalizados por heridas de bala entre 2018 y 2024: un total de 25 menores, o 125,8 por cada 100.000 habitantes.

El día de Año Nuevo de 2018, Bryce Williams, de 17 años, en un parque de Casselberry, un suburbio de Orlando. Fue encontrado muerto después de que su Kia azul se estrellara contra una casa cerca del parque.

La muerte de Williams devastó a su familia, contó su abuela, Kim Crow, a WFTV en Orlando.

“Primero, no puedes creer que alguien te haya sido arrebatado de una manera tan violenta”, dijo Crow. “Es desgarrador”.

En abril, Daesean Moctezuma Orland, de 18 años, mientras asistía a una fiesta en una casa en las afueras de Orlando. Otras dos personas heridas en el tiroteo fueron trasladadas al hospital. La policía arrestó a un adolescente de 16 años aproximadamente un mes después y lo acusó de la muerte de Moctezuma Orland.

Su abuela, Lizzy Moctezuma, dijo a WFTV que un amigo de su nieto la llamó a ella y a su hija, Noemi Moctezuma, para decirles que le habían disparado. Las mujeres recorrieron cuatro hospitales, incluido uno en Tampa, buscándolo.

“Mi vida cotidiana quedó destrozada”, dijo Lizzy Moctezuma. “Es difícil trabajar. Te sientas y ves las noticias. Y piensas: Dios mío, ahí hay otro niño que muere por la violencia con armas”.

“Es un agujero en el pecho, un agujero en la mente”, dijo Noemi Moctezuma. “Es como el vacío más grande que puedas imaginar, un vacío que ni siquiera los momentos más felices pueden llenar”.

Jacksonville, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, es particularmente peligrosa para los niños que viven en las zonas al norte y al oeste del centro.

Entre las víctimas se encuentran asesinado a tiros mientras jugaba frente a una casa; que recibió un disparo mortal cuando regresaba de una prueba de fútbol americano; y que murió por una bala perdida mientras estaba sentada en un auto estacionado.

Defensores de las víctimas dijeron que la violencia armada ha destruido cualquier sensación de normalidad para familias y vecindarios enteros. Las madres en duelo temen los fuegos artificiales y otros ruidos fuertes que se parecen a disparos. Dijeron que mientras lidian con sus propias emociones, a veces tienen dificultades para ayudar a sus otros hijos a afrontar la pérdida.

“Cuando escuchas sus historias, piensas: ‘Esto es lo peor que he oído en mi vida’”, dijo Francis, “hasta que escuchas la siguiente”.

Horas después de graduarse de Raines High School en Jacksonville en mayo de 2022, , de 18 años, fue asesinado a tiros cuando llegaba a la celebración de un amigo. Fields estaba entrando a la fiesta cuando se acercó un auto y alguien abrió fuego, contó su madre, Yvonne Fields, a Action News Jax.

Fields, defensa de línea del equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, había recibido una beca completa para jugar en Keiser University, en West Palm Beach. Sus padres estaban organizando una fiesta para el día siguiente para celebrar su graduación.

“Todo el mundo lo quería”, dijo Yvonne Fields sobre su hijo menor, a quien describió como “el alma de la fiesta”.

“A Rashaud le encantaba bailar. Contaba chistes. Era divertido”, dijo Fields.

En ese momento, Rashaud Fields era al menos la novena víctima de homicidio de entre 17 y 19 años en la ciudad ese año, según el periódico local . Yvonne Fields dijo que ha mantenido la habitación de su hijo exactamente como él la dejó el día de su muerte. Todos los días huele una de sus camisetas.

“Sé que no va a volver”, dijo, “pero puedo sentir su espíritu”.

Dos días después de celebrar su cumpleaños número 18, Maurice Hobbs murió baleado en enero de 2017 mientras esperaba que su madre fuera a recogerlo.

“Yo estaba a menos de una cuadra”, dijo Latasha Hobbs a Action News Jax.

Cantante, rapero y poeta, Maurice Hobbs quería dedicarse a la música y lanzar una línea de ropa. Soñaba con ganar suficiente dinero para regalar una casa a cada integrante de su familia, para que todos pudieran vivir en la misma calle.

Su madre recordó que celebraron su cumpleaños con pastel y bailando en la cocina, y también recordó su reacción al cumplir 18 años.

“Me dijo: ‘Dios mío, mamá, llegué a los 18’”, contó Latasha Hobbs. “Así que es difícil aceptar que mi bebé no llegó a los 19. No es justo. Mi bebé merece estar aquí”.

Pamela Howard lleva casi dos décadas luchando con el dolor por el asesinato de su hijo Derrell Baker, a los 17 años.

Howard, madre de cinco hijos, describió a su hijo como un joven enérgico y un pilar para sus hermanos menores. Baker se destacaba en el fútbol americano, dijo, y estaba encaminado a graduarse de la secundaria a pesar de tener un trastorno grave por déficit de atención e hiperactividad.

Alguien le disparó a Baker en septiembre de 2008 mientras caminaba hacia la escuela. Una persona que pasaba por el lugar lo encontró al costado de la carretera.

Howard pensaba que Baker estaba en la escuela y luego en la práctica de fútbol americano. La familia se enteró de que algo podía haber sucedido solo cuando uno de sus hermanos escuchó que le habían disparado.

Howard llamó a hospitales de la zona buscando a su hijo. Cuando finalmente lo encontró en UF Health Jacksonville, ya era demasiado tarde: había muerto horas antes.

“No recuerdo nada después de que me dijeron” que había muerto, dijo Howard. “Mis amigos dicen que solo me escucharon gritar”.

Para Fields, Hobbs y Howard, la muerte repentina e inesperada de sus hijos dejó una herida profunda. La falta de respuestas es dolorosa. La policía no ha realizado arrestos en ninguno de los casos.

“Cuando tenga justicia”, dijo Yvonne Fields, “quizás pueda encontrar un poco de paz”.

Principal causa de muerte

, jefe de cirugía pediátrica y trauma del Children’s Hospital de Philadelphia, dijo que debe existir voluntad en las capitales estatales para regular las armas de fuego y proteger a los niños de esta violencia.

Nance fue coautor de una publicada en JAMA Pediatrics que encontró que el número de estados en los que las armas de fuego eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes aumentó de cero entre 2004 y 2008 a 24 entre 2019 y 2023.

Las muertes de niños en accidentes de auto, que alguna vez fueron la principal causa de muerte en ese grupo, han disminuido principalmente gracias a medidas de seguridad adoptadas por gobiernos y fabricantes de automóviles, dijo, desde normas sobre cinturones de seguridad y límites de velocidad hasta bolsas de aire y frenos antibloqueo.

“Ese progreso ha sido bastante generalizado en todo Estados Unidos”, dijo, “pero con las armas de fuego la situación varía enormemente de un lugar a otro”.

Las armas no están sujetas a estándares federales de seguridad, señaló Nance. No están reguladas por la Consumer Product Safety Commission, la agencia federal encargada de proteger al público de productos peligrosos, y no pueden retirarse del mercado como sucede con juguetes o automóviles inseguros.

“Realmente no hemos hecho casi nada para cambiar la trayectoria de las lesiones por armas de fuego entre los niños”, dijo Nance.

Goldhagen, el pediatra de UF Health, dijo que los líderes de Jacksonville intentaron abordar la violencia armada mediante Jacksonville Journey, una iniciativa lanzada en 2008 —cuando el condado de Duval tenía la tasa de homicidios más alta de Florida— durante la administración del ex alcalde John Peyton.

El programa, dirigido a niños en riesgo de violencia, ofrecía mentores, campamentos de verano, capacitación laboral y estrategias no policiales, como proyectos para mejorar los vecindarios y programas en centros comunitarios. Journey también colaboraba con la Oficina del Sheriff de Jacksonville en intervenciones dirigidas a pandillas y enfocadas en los jóvenes.

Las autoridades atribuyeron a la iniciativa una reducción de casi el 40% de los homicidios en el condado de Duval durante sus primeros cuatro años.

Después de que Peyton dejara el cargo en 2011, el presupuesto del programa, de aproximadamente $15 millones, se redujo a $8.6 millones en 2012 y a unos $2.3 millones en 2014. Reducido, el programa terminó combinándose con otra iniciativa infantil para formar , que utiliza fondos municipales, estatales y federales para financiar servicios para jóvenes y programas de intervención.

Duval es el único condado grande de Florida que no cuenta con un impuesto destinado específicamente a financiar servicios para niños, incluidos programas para reducir la delincuencia juvenil.

Los líderes de la ciudad creen que “la seguridad pública se trata de bomberos y policía, pero no de servicios sociales”, dijo Vicki Waytowich, directora ejecutiva de , una organización sin fines de lucro financiada mediante subvenciones y contratos que ofrece servicios de salud y justicia juvenil a niños y familias de Jacksonville.

“No existe absolutamente ninguna voluntad política de hacer algo que se parezca remotamente a un impuesto para financiar servicios infantiles”, dijo.

En 2024, el financiamiento de Cure Violence, un programa de prevención de la violencia armada que intentaba resolver conflictos entre jóvenes antes de que terminaran en tiroteos. Un informe de la Oficina del Inspector General de la ciudad señaló que el programa y de prácticas financieras adecuadas.

“Tenemos un sistema de salud pública que no aborda esto como un problema de salud pública o de salud de la población”, dijo Goldhagen.

Waytowich dijo que el crimen es un síntoma de problemas mucho más profundos en el norte de Jacksonville, desde el deterioro de los vecindarios hasta el trauma generacional y la falta de oportunidades laborales.

“Realmente no tenemos los fondos para abordar las causas fundamentales”, dijo. “Lo que estamos haciendo es poner una curita sobre los problemas”.

A diferencia de Mandarin, un vecindario predominantemente blanco del sur de Jacksonville con fácil acceso a unos siete supermercados, los niños del norte de la ciudad tienen una alimentación deficiente, agregó Waytowich, y muchos caminan más de una milla para llegar a la escuela.

“Podemos ver que los niños no tienen esperanza”, dijo Waytowich. “Cuando los jóvenes creen que van a morir a los 21 años, ¿de qué sirven los talleres para establecer metas y preparar un currículum?”

En 2025, la alcaldesa de Jacksonville, Deegan, lanzó un programa para abordar la violencia armada llamado .

Pero, al igual que su predecesor, Journey Forward no cuenta con una fuente de financiamiento permanente y específica.

Un recuerdo difícil

Ladonna Johnson contó que, el 22 de marzo, terminó su relación con Dodson porque vio que él estaba compartiendo en su teléfono celular información sobre su ubicación con otras mujeres.

Johnson dijo que entró en una habitación donde A’mahri y su hermana estaban viendo televisión y sentó a su hijo en su regazo. Dijo que Dodson la siguió, entró en un clóset y sacó el arma.

“No dejaba de preguntarme: ‘¿Qué vamos a hacer?’”, dijo Johnson.

Momentos después, Johnson escuchó un fuerte estruendo. Su hija comenzó a llorar.

Ambas necesitarán terapia, dijo. Johnson está decidida a preservar la memoria de A’mahri: “Quiero que la gente sepa lo adorable y dulce que era mi hijo”.

Aun así, dijo: “Siento que nunca voy a estar bien”.

Metodología

Para determinar que más de 4.000 menores de 18 años habían recibido atención en hospitales de Florida por heridas de bala entre 2018 y 2024, The Trace y ³Ô¹Ï²»´òìÈ analizaron dos conjuntos de datos obtenidos de la Florida Agency for Health Care Administration mediante una solicitud de información:

• En el archivo de los departamentos de emergencia, que contenía registros de 67.565.314 visitas a salas de emergencia que no resultaron en una hospitalización, identificamos 37.415 casos de heridas de bala utilizando la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
• En el archivo de pacientes hospitalizados, que contenía registros de 21.857.664 visitas hospitalarias en las que los pacientes fueron internados, identificamos 28.149 casos de heridas de bala utilizando la definición de los CDC.

Definimos como niños a las personas de 17 años o menos y filtramos la columna correspondiente a la edad de los pacientes. Así determinamos que 2.340 menores habían recibido atención en salas de emergencia y 1.684 habían sido hospitalizados por heridas de bala. Para evitar contar dos veces a una misma persona, excluimos del archivo de emergencias a los pacientes cuyos registros indicaban que habían sido trasladados a otro centro para su hospitalización.

Los desgloses demográficos se elaboraron utilizando las columnas de raza y origen étnico de los conjuntos de datos.

Para examinar la distribución geográfica del impacto de la violencia armada, agrupamos a los menores con heridas de bala según el código postal proporcionado.

Es importante señalar que este código postal corresponde al lugar de residencia del menor, no al lugar donde ocurrió el tiroteo. Un pequeño número de niños tenía códigos postales de otros estados o códigos utilizados para indicar que no tenían vivienda o provenían de otro país. Estos menores están incluidos en los totales estatales de niños atendidos en hospitales de Florida, pero no en los resultados por código postal.

Estos datos no incluyen a los niños que recibieron disparos pero murieron en el lugar de los hechos o antes de llegar al hospital, ni a aquellos que nunca recibieron atención médica.

³Ô¹Ï²»´òìÈ data editor Holly K. Hacker contribuyó con esta investigación.

Este artículo fue producido por ³Ô¹Ï²»´òìÈ, The Trace, Action News Jax en Jacksonville y WFTV en Orlando.

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Milagrosamente, según los registros médicos del hospital, ninguna de las balas le dañó los órganos internos.

Pero Bates aseguró que, después de la cirugía, no podía levantarse de la cama ni caminar hasta el baño sin ayuda. Se quejaba de un intenso dolor que se irradiaba por la pierna izquierda, de debilidad en la rodilla y, por debajo de ella, de una sensación de entumecimiento, según los registros del hospital.

Bates, que trabajaba como repartidora de Uber Eats, tampoco tenía la fuerza suficiente como para conducir un automóvil.

Aun así, dijo, el hospital le informó que era momento de darle el alta.

“No me hicieron más radiografías, tomografías ni resonancias para averiguar por qué tenía la rodilla adormecida”, recordó. “Simplemente me dijeron: ‘Ya se te va a quitar’”.

Los médicos dijeron que su estado clínico era estable, contó Bates, y como no tenía seguro médico, no pudieron derivarla a un hospital de rehabilitación ni a un centro de cuidados especializados, donde este tipo de atención puede costar miles de dólares al día.

“Prácticamente me dijeron: ‘Necesitamos esa cama para alguien que tenga seguro médico’”, recordó. “Claro, no te lo dicen así de frente, pero es lo que te están dando a entender.”

En Estados Unidos, al menos una persona , llega a una sala de emergencias con una herida causada por un arma de fuego. Decenas de miles mueren cada año. Muchas más, como Bates, enfrentan recuperaciones prolongadas, enormes deudas médicas y secuelas físicas y emocionales a largo plazo.

Hasta ahora, la forma en que el seguro médico influye en la atención de las víctimas de heridas de bala había permanecido en gran medida oculta.

Un análisis realizado por The Trace y ³Ô¹Ï²»´òìÈ, basado en datos que los hospitales de Florida recopilan para cobrar a las aseguradoras y que presentan al estado, finalmente arroja luz sobre este tema.

La evaluación demostró que cuando los pacientes sin cobertura médica llegan a hospitales de Florida con heridas de bala, permanecen internados significativamente menos tiempo que los que tienen seguro. En algunos casos, su estadía es cerca de la mitad de la de los pacientes asegurados.

Entre los pacientes con lesiones más graves, los que no tenían seguro permanecieron hospitalizados, en promedio, tres días menos que quienes contaban con cobertura.

Los datos sobre las hospitalizaciones por violencia con armas de fuego en el estado se obtuvieron, exclusivamente para esta investigación, gracias a la ley de acceso a la información pública de Florida.

Los periodistas dedicaron más de un año a analizar registros que no permitían identificar individualmente a los pacientes. La base de datos incluía información sobre si los pacientes tenían o no seguro médico, en qué parte del cuerpo habían recibido el disparo, su origen étnico y otros datos demográficos. Los reporteros también revisaron estudios académicos y documentos gubernamentales, y entrevistaron a expertos en políticas de salud, médicos, activistas y sobrevivientes de violencia armada o sus familiares.

Los resultados ofrecen una visión sin precedentes de lo que ocurre con las personas heridas de bala con y sin seguro médico que son internadas para recibir tratamiento.

Lo que muestran los datos

El análisis de registros hospitalarios de Florida entre 2018 y 2024, obtenidos de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida, reveló que:

• Los pacientes sin seguro representan una cuarta parte de las más de 20.000 hospitalizaciones de personas heridas de bala identificadas. Son el grupo más numeroso tratado por lesiones causadas por armas de fuego.
• Las víctimas de disparos que no tenían cobertura permanecieron hospitalizadas un promedio de 6 días, un 26%, menos que los pacientes con seguro médico privado y menos de la mitad del tiempo promedio de los pacientes cubiertos por Medicaid, el programa público de salud para personas de bajos ingresos y personas con discapacidades.
• La brecha en la atención hospitalaria se mantuvo independientemente del tamaño del hospital, su ubicación o el tipo de propiedad, incluso en centros que reciben fondos públicos y tienen la obligación de atender a todos los pacientes sin que importe su capacidad de pago.
• Casi la mitad de los pacientes hospitalizados por heridas de armas de fuego eran de raza negra, un nivel de representación desproporcionadamente alto. Casi una cuarta parte de los pacientes no caucásicos no tenía seguro médico, en comparación con menos de una quinta parte de los pacientes blancos.

Estas desigualdades reflejan en el sistema de salud estadounidense contra pacientes de raza negra y latinos (que pueden ser de diferentes razas), grupos tanto en la violencia armada como en la .

Estados Unidos registra o que cualquier otra nación desarrollada, y ningún grupo se ve más afectado que los afroamericanos.

Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, las personas negras tienen de convertirse en víctimas de homicidios con armas de fuego que las personas blancas.

Quienes trabajan en programas de apoyo a pacientes dicen que el personal de los hospitales a veces percibe a las víctimas de heridas de bala como miembros de pandillas o personas problemáticas que, de alguna manera, tienen la culpa de haber recibido un disparo.

Un que los centros de rehabilitación rechazan con mayor frecuencia a víctimas de heridas por arma de fuego que a otros pacientes. Además, algunos expedientes médicos contenían descripciones racistas o insensibles sobre los pacientes y su comportamiento.

Las consecuencias pueden durar mucho tiempo: los pacientes que salen del hospital después de una lesión traumática enfrentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, como infecciones, hemorragias, lesiones nerviosas e incluso la muerte, especialmente si sus heridas —y sus problemas de salud mental— quedan sin tratamiento.

, profesor de la Universidad de Florida y vicepresidente de investigación del Departamento de Salud Comunitaria y Medicina Familiar, dijo que hay evidencia de que los incentivos económicos influyen en la atención que reciben los pacientes y en la forma en que los hospitales brindan esa atención.

“No importa cuántas veces se les recuerde a los equipos médicos que deben seguir protocolos de calidad”, dijo, “en última instancia hay una dimensión comercial en todo esto. Puede que los médicos y las enfermeras no piensen en ello. Pero hay alguien que seguramente lo tiene en cuenta”.

Un contexto político cambiante

Los datos de Florida se dan a conocer en un momento en el que el gobernador republicano Ron DeSantis y los legisladores estatales han presionado para que las armas de fuego sean más baratas y estén más fácilmente al alcance de todos, a pesar de que las muertes relacionadas con armas han en el estado entre 2014 y 2023.

Al mismo tiempo, la administración del presidente Donald Trump ha revertido varias iniciativas implementadas durante el gobierno de Joe Biden para reducir la violencia armada y ha impulsado políticas que .

La permite portar armas ocultas sin licencia estatal y limita la capacidad de ciudades y condados para aprobar regulaciones más estrictas sobre armas de fuego.

A principios de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó a que se eliminara el período obligatorio de tres días de espera para recibir un arma comprada legalmente, argumentando que la medida es inconstitucional. La solicitud forma parte de un acuerdo propuesto en una demanda presentada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

³Ô¹Ï²»´òìÈ y The Trace solicitaron entrevistas con administradores de nueve de los principales sistemas hospitalarios de Florida para preguntarles por qué existen estas diferencias. Ninguno aceptó hablar.

Sarah Cannon, directora de comunicaciones de Tallahassee Memorial HealthCare, tampoco accedió a una entrevista ni respondió a las afirmaciones de Bates sobre la atención que recibió.

“Las decisiones clínicas, incluidas las intervenciones médicas agudas, la preparación para el alta y las necesidades de atención posteriores, se basan en la condición del paciente y su respuesta al tratamiento”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cannon agregó que, después del alta, el hospital ofrece apoyo a los pacientes. Esto incluye la asistencia de trabajadores sociales que ayudan a coordinar la atención y el acceso a servicios como atención domiciliaria, rehabilitación y consultas de seguimiento.

Sin embargo, Bates ratificó que tuvo que organizar su propia atención médica después de salir del hospital.

Según dijo, nadie la llamó para programar una prueba de seguimiento destinada a evaluar la función muscular de su pierna. Sus registros médicos muestran que esa evaluación nunca se realizó.

“Si hubiera tenido seguro médico”, afirmó, “me habrían mantenido allí por lo menos una semana más para ayudarme a recuperar la capacidad de estar de pie y caminar”.

“Es un negocio”

El análisis de ³Ô¹Ï²»´òìÈ y The Trace encontró diferencias notables en la duración de las hospitalizaciones por heridas de bala en algunos de los sistemas hospitalarios más grandes de Florida.

En el Hospital Jackson Memorial de Miami, los pacientes sin seguro permanecieron hospitalizados un promedio de 6,6 días. Los pacientes con seguro privado permanecieron 10,7 días y los beneficiarios de Medicaid, 15,4 días.

En Tampa General Hospital, la estancia promedio fue de 4.9 días para los pacientes sin seguro, ocho días para quienes tenían seguro privado y 13.6 días para los cubiertos por Medicaid.

En UF Health Jacksonville, los pacientes sin seguro permanecieron hospitalizados un promedio de 7,2 días, frente a los 8,5 días para quienes tenían seguro privado y 13,8 días para los beneficiarios de Medicaid.

Cirujanos especializados en trauma e investigadores señalaron que los datos de Florida coinciden con trabajos realizados en otras partes del país sobre dónde ocurre la violencia armada y quiénes son las personas más afectadas.

Algunos expresaron preocupación porque estas diferencias podrían contribuir a perpetuar desigualdades históricas en el sistema de salud estadounidense relacionadas con los grupos étnicos y la clase social.

Los datos hospitalarios mostraron que las heridas de bala se concentran en un número reducido de códigos postales marcados por la pobreza, la falta de inversión pública, la segregación residencial histórica y otras consecuencias derivadas de la discriminación racial.

“¿Por qué los pacientes sin seguro reciben el alta antes?”, preguntó Arch Mainous, investigador de la Universidad de Florida. “¿Por qué están más sanos? Creo que tenemos suficientes datos para decir que probablemente no sea así”.

Una vez que abandonan el hospital, las personas con seguro privado o Medicaid tienen más del doble de probabilidades que los pacientes sin seguro de recibir atención de seguimiento por parte de otros proveedores, como centros de rehabilitación o servicios de atención médica en el hogar.

Una de las razones por las que esos pacientes permanecen más tiempo hospitalizados es que los administradores de casos coordinan sus traslados a otros centros, un proceso que suele requerir autorizaciones de las aseguradoras y puede tomar varios días.

“Hay que pasar por procesos de autorización y aprobación del seguro”, explicó , cirujano traumatólogo que anteriormente trabajó en Jackson Memorial y que actualmente ejerce en Oregon.

Rattan señaló que los pacientes con seguro privado suelen ser enviados a rehabilitación, a atención preventiva y a capacitación tanto para ellos como para sus cuidadores, lo que los “ayuda a adaptarse a una etapa completamente nueva de sus vidas”.

En el caso de quienes no tienen seguro médico, la situación suele ser muy diferente. “A veces tenemos las manos atadas”, afirmó.

“El hospital nos informa que el paciente ya está en condiciones médicas de recibir el alta y, entonces, terminamos dándole el alta para que se vayan a su auto o a la carpa donde viven. No parece correcto, pero probablemente eso explique parte de las diferencias en la duración de las hospitalizaciones”.

, traumatóloga cirujana en Jackson Memorial, contó que el personal del hospital se ocupa de garantizar que los pacientes sin cobertura que enfrentan recuperaciones prolongadas aprendan a cuidar sus heridas y cuenten con apoyo familiar.

Valenzuela enfatizó que el hospital, propiedad del condado, no deja a los pacientes abandonados a su suerte.

Como parte de un programa de intervención contra la violencia en Miami-Dade, ella visita distintos vecindarios y efectúa el seguimiento de pacientes después de que egresaron del hospital.

“Sabemos que la recuperación completa va mucho más allá del hospital e incluso de los mejores centros de rehabilitación”, explicó.

Factores como la vivienda, la seguridad y la capacidad para manejarse dentro del sistema de salud también influyen en la recuperación.

dirige ese programa comunitario, que conecta a víctimas de violencia armada con trabajadores sociales y una enfermera especializada en cuidados intensivos que realiza visitas domiciliarias.

Según Rawlins, muchos pacientes jóvenes afroamericanos, sin seguro médico, salen del hospital sin saber cómo programar una consulta de seguimiento o cómo manejar el impacto psicológico de haber sobrevivido a un tiroteo.

“Después de recibir un disparo y salir del hospital, todavía están en crisis”, dijo. “Su preocupación inmediata es: ¿cómo voy a pagar el alquiler?, ¿cómo voy a vivir?, ¿quién va a cuidar de mí?”.

Con frecuencia, añadió, los pacientes sin seguro reciben el alta antes de sentirse preparados. “Esa es la realidad”, afirmó. “Es un negocio. Es como un hotel. Llegó la hora de salida. Tienes que irte. Tenemos que hacer espacio para el siguiente cliente”.

¿Cuánto tiempo es suficiente?

Alea Bates recibió el alta con muletas y una sola receta médica: una provisión para siete días del analgésico Percocet.

Un familiar la llevó a casa.

Llevaba una férula en la pierna y vendajes en la espalda, el abdomen, la mano, el antebrazo y los pies.

Cuando intentó salir del automóvil, dijo, la rodilla le falló y cayó al suelo.

Sin embargo, cirujanos, investigadores y expertos en políticas de salud señalan que una estancia hospitalaria más breve no necesariamente significa una atención de menor calidad.

, profesora adjunta de cirugía en la Universidad de Pensilvania e investigadora en reducción de la violencia, ofreció una posible explicación.

En un publicado en la revista The Journal of Trauma and Acute Care Surgery, Kaufman y sus colegas descubrieron que los pacientes que ingresaban sin seguro médico pero que durante su hospitalización lograban inscribirse en Medicaid —y que tras el alta necesitaban cuidados de rehabilitación continua— pasaban más tiempo en el hospital y generaban mayores costos.

“He estado personalmente en situaciones en las que sentí que hice todo lo posible por un paciente y, aun así, me decía: ‘Me están echando del hospital’”, explicó. “A veces lo que el médico considera adecuado no coincide con lo que el paciente siente en su cuerpo”.

Sin embargo, Kaufman reconoció que la discriminación sigue existiendo.

“No voy a decir que los hospitales nunca discriminan. Eso no sería realista”, reflexionó. “Pero creo que muchas veces ocurre de forma indirecta”.

Kaufman afirmó que no puede juzgar si Bates permaneció suficiente tiempo hospitalizada porque no fue su médica. Pero aun así opinó que la paciente “no recibió todo lo que necesitaba del sistema de salud”.

A diferencia de muchos estados, Florida excluye de Medicaid a la mayoría de los adultos, como Bates, solteros que no tienen hijos a cargo. Por eso es muy poco común que un adulto sin seguro ingrese al hospital y luego termine cubierto por Medicaid.

Los sobrevivientes de disparos sufren dolor persistente, hemorragias, heridas que tardan en sanar, y padecen . “Estas experiencias son comunes, pero no se habla de ellas”, afirmó Kaufman. “La salud mental forma parte del proceso de recuperación”.

, cirujano pediátrico y profesor asociado de la Universidad de Maryland, que los pacientes hospitalizados por lesiones traumáticas que carecen de seguro suelen permanecer menos tiempo internados que quienes tienen cobertura médica.

Recuperar la capacidad de caminar o utilizar una extremidad después de una herida de bala generalmente requiere rehabilitación y fisioterapia, tratamientos que pueden resultar económicamente inalcanzables para personas sin seguro.

“Eso sugiere que estos pacientes no están recibiendo el mismo nivel de atención”, afirmó Englum. “Y eso los expone a sufrir limitaciones funcionales a largo plazo”.

Englum señaló que no existe un número exacto de días que determine cuánto tiempo debe permanecer hospitalizado un paciente.

Factores como la gravedad de la lesión, la edad y otras enfermedades influyen en esa decisión.

“Buscamos la duración ideal de la estancia hospitalaria”, explicó. “Pero, desafortunadamente, no existe una fórmula perfecta para cada paciente”.

“Oh, Dios mío. Me disparó”

Bates acababa de completar su última entrega de Uber Eats aquella noche de diciembre de 2019.

Mientras caminaba de regreso a su auto, escuchó dos fuertes explosiones.

Pensó que eran adolescentes haciendo bromas.

Luego giró hacia donde venía el sonido y vio a un hombre que estaba a pocos metros y le apuntaba con una pistola.

“En una fracción de segundo pensé: ‘Oh, Dios mío. Me disparó”, recordó.

“Sentí una sensación de ardor, pero mi cerebro no procesaba inmediatamente lo que estaba pasando”.

En cuestión de segundos, dijo, el hombre vació el cargador completo de su arma sobre ella, incluso después de que cayera al suelo.

Le disparó siete veces: dos impactos en la espalda y uno en la pelvis, el abdomen, el antebrazo izquierdo, el pulgar derecho y el pie derecho.

Bates gritó.

Intentó alcanzar su celular para llamar al 911.

Vecinos salieron de sus apartamentos. Una persona tomó el teléfono para informar la dirección al  servicio de emergencia. Otra presionó toallas sobre las heridas para intentar detener el sangrado.

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Tallahassee Memorial HealthCare.

Bates afirmó que no cree que la raza haya influido en la atención que recibió. Sin embargo, considera que las circunstancias de su caso —haber sido atacada mientras trabajaba y sin conocer a su agresor— influyeron en la forma en que médicos y enfermeras la percibieron.

, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston e investigador especializado en violencia armada, explicó que el lenguaje utilizado en los expedientes médicos puede reflejar preconceptos de los profesionales de la salud y contribuir a diferencias en la atención que reciben los pacientes.

Según Jay, los prejuicios relacionados con la raza o los ingresos, y contar o no con seguro médico pueden hacer que algunas personas no reciban la atención que necesitan una vez que salen del hospital.

El profesor dijo que su investigación sugiere que el sistema sanitario trata de forma diferente a los sobrevivientes de disparos y a las víctimas de accidentes de tráfico en función de la percepción de “si la víctima no tuvo culpa alguna. Se hacían suposiciones cuando una persona recibía un disparo violento”.

“Los resultados coinciden con lo que tanto oímos de los trabajadores sociales de los hospitales que atienden a víctimas de disparos”, afirmó. “Existe un sesgo considerable. Se da por sentado que las víctimas mismas contribuyeron a su situación con un comportamiento de riesgo”.

Sus trabajos también señalan que el sistema de salud trata de manera diferente a las víctimas de heridas por arma de fuego que a las víctimas de accidentes automovilísticos por las diferentes percepciones sobre la responsabilidad que tuvieron en el hecho.

“Existe la idea de que una persona involucrada en un accidente de tránsito no tuvo la culpa”, explicó. “Pero cuando alguien recibe un disparo, algunas personas hacen suposiciones”.

Jay afirmó que los hallazgos coinciden con lo que escucha frecuentemente de trabajadores comunitarios que cuidan de víctimas de violencia armada.

“Ellos reportan la existencia de prejuicios importantes”, dijo. “Existe la suposición de que la víctima contribuyó a su propia situación mediante conductas de riesgo”.

Las notas preoperatorias del expediente médico de Bates la describían como “una agradable mujer de 39 años que sufrió múltiples heridas de bala en el abdomen, la pelvis y las extremidades después de realizar entregas para Uber Eats”.

Bates cree que el hecho de haber estado trabajando cuando fue atacada influyó en la forma en que el personal médico interpretó su historia.

“Los médicos y las enfermeras hablan de esas cosas”, dijo. “Me decían: ‘Dios mío, te emboscaron. Eso es aterrador’”.

Según Bates, el hecho de que no conociera al agresor y de que estuviera simplemente haciendo su tarea cuando ocurrió el ataque cambió la narrativa.

“Muchas veces la gente culpa a las víctimas por lo que les ocurrió”, señaló.

“Pero cuando me preguntaban qué había pasado y les contaba mi historia, veía la sorpresa en sus ojos. Era como si pensaran: ‘Dios mío, realmente estabas ocupándote de tus asuntos’”.

También cree que influyó el lugar donde ocurrió el ataque.

“No sucedió en una zona considerada peligrosa”, dijo. “Era un complejo residencial predominantemente blanco. Creo que eso me ayudó”.

“Te hacen sentir menos que un ser humano”

Antes del tiroteo, cuando contaba con seguro médico, Bates ya había recibido atención en el mismo hospital. Pero dos meses antes del ataque había perdido su empleo en el departamento jurídico de una agencia estatal y, junto con él, su cobertura de salud.

Como paciente sin seguro, dijo, la experiencia fue diferente.

“Simplemente te descartan”, afirmó. “Te hacen sentir menos que una persona”. Bates sintió que sus preocupaciones fueron ignoradas cuando expresó

que no se sentía preparada para regresar a casa después de apenas cuatro días de hospitalización.

Según relató, fue una fisioterapeuta quien logró convencer al hospital de permitirle quedarse un día más.

“Nos gustaría, como comunidad médica y como sociedad, que todos recibieran la misma atención”, dijo Brian Englum, cirujano de traumatología de la Universidad de Maryland.

“Sin importar el color de la piel o la cobertura médica, queremos que todos reciban la atención adecuada”.

Sin embargo, determinar las causas exactas de las diferencias en la atención sigue siendo complejo.

Englum se pregunta si algunos factores de esa brecha incluyen la desconfianza hacia el sistema de salud en ciertas comunidades afroamericanas y latinas, las limitaciones económicas o incluso prejuicios implícitos o explícitos de algunos profesionales de la salud.

“Recibir esa atención es lo que permite recuperar plenamente la funcionalidad”, dijo. “Y cuando no se recibe, los pacientes sufren innecesariamente”.

Aprender a sobrevivir

Ya en casa, Bates dependió de familiares para levantarse de la cama, trasladarse de un lugar a otro e incluso sentirse segura al salir a espacios públicos.

“Realmente no sabía cómo ponerme de pie, moverme o caminar”, recordó. “Tuve que aprender de nuevo, sola”.

Años después, todavía teme los ruidos fuertes porque le recuerdan el momento en que recibió los disparos.

Cada 4 de julio y cada víspera de Año Nuevo permanece dentro de casa junto a su perro para evitar el ruido de los fuegos artificiales.

“La primera víspera de Año Nuevo después de que me dispararon fue terrible”, recordó. “Cuando comenzaron los fuegos artificiales, me paralicé”. “Me tuve que sentar y me largué a llorar. Mi prima tuvo que ponerme audífonos con cancelación de ruido y música para que pudiera moverme del exterior hacia el interior de la casa”.

La recuperación tiene un precio

Bates explicó que la atención posterior al alta incluyó una visita a una clínica ortopédica para que le retiraran los puntos de sutura. Los médicos de esa clínica también habían participado en la cirugía realizada cuando ingresó al hospital.

Durante la consulta, el personal le recordó que tenía un saldo pendiente de aproximadamente $1.200 por honorarios médicos.

Además, según las facturas hospitalarias, debía alrededor de $52.000 por su tratamiento y otros $5.300 correspondientes a los servicios del anestesiólogo. En ese momento no tenía empleo.

Bates dijo que una clínica comunitaria le ofreció fisioterapia a bajo costo y que la unidad de apoyo a víctimas del Departamento de Policía de Tallahassee la ayudó a acceder a servicios de salud mental y a obtener asistencia económica a través del para víctimas de delitos.

Sin embargo, en 2021 desarrolló un quiste en la zona donde había recibido el disparo, en el pulgar derecho, lo que requirió una nueva cirugía.

Según relató, la clínica se negó a realizar el procedimiento hasta que pagara el saldo pendiente de $1.200. Finalmente, fueron sus amigos quienes reunieron el dinero necesario para saldar la deuda y permitir que se realizara la operación.

La rodilla continuó causándole problemas. “Incluso después de la fisioterapia”, dijo, “seguía sin poder sentirla completamente”.

Actualmente cuenta con un seguro médico privado que cubre sus sesiones de terapia psicológica. Sin embargo, sigue pagando de su bolsillo parte de la rehabilitación física.

“Pagas tres veces”

Bates considera injusto que las víctimas de violencia armada deban asumir los costos económicos y emocionales de algo que no provocaron.

“Es increíble que en este país otra persona pueda hacerte daño y luego seas tú quien tenga que pagar por lo que te hicieron”, reflexionó”.

La mujer opinó que las consecuencias llegan en múltiples formas. “Terminas pagando tres veces”, afirmó. “Pagas todos los días emocionalmente. Pagas con las facturas médicas. Y pagas cuando te dicen: ‘sabemos que esto no fue tu culpa, pero aun así tenemos que cobrar’”.

Metodología

The Trace y ³Ô¹Ï²»´òìÈ analizaron más de 20 millones de hospitalizaciones en Florida entre 2018 y 2024, utilizando datos obtenidos de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (Florida Agency for Health Care Administration).

Identificamos 20.255 visitas relacionadas con heridas de bala empleando la definición de caso para la vigilancia de lesiones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cual se basa en los códigos de diagnóstico ICD-10-CM.

Limitamos el análisis a las atenciones iniciales y excluimos a los pacientes que fallecieron en el hospital o que se marcharon en contra del criterio médico. Asimismo, excluimos los casos situados en el 1% superior en cuanto a duración de la estancia hospitalaria (68 días o más) para evitar que estos valores atípicos influyeran de manera desproporcionada en los resultados.

Nuestro hallazgo principal compara la duración promedio de la estadía hospitalaria de los pacientes sin seguro con la de aquellos que cuentan con seguro privado. Seleccionamos a los pacientes con seguro privado como grupo de referencia porque muchos investigadores consideran que la duración de su atención es, en promedio, suficiente para ser eficaz, pero no excede lo médicamente necesario.

En general, las estadías hospitalarias de los pacientes sin seguro fueron, en promedio, un 25% más breves que las de los pacientes con seguro privado y un 50% más breves que las de los pacientes cubiertos por el programa Medicaid tradicional.

En la mayoría de los casos, observamos también que, dentro de un mismo hospital, los pacientes sin seguro permanecían menos tiempo ingresados que aquellos con seguro privado. Para determinar si la edad o la gravedad de la lesión explicaba la menor duración de las estancias en los pacientes sin seguro, calculamos índices de gravedad de las lesiones y ajustamos modelos de regresión para los hospitales de Florida que registran el mayor volumen de casos de heridas de bala. Comprobamos que, en casi todos los casos, la brecha se reducía ligeramente, pero no desaparecía.

La editora de datos de ³Ô¹Ï²»´òìÈ, Holly K. Hacker, colaboró en este artículo.

Este artículo fue producido en colaboración con The Trace, una sala de redacción sin fines de lucro dedicada a la cobertura de la violencia armada en Estados Unidos.

This article first appeared on ³Ô¹Ï²»´òìÈ and is republished here under a .

Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait — — has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum — they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention — they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, — the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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