Aunque la publicada el 10 de agosto no menciona directamente el autismo, la exigencia de Trump de limitar las recomendaciones de vacunación ha desconcertado por igual a organizaciones médicas, doctores y analistas políticos.

La directiva se emitió a menos de 90 días de las elecciones de medio término, que, según , podrían verse perjudicadas por la retórica antivacunas.

“El momento político, particularmente para los miembros republicanos en distritos competitivos, no es bueno”, dijo , ex congresista republicano y médico retirado.

La disposición de Trump a correr ese riesgo revela la impaciencia del presidente para que su secretario de Salud cumpla la promesa de identificar al responsable del marcado aumento de los diagnósticos de autismo.

Después de más de un año, Kennedy y sus aliados cercanos, todos críticos de las vacunas, han dejado pasar el plazo para ofrecer respuestas definitivas en una misión de investigación de varios millones de dólares rodeada de secretos, mientras el presidente vuelve a recurrir a teorías desacreditadas en sus ataques públicos contra las vacunas.

“Este es uno de los proyectos más privados de los que he oído hablar”, dijo Helen Tager-Flusberg, psicóloga que dirige la Coalition of Autism Scientists, sobre los esfuerzos de investigación de Kennedy en torno al autismo. “Lo están tratando como si fuera el Proyecto Manhattan en la década de 1940. No podría ser más turbio”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre qué investigaciones sustentan las opiniones del presidente ni qué vacunas podrían estar relacionadas con el autismo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que la medida del presidente se basa en el anuncio de la agencia de enero, cuando informó que estaba reevaluando el calendario de vacunación del país y recomendó reducir las vacunas infantiles tomando como referencia las pautas de países comparables.

Sin embargo, ningún otro país comparable administra por separado la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, como ahora ha ordenado el presidente.

“Como dijo el secretario, el HHS examinará todas las hipótesis biológicamente plausibles, seguirá la evidencia adondequiera que conduzca y hará públicos los hallazgos y las medidas en tiempo y forma”, dijo por correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS.

El “gran día” de Trump

Trump se ha mostrado especialmente interesado en encontrar la causa del autismo. En agosto de 2025 dijo que sería “un día muy importante”, después de que Kennedy le asegurara que había identificado “claramente, casi con certeza” factores que causaban autismo y que pronto serían revelados públicamente.

Décadas de investigaciones y estudios científicos muestran que la genética es uno de los principales factores. 鈥攅ntre ellos la exposición prenatal a la contaminación, la edad del padre y la salud materna鈥� también pueden desempeñar un papel.

Pero Kennedy ha rechazado de plano esa evidencia científica y con frecuencia ha calificado al autismo como una .

Como secretario de Salud, ha gastado en la búsqueda de las causas fundamentales, como parte de un esfuerzo de investigación que no ha ofrecido actualizaciones públicas sobre sus avances y ha brindado pocos detalles sobre quién, o incluso qué agencia, lo lidera.

No se ha consultado sobre el proyecto a organizaciones de defensa de las personas con autismo, científicos e investigadores. Tampoco a científicos de carrera que trabajan en las agencias federales de salud, según dos funcionarios cuyos nombres 吃瓜不打烊 no publica porque no estaban autorizados a hablar oficialmente.

Las solicitudes para reunirse con Kennedy sobre este tema han sido ignoradas, dijo Delancy Allred, gerente de políticas públicas de la Autism Society.

“Nadie ha logrado llegar a Kennedy. Nadie ha llegado al nivel del secretario, que yo sepa”, dijo Allred. “Creo que le gusta aislarse con personas que pertenecen a su grupo”.

De hecho, Kennedy ha recurrido a aliados que durante años lo han acompañado en su cruzada contra las vacunas infantiles para dirigir los esfuerzos de investigación y estrategia de la agencia sobre el autismo. Es una prioridad para su asesora más cercana, , ex activista del medio ambiente y desde hace años, según fuentes que pidieron no ser identificadas. Spear no respondió a las solicitudes para hablar sobre el estudio del autismo.

William “Reyn” Archer III 鈥攅x funcionario de salud de Texas, ginecólogo-obstetra de formación y a quien Kennedy contrató como asesor principal鈥� lleva meses obteniendo registros médicos de estadounidenses para que funcionarios políticos designados investiguen una posible relación entre las vacunas y el autismo.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) bajo Trump también han otorgado alrededor de $50 millones en subvenciones a científicos de universidades de todo el país para investigar el autismo, aunque la mayoría de los estudios no tendrán conclusiones hasta dentro de algunos años.

En enero, Kennedy también renovó por completo el Comité Coordinador Interinstitucional sobre Autismo, un grupo poco conocido pero influyente, designando a 21 nuevos miembros. Entre ellos hay padres de niños autistas, escépticos de las vacunas y un médico que fue demandado por un tratamiento “peligroso” para el autismo.

El comité se ha reunido una sola vez durante el actual mandato de Trump.

A fines de julio, el comité publicó abruptamente un plan estratégico de 336 páginas que se hace eco de algunos de los argumentos de Kennedy: el documento sugiere que los investigadores federales se han concentrado demasiado en los vínculos genéticos con el autismo.

Los diagnósticos de autismo, una que afecta la manera en que las personas se comunican y se comportan, se han durante las últimas dos décadas. atribuyen parte de este aumento a y detección, a una definición más amplia del trastorno y al hecho de que las personas tienen hijos a edades más avanzadas.

Trump y Kennedy han afirmado falsamente que el aumento de los diagnósticos se limita a los niños estadounidenses, aunque los diagnósticos también han aumentado drásticamente y .

A pesar de sus esfuerzos por poner en marcha nuevas investigaciones, Kennedy no le ha dado a Trump una explicación concluyente de estos aumentos.

Durante en julio, Trump comenzó a presionar públicamente a su secretario de Salud sobre el tema cuando le preguntó: “驴Cómo va la investigación sobre el autismo?”.

Kennedy respondió: “Tendremos una respuesta para usted”, antes de que Trump lo interrumpiera.

“Eso es muy importante”, insistió el presidente.

La agenda de Kennedy sobre las vacunas se ha visto obstaculizada, en parte, por las disputas internas en la Casa Blanca. Entre bastidores, funcionarios llevan meses intentando frenar su agenda de vacunación en medio de una ola histórica de infecciones de sarampión.

Con la firma del 10 de agosto en la Oficina Oval, Trump dejó claro que la agenda de Kennedy sobre las vacunas sigue siendo una prioridad.

La firma también se produjo en un momento políticamente conveniente: el Senado acababa de iniciar un receso de cinco semanas, después de que la Casa Blanca consiguiera los votos necesarios para las confirmaciones de Erica Schwartz como directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de Todd Blanche como fiscal general.

Los tropiezos de Kennedy

Muchas de las afirmaciones que Kennedy ha hecho hasta ahora sobre el autismo no han resistido el escrutinio científico.

El año pasado, el secretario de Salud dijo que el uso de Tylenol durante el embarazo podía provocar autismo. Un nuevo estudio publicado en la revista científica JAMA y revisado por pares refutó esa relación, un tropiezo político para Trump, quien había repetido públicamente la afirmación e instado a las mujeres a no tomar ese analgésico.

Kennedy también sugirió durante una reunión de Gabinete en octubre que la circuncisión podría ser una causa. Un publicado en agosto en JAMA Pediatrics no encontró evidencia de esa relación.

En 2025, Kennedy dijo en que de los CDC había vinculado la vacuna contra la hepatitis B con . Sin embargo, sus declaraciones tergiversaron los resultados: el al que se refería estudió posteriormente la exposición al timerosal en las vacunas y un mayor riesgo de autismo.

Kennedy en fondos para investigaciones que ya estaban en marcha y que buscaban las causas del autismo, incluidas posibles fuentes ambientales.

Cuando le pidieron detalles sobre el trabajo de la administración para estudiar el autismo, el director de los NIH, Jay Bhattacharya, reconoció que no se había llegado a ninguna conclusión durante una entrevista en , de CBS.

“Si me pregunta, como científico, si sé por qué hemos visto este aumento del autismo, le diré que no conozco la respuesta a esa pregunta”, dijo el 9 de agosto.

Al día siguiente, sentado en su escritorio en la Oficina Oval, Trump vinculó repetidamente el autismo con las vacunas justo antes de firmar la orden ejecutiva para reducir las vacunas infantiles.

Junto a Trump, Kennedy pareció decidido a atenuar las expectativas de que el HHS pudiera producir resultados rápidamente. Le dijo al presidente que estaba trabajando contra reloj para encontrar respuestas antes del final de su mandato.

“Señor presidente, usted nos ha dicho que quiere respuestas. Yo también”, dijo Kennedy. “Tenemos poco más de dos años para terminar el trabajo, y sé que usted está impaciente, y nosotros estamos avanzando con la urgencia que exige ese plazo”.

Aunque Trump ha afirmado varias veces que existe un vínculo entre el autismo y las vacunas, no ha revelado a cuál de las vacunas de rutina considera responsable, y durante el evento en la Casa Blanca elogió la vacuna contra la polio, calificándola de “increíble”.

Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a responder preguntas sobre el estado de los esfuerzos de Kennedy para identificar la causa del autismo durante una llamada realizada unas horas más tarde.

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Estas pulseras forman parte de una iniciativa cada vez más extendida que fue lanzada por primera vez por ECU Health, en Carolina del Norte, cuando el Congreso buscaba responder a la crisis de mortalidad materna, que se agravaba durante la pandemia de covid.

, y el departamento estatal de salud comenzaron a distribuir estas pulseras para ofrecer a las madres y a los profesionales de salud un recordatorio visible de los riesgos potencialmente mortales que existen después del parto.

El departamento de salud de Connecticut, grandes sistemas hospitalarios de Arkansas, Georgia y Mississippi, y hospitales de al menos otros 24 estados también han iniciado el programa.

Las pulseras buscan alertar a los trabajadores de emergencias sobre los riesgos del período posparto, garantizar una mejor atención y ayudar a reducir las tasas de mortalidad materna en Estados Unidos, donde ocurren después del día del parto y cerca del 40% suceden después de las seis semanas posteriores al nacimiento.

Este año, Carolina del Norte planea ampliar la iniciativa utilizando parte de los que recibió a través del Programa de Transformación de la Salud Rural, una disposición de la ley fiscal del presidente Donald Trump, conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Tamika Auguste, médica y presidenta de la junta directiva de la fundación del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, elogió las pulseras como una herramienta útil “para aumentar la concientización y la educación sobre la salud posparto”. Sin embargo, ella y otros especialistas en salud materna señalaron que campañas como esta representan solo una parte de lo necesario para enfrentar la crisis más amplia de mortalidad materna en Estados Unidos.

También destacaron que la creciente popularidad de las pulseras coincide con la entrada en vigencia de la ley fiscal de 2025 impulsada por Trump que, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), reducirá el gasto de Medicaid en durante los próximos diez años. Medicaid, el programa conjunto federal-estatal que brinda cobertura médica a personas y familias de bajos ingresos, financia .

Elisabeth Wright Burak, investigadora de políticas públicas del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que esta ley está frenando el impulso que los estados habían logrado en materia de atención materna desde 2022. Ese año, el Congreso permitió que los estados ampliaran la cobertura posparto de Medicaid de , una medida que casi todos los estados adoptaron.

Ahora, a medida que los estados buscan maneras de enfrentar las pérdidas de financiamiento en Medicaid, esas ampliaciones podrían quedar en riesgo, dijo Burak. “No hay duda de que la esta ley amenaza con hacer retroceder el reloj en materia de salud materna”, agregó.

que Burak elaboró con otros colegas en julio advirtió que, con la nueva ley, las pacientes en el período posparto enfrentan nuevas preocupaciones, además de los recortes a Medicaid.

Según el informe, los estados también están implementando sistemas que podrían no identificar adecuadamente a las mujeres inscriptas en Medicaid que están embarazadas y en el período posparto. Aunque ellas deberían estar exentas de los nuevos requisitos laborales establecidos por la ley, la falta de identificación podría hacer que por error perdieran su cobertura.

Mortalidad materna

Las tasas de mortalidad materna en Estados Unidos han aumentado y disminuido durante los últimos siete años. En 2024 se registraron 649 muertes maternas, según los datos más recientes de los (CDC).

Tennessee registró la tasa de mortalidad materna más alta del país entre 2020 y 2024, con aproximadamente 42 muertes por cada 100.000 nacimientos, de acuerdo con un análisis de datos de los CDC realizado por el . Carolina del Norte registró alrededor de 29 muertes por cada 100.000 nacimientos, frente a un promedio nacional de 23.

En su solicitud para el , este estado afirmó que la iniciativa de los brazaletes “Di a luz” redujo en casi un tercio los reingresos hospitalarios posparto en el ECU Health Medical Center de Greenville, aunque no ofreció detalles.

En sus campañas promocionales, algunos hospitales que las pueden , aunque muchas iniciativas son recientes y su impacto aún no ha sido evaluado científicamente.

“Se necesita más investigación para confirmar de manera concluyente los resultados de este tipo de iniciativas”, afirmó Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud de Carolina del Norte.

Después del parto, los hospitales a las pacientes y les piden que la usen durante varias semanas o meses, con la esperanza de que les recuerde consultar a un médico si presentan dolor en el pecho, dolores de cabeza o sangrado. La pulsera recuerda a la famosa , creada por la fundación del ciclista Lance Armstrong como parte de una campaña de concientización sobre el cáncer.

Además, una enfermera conversa con las pacientes sobre los riesgos del período posparto y les entrega folletos y guías sobre el cuidado del recién nacido y de ellas mismas.

“La pulsera es simplemente un recordatorio de que ‘Recibí información y educación'”, explicó Jessica Noble, enfermera de ECU Health y creadora de la iniciativa.

También pretende alertar a los equipos de emergencias y a otros profesionales sanitarios de que una mujer ha dado a luz recientemente para que consideren posibles complicaciones posparto, como presión arterial baja, hemorragias o infecciones.

Diversos estudios muestran que el personal de los y de los no siempre cuenta con la capacitación suficiente para reconocer estas complicaciones, lo que puede resultar peligroso cuando estas pacientes llegan a una sala de emergencias.

Las pulseras posparto ganaron popularidad en todo el país gracias a campañas de sensibilización impulsadas por redes sociales y reportajes en noticieros. En fotografías y videos promocionales, madres recientes aparecían luciendo la pulsera y elogiándola como un símbolo para celebrar el nacimiento de sus hijos.

Algunas mujeres que atravesaron partos traumáticos o enfrentaron problemas de salud mental la percibieron de otra manera.

“Hay tantos riesgos”

Alexandra Mellon dio a luz el año pasado. Su hija nació muerta.

Devastada, buscó ayuda de un terapeuta, donó su leche materna e intentó encontrar algún sentido a lo ocurrido. Durante un año se sintió aislada, dijo, en parte porque muchas personas simplemente no saben qué decir ante semejante tragedia.

Mellon considera que llevar una de estas pulseras hubiera sido un doloroso y constante recordatorio de su pérdida.

Actualmente trabaja como doula en Asheville, Carolina del Norte. Cree que lo que más necesitan las madres recientes es acompañamiento y apoyo emocional. La pulsera podría ayudar a promover ese apoyo en algunas pacientes, dijo, pero no es para todas. “Hay tantos riesgos que, de repente, casi te vuelves invisible”, afirmó.

Según los CDC, relacionadas con el embarazo podrían prevenirse.

En marzo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) , desarrolladas durante la administración Biden, en las que instaban a los hospitales a mejorar sus protocolos en los departamentos de emergencia para detectar complicaciones posparto y evaluar sus resultados comparándolos con datos estatales y nacionales sobre salud materna.

Sin embargo, esos esfuerzos enfrentaron una amenaza importante el año pasado cuando la administración Trump propuso destinado a recopilar datos estatales sobre mortalidad materna en su proyecto de presupuesto para 2026. Aunque el Congreso rechazó ese recorte, la administración de todos modos encargado de hacer el seguimiento a la salud de las pacientes después del parto.

La administración Trump destinados a la investigación sobre salud materna de los CDC en su propuesta presupuestaria para 2027. En cambio, el Congreso ha propuesto aumentar esos recursos hasta los

Sin más estudios, sigue siendo incierto qué tan efectivas son las pulseras para motivar a las pacientes posparto a buscar atención médica cuando la necesitan.

Un sobre campañas masivas de salud pública 鈥攃omo las destinadas a prevenir el consumo de sustancias de riesgo o a fomentar la actividad física鈥� concluyó que estas iniciativas no modificaron significativamente el comportamiento de la población.

Otro estudio encontró que “Back to Sleep”, que educa a los padres sobre prácticas seguras para dormir a los bebés, redujo drásticamente durante varios años las tasas de síndrome de muerte súbita del lactante tras su lanzamiento en 1994, aunque esos avances se estancaron a .

En 2020, los CDC llamada “Hear Her”, orientada a ayudar a las mujeres a expresar sus preocupaciones cuando sentían que algo no estaba bien después del parto.

Años después, los propios CDC en el que concluyeron que “tuvo la consecuencia no deseada de dar la impresión de que la responsabilidad de hablar era de las personas embarazadas o en período posparto”.

El ECU Health Medical Center creó la iniciativa de las pulseras en 2021 y publicó un estudio . En él, los autores señalaron que la tasa de reingresos relacionados con el embarazo en el hospital de Greenville disminuyó un 0,77%. Atribuyeron ese cambio a “la educación proporcionada a las pacientes, sus familiares y el personal médico” como parte de la iniciativa, sin ofrecer mayores detalles.

Campañas como “Di a luz” están lejos de ser la solución definitiva para la mortalidad materna, reconoció Noble, creadora de la iniciativa y autora principal del estudio de ECU Health.

“Si tuviera una varita mágica”, dijo, “Carolina del Norte no solo tendría una mejor atención posparto, sino que también abordaría las causas profundas de las complicaciones del embarazo. Pero no la tengo y no puedo cambiar un sistema entero de la noche a la mañana”.

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Su equipo suele “estremecerse” cada vez que escucha que un paciente tiene que llenar una pila de formularios, como ocurre al solicitar los pagos por discapacidad del Seguro Social, porque puede ser un proceso difícil y muy engorroso.

Thornton dijo que intenta apoyar a sus pacientes, pero también reconoce los límites de su formación.

“Muchas veces los formularios son tan complejos que realmente no sé cuál es la definición exacta de lo que me están preguntando”, dijo. “Los remitimos a un proveedor especializado en discapacidad”.

Médicos como Thornton temen que empiecen a recibir muchas más solicitudes de este tipo debido a los cambios que se avecinan en Medicaid, el programa gubernamental de salud para personas de bajos ingresos o con discapacidades. A partir del 1 de enero, en la mayor parte del país, algunos beneficiarios 鈥攑rincipalmente adultos sin dependientes鈥� deberán demostrar que trabajan o realizan otras actividades que califican durante al menos 80 horas al mes.

Las publicadas en junio establecen que las personas pueden obtener una exención si son consideradas “médicamente frágiles”, es decir, si están demasiado enfermas o tienen una discapacidad que les impide trabajar, lo que podría requerir que presenten documentación de un profesional de salud.

Ese criterio dio lugar a una demanda presentada a finales de junio por decenas de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y preocupa a Thornton porque podría obligarla, junto con su personal, a evaluar aspectos como cuánto peso puede levantar un paciente o qué distancia puede caminar.

“Si me preguntan: ‘驴Esta persona es médicamente frágil?’, 驴qué significa realmente eso?”, dijo Thornton. “No lo sé, y llevo 25 años haciendo esto”.

La ley fiscal y de gasto de los republicanos aprobada el año pasado, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, estableció este requisito laboral, que afectará a unos cuando más estados comiencen a aplicarlo. , esta disposición provocará un gran aumento en el número de personas sin seguro médico que cualquier otra parte de la ley.

Los médicos afirman que no están capacitados para determinar con precisión si el estado de salud de una persona le impide trabajar.

Muchos tampoco tienen tiempo para asumir otra tarea administrativa que los distraiga de la atención a los pacientes. Además, participar en decisiones sobre si una persona obtiene acceso a un beneficio público socava la relación entre médico y paciente, señalaron varias organizaciones médicas y profesionales de salud.

“Cuando introduces en la atención clínica políticas innecesarias, sin fundamento científico, confusas y burocráticas como esta, simplemente aumentas el nivel de conflicto moral para los proveedores”, dijo Christopher Chen, asesor principal de la firma consultora Manatt Health.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) declinaron responder oficialmente sobre las preocupaciones de los médicos. Sin embargo, la agencia confirmó que los beneficiarios podrían necesitar obtener documentación de un profesional de salud para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar y señaló que serán los estados quienes tomen la decisión final.

Anteriormente, la administración Trump había señalado que los estados deberían utilizar las fuentes de datos disponibles 鈥攃omo reclamos médicos y pagos鈥� antes de exigir a los pacientes pruebas de fragilidad médica emitidas por un proveedor de salud.

“La documentación debería ser relativamente fácil de obtener”, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una conferencia telefónica el 1 de junio.

Pero decir si un paciente está demasiado enfermo para trabajar es una decisión subjetiva y de alto impacto, dijo Chen, quien además ejerce como es médico en Valley Medical Center, en Renton, Washington.

“Nos han formado para cuidar a las personas”, dijo. “Nos han formado para conocer los síntomas, hacer diagnósticos y tratarlos. No nos han formado para hacer este tipo de determinaciones sobre la capacidad para trabajar”.

Al presentar su solicitud, y luego cada seis meses, los beneficiarios de Medicaid sujetos al requisito deberán demostrar que cumplen con el mínimo mensual de horas en actividades calificadas o, con la misma frecuencia, demostrar que cumplen con los criterios para una exención.

Si los estados no encuentran pruebas suficientes de que una persona está demasiado enferma para trabajar, esa persona podrá declarar por sí misma, bajo pena de perjurio, que cumple con el criterio de fragilidad médica, aunque solo de manera temporal.

Los estados podrán aceptar esa declaración dos veces durante 2027 y solo una vez en 2028.

En julio, 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, por las regulaciones finales, argumentando que el criterio de fragilidad médica será demasiado difícil de cumplir para los beneficiarios y demasiado complicado de evaluar para los estados.

Según la demanda, el criterio obliga a las agencias estatales de Medicaid a “asumir el papel de expertos en medicina ocupacional” o traslada esa carga a médicos que no necesariamente tienen formación en esa especialidad.

Los CMS no hicieron comentarios sobre el litigio.

El gobierno de Trump ha emprendido una campaña contra el fraude en los programas públicos de salud, incluido Medicaid. Recientemente contra cientos de acusados 鈥攅ntre ellos profesionales de salud鈥� por presuntos esquemas de fraude que, según las autoridades, superan los 6.500 millones de dólares.

Los CMS han dicho que supervisarán de cerca la manera en que los estados administran los requisitos laborales y que podrían tomar medidas correctivas si consideran que algún estado no cumple con las normas.

Eso preocupa a los médicos por las posibles consecuencias si se equivocaran al determinar si una persona está demasiado enferma para trabajar, por más remotas que parezcan esas preocupaciones, señaló Rahul Vanjani, médico de atención primaria, especialista en medicina de adicciones e investigador de la Universidad Brown.

“Usando nuestra imaginación, nos preguntamos si alguien estará auditando estos formularios y si podrían comunicarse con la junta estatal que otorga las licencias profesionales”.

Estados Unidos enfrenta una , y eso podría dificultar que las personas que buscan una exención encuentren un profesional que pueda ayudarlas a documentar que están demasiado enfermas para trabajar, dijeron los médicos.

Será aún más difícil para quienes no tienen seguro médico, dijo Jennifer Wagner, investigadora especializada en elegibilidad para Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de estudios de tendencia progresista.

“驴Cómo podría un solicitante sin cobertura médica conseguir un médico que lo justifique?”, se preguntó.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la mayor organización profesional de médicos y estudiantes de medicina del país, hizo gestiones ante funcionarios federales para modificar el criterio utilizado para documentar la fragilidad médica en los días previos a la publicación de las regulaciones finales.

En mayo, la AMA envió a Mehmet Oz argumentando que obligar a los médicos a certificar la capacidad laboral de sus pacientes no solo supondría una carga administrativa, sino que también modificaría la forma en que interactúan con quienes atienden.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Willie Underwood III, afirmó que el requisito laboral “transforma la consulta médica en un proceso de control de elegibilidad”.

“Es probable que los pacientes perciban ese cambio”, dijo. “Y si empiezan a sospechar que lo que comparten con su médico puede afectar su cobertura médica, las condiciones para una comunicación abierta y honesta comenzarán a deteriorarse”.

Los médicos disponen de un tiempo limitado para atender a sus pacientes y prefieren concentrarse en tratar sus problemas de salud que en llenar formularios, especialmente aquellos que los colocan en la posición de “representar al Estado”, señaló John Ayanian, médico especialista en medicina interna e investigador de la Universidad de Michigan.

“Su primera obligación es velar por el mejor interés de sus pacientes”, afirmó Ayanian.

Lauren Davis, abogada de Community Legal Services of Philadelphia, ayuda a sus clientes a navegar otros programas de beneficios públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que tiene un requisito laboral similar. Los beneficiarios pueden obtener una exención si están demasiado enfermos para trabajar.

Davis recordó el caso de una clienta con una afección cognitiva que afectaba su memoria. Su médico no se sentía cómodo llenando el formulario de exención sin verla primero en persona, pero la paciente seguía olvidando programar la cita y finalmente abandonó el proceso, contó Davis, quien teme que los beneficiarios de Medicaid enfrenten obstáculos similares para obtener las exenciones.

“Esta persona era elegible”, dijo Davis. “La razón por la que no pudo conseguir lo que necesitaba para demostrar que era elegible era precisamente su afección médica”.

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Un ejemplo son los recientes brotes de Cyclospora, con en decenas de estados. Y les preocupa especialmente que el próximo patógeno sea mucho más letal.

En el país, un sistema complejo de agencias federales y estatales se encargan de supervisar la seguridad de los alimentos. Esta red se ocupa de detectar, investigar y contener los brotes de enfermedades transmitidas por productos de consumo popular.

Un componente clave del sistema es el programa FoodNet de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), creado después de que cuatro niños murieran por E. coli luego de comer hamburguesas contaminadas a principios de la década de 1990.

Los estados que participan en el programa, cuyo nombre oficial es Foodborne Diseases Active Surveillance Network, contactan a laboratorios para obtener datos sobre los casos, lo que permite detectar cuándo está surgiendo un problema.

Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración ha recortado miles de millones de dólares en fondos para la salud pública y ha despedido a miles de trabajadores de las agencias federales de salud.

También ha reducido el alcance de FoodNet, eliminando la vigilancia obligatoria de Cyclospora y de otros cinco patógenos que, en conjunto, causan la muerte de cientos de personas cada año en Estados Unidos.

“Lo que se está haciendo es permitir que los brotes continúen sin ser identificados. Inevitablemente, más personas se van a enfermar”, dijo Bill Marler, abogado y defensor de la seguridad alimentaria en el área de Seattle, quien ha presentado demandas contra Taco Bell en representación de personas que afirman haberse enfermado de Cyclospora después de comer en esa cadena.

Con los cambios realizados al sistema de vigilancia de FoodNet, los 10 estados participantes 鈥攕eleccionados para representar una muestra de la población del país鈥� ya no están obligados a reportar, por ejemplo, los casos de listeria. Esa bacteria mata hasta al diagnosticadas con la infección.

Las complicaciones por listeria pueden incluir convulsiones, abortos espontáneos y sepsis que daña los órganos. Es mucho menos frecuente que el tipo de E. coli cuya vigilancia sigue siendo obligatoria en FoodNet, pero de las personas infectadas con listeria terminan hospitalizadas.

Según cifras de los CDC y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las infecciones por listeria provocan .

“Es muy difícil identificar los brotes de listeria”, dijo Neal Fortin, director del Instituto de Leyes y Regulaciones Alimentarias de la Universidad Estatal de Michigan. Ver que ya no forma parte de la vigilancia obligatoria de FoodNet “realmente me preocupa”, afirmó.

En 2011, 33 personas murieron y una mujer embarazada sufrió un aborto espontáneo después de comer con listeria. La FDA identificó la causa .

Los estados que participan en FoodNet tampoco están obligados a reportar los casos de enfermedad causados por Campylobacter, una bacteria que suele contraerse al consumir pollo crudo o poco cocido y que afecta aproximadamente a 1.5 millones de personas cada año.

Este año, esta bacteria enfermó a unas 60 personas en Idaho en un brote relacionado con leche cruda, un producto que Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, ha promovido, pese a que la pasteurización elimina las bacterias dañinas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) niega que los cambios en FoodNet o los recortes de personal de la administración Trump hayan aumentado el riesgo de que futuros brotes sean más difíciles de identificar y contener.

“Los investigadores de la FDA no se vieron afectados por los cambios de personal ni por las reducciones de plantilla, y el presupuesto presidencial propuesto para el año fiscal 2027 incluye un aumento de 33 millones de dólares para las actividades de seguridad alimentaria”, escribió en un correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS. Agregó que los CDC nunca dejaron de monitorear las enfermedades causadas por Cyclospora.

Los CDC cuentan con otros sistemas de vigilancia pasiva, pero estos dependen de que los estados informen los casos.

“No existe ningún requisito sobre cuánto tiempo pueden tardar en hacerlo”, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington.

Además, la FDA realiza solo una fracción de las inspecciones que exige el Congreso. Según un informe publicado a principios del año pasado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), la FDA no cumple las para las inspecciones nacionales e internacionales desde 2018.

Las realizadas por la FDA a fabricantes disminuyeron de 10.641 establecimientos en 2011 a aproximadamente 4.500 una década después. En 2024, la agencia contaba con para realizar inspecciones nacionales e internacionales, de acuerdo con otro informe de la GAO.

Eso fue antes de que la administración Trump de trabajo en la FDA como parte de su esfuerzo por reducir el gasto federal.

Ahora, los líderes en seguridad alimentaria advierten que la situación podría empeorar, porque el gobierno quiere transferir más inspecciones rutinarias de alimentos a los estados y reducir aún más el número de empleados federales encargados de estas inspecciones y de las investigaciones.

Los departamentos estatales de salud ya están sobrecargados debido a los recortes en el financiamiento federal y a la escasez de personal, lo que ha obligado a algunos a reducir o suspender programas de prevención para concentrarse en problemas más urgentes.

Los efectos de esos recortes ya se sienten en Michigan, que ha reportado más de 7.000 casos de ciclosporiasis, la cifra más alta de cualquier estado. El parásito Cyclospora puede provocar diarrea frecuente durante días o incluso semanas, además de dolor abdominal, náuseas y fatiga.

El departamento de salud del condado de Washtenaw, en Michigan, ya había reasignado personal que trabajaba en programas como inmunización y salud sexual para atender un reciente brote de sarampión que enfermó a siete personas, entre ellas cinco niños.

Ahora, esas mismas enfermeras pasan horas hablando por teléfono con cientos de personas con ciclosporiasis, tratando de rastrear el origen de la infección mediante recibos de comida para llevar de semanas atrás, estados de cuenta bancarios y los recuerdos de los pacientes.

“Estamos empezando a ver las consecuencias de un sistema de salud pública financiado de manera ineficiente en 2026”, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan. “Hoy es Cyclospora. Con el tiempo, vamos a perder la capacidad de detectar otra cosa”.

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El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid 鈥攄estinado a cubrir tratamientos médicos básicos鈥� en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare 鈥攅mpresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo鈥� comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría .

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de .

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

y , por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal .

“驴Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a .

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los incluidos en su programa denominado (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de . Además, cerca de de bajos ingresos habían recibido . Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

, estos servicios sociales 鈥攅specialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar鈥� al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM .

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales 鈥攐 en riesgo de quedarse sin vivienda鈥� y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de  alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen.”

Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su . Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral 鈥攖ener que generar más papeleo y más pruebas鈥� sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis 鈥攓uien pidió ser identificado solo por su segundo nombre鈥� vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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Esta primavera, investigadores detectaron en el agua de varios puntos de la costa de Long Island, en Nueva York, y funcionarios de localidades turísticas de los Hamptons sobre los hallazgos. En Florida, se han infectado este año, y en junio las instaron a la población a tomar precauciones.

Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas por esta bacteria muere, a veces apenas uno o dos días después de enfermar, según una de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La bacteria, Vibrio vulnificus, puede ingresar al organismo por heridas abiertas y causar muerte del tejido y sepsis sistémica.

“Muchas personas con infección por Vibrio vulnificus pueden enfermar gravemente y necesitar cuidados intensivos o la amputación de una extremidad”, advierten los CDC.

El riesgo de amenazas públicas de este tipo está aumentando porque el cambio climático está ampliando el territorio de ciertos patógenos. Pero los investigadores señalan otra preocupación: la administración Trump ha recortado inversiones en programas y agencias que previenen, rastrean y responden a los riesgos de salud que ahora enfrenta el gobierno federal.

Un ejemplo es la reaparición del , que puede infestar y matar ganado, en Estados Unidos en junio. El Departamento de Agricultura de su fuerza laboral en los primeros seis meses de 2025, según un informe de la Oficina del Inspector General del USDA, y su servicio de inspección reducido está ayudando a dirigir la respuesta al parásito.

Otro ejemplo es la malaria. La suspensión de ayuda exterior interrumpió esfuerzos internacionales de prevención, y emitida en mayo advirtió que Estados Unidos es vulnerable a la reintroducción de esta enfermedad infecciosa.

En el caso de Vibrio, la administración Trump comenzó a retirar cientos de instrumentos de aguas profundas que y generan datos que ayudan a que permiten que la bacteria prospere. esos datos para estudiar Vibrio, que puede cuando aumentan la temperatura y la .

“Es importante rastrear las temperaturas costeras, y eso se relaciona con la distribución de Vibrio”, dijo Christopher Gobler, profesor de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad Stony Brook, en Nueva York. Agregó, sin embargo, que los investigadores también cuentan con otras fuentes de datos.

La administración Trump a su plan de desmantelar el sistema de monitoreo oceánico luego de la oposición bipartidista en el Congreso.

Pero todavía está reduciendo la vigilancia de Vibrio. Esta especie potencialmente mortal, presente en el agua, también puede enfermar o matar a personas que comen mariscos contaminados, como infectadas con la bacteria. Las infecciones por Vibrio vulnificus vinculadas al consumo de mariscos crudos o poco cocidos mientras la presencia de otros patógenos en los alimentos disminuye.

Desde 1995, 10 estados han participado en un programa federal llamado Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, o FoodNet. El programa, junto con los CDC, monitorea y rastrea casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por ocho patógenos específicos, incluido Vibrio. Pero el año pasado la administración Trump a esos estados que reportaran todos menos dos de esos patógenos, lo que significa que ya no tienen que informar esos casos a los CDC.

Funcionarios federales niegan que estas medidas estén poniendo en riesgo a los estadounidenses. Afirman que los CDC continúan monitoreando estos patógenos mediante otros sistemas nacionales de vigilancia para mantener visibilidad sobre tendencias de enfermedades y brotes.

Algunos ex líderes de salud pública dicen que las consecuencias de los amplios recortes a agencias de salud y programas globales de prevención se están volviendo más evidentes, debilitando la respuesta de Estados Unidos y las iniciativas diseñadas para proteger al país de enfermedades.

“Estamos bajando defensas que eran necesarias para protegernos de amenazas microbianas”, dijo Tom Frieden, ex director de los CDC y actual presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una organización que trabaja para frenar enfermedades prevenibles. “En lugar de proteger, estamos haciendo lo contrario”.

驴Menos recursos significa más riesgos?

La administración defiende sus acciones, incluidos los despidos masivos en agencias gubernamentales de salud, como medidas necesarias para eliminar gastos innecesarios.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está impulsando las reformas de salud pública más importantes en una generación, enfocadas en prevención, rendición de cuentas, transparencia científica y mejores resultados de salud”, dijo Emily Hilliard, vocera de la agencia, en un correo electrónico. “El Departamento está poniendo a las familias estadounidenses en el centro de la toma de decisiones de salud pública”.

La evidencia sugiere que los riesgos de salud aumentan mientras la administración Trump reduce recursos para investigación, detección y respuesta.

Al inicio de su mandato, el presidente Donald Trump decidió congelar y revisar el trabajo de programas de salud global. Su esfuerzo para reducir costos, liderado por el multimillonario Elon Musk, también desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Como resultado, se interrumpió el trabajo de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, un programa creado durante la era de George W. Bush para combatir la malaria en países muy afectados y al que se le atribuye haber salvado más de . USAID había invertido más de en el programa desde 2005.

Además, el para programas globales contra la malaria fueron seleccionadas para ser eliminadas, según KFF. El informe no incluyó datos sobre el valor total de esas subvenciones específicas.

La congelación del gasto también frenó investigaciones para desarrollar contra la malaria. La administración disolvió la de los CDC, trasladó al personal a otras divisiones e sobre la enfermedad.

El HHS no respondió a un correo electrónico que preguntaba cuántos empleados habían sido reubicados.

La malaria, una enfermedad infecciosa potencialmente mortal transmitida por mosquitos, fue de Estados Unidos en 1951. Pero la guía actualizada de los CDC para investigar casos domésticos que “el país sigue siendo susceptible a la reintroducción de la malaria”.

Un provocó 10 infecciones locales en Arkansas, Florida, Maryland y Texas, y los mosquitos capaces de transmitir malaria se encuentran en gran parte del país.

“La mayoría de los residentes de Estados Unidos carece de inmunidad protectora contra la malaria, lo que hace que las personas sean susceptibles a una forma grave de la enfermedad y a la muerte si se infectan”, indicaron los CDC en el informe de mayo.

El HHS declinó comentar sobre recortes específicos, pero dijo que los CDC trabajan con socios nacionales e internacionales para reducir la carga de la malaria y evitar que se restablezca en el país.

Investigadores y ex funcionarios de salud dicen que no solo los recortes de fondos elevan los riesgos. También hay fuertes reducciones de personal, lo que significa que menos personas trabajan en prevenir o rastrear enfermedades.

“Sí, los programas han sido recortados en términos de reducción de personal, pero diría que igual de importante es la pérdida de experiencia”, dijo Jeanne Marrazzo, directora ejecutiva de la Infectious Diseases Society of America. “Es irremplazable”.

El gusano barrenador es una especie de mosca parásita cuyas larvas pueden entrar en heridas abiertas y devorar tejido, infectando a personas y animales. Como la malaria, había sido eliminado durante mucho tiempo de Estados Unidos, y los esfuerzos de monitoreo han sido clave para mantenerlo fuera.

Los recortes en USAID eliminaron destinados a la , que se enfoca en seguridad alimentaria global y en el como el gusano barrenador.

Luego de las iniciativas de reducción de costos de la administración, más de 20.000 empleados dejaron el USDA, que desarrolla e implementa políticas agrícolas y proporciona recursos a productores ganaderos vulnerables al parásito.

El 3 de junio se confirmó el primer caso nuevo de gusano barrenador en Estados Unidos, y ya hay de animales infectados. Un brote en expansión podría devastar la industria ganadera.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que los recortes de personal durante la administración Trump hayan contribuido al regreso del gusano barrenador. En cambio, , diciendo que no hizo lo suficiente para prevenir su reintroducción en Estados Unidos. Rollins dijo en X que la bajo la administración Biden tuvo parte de la culpa, sin presentar evidencia.

El USDA no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Ashish Jha, médico que fue coordinador de respuesta a COVID de la Casa Blanca durante la administración Biden, dijo que no hay ninguna verdad en la afirmación de que inmigrantes sin estatus legal hayan traído el gusano barrenador a Estados Unidos.

Las inversiones en rastrear y combatir enfermedades se han debilitado, dijo, porque el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., está priorizando la prevención de enfermedades crónicas a costa de los esfuerzos para contener enfermedades infecciosas.

“驴Quién no quiere un país más saludable? Suena muy bien, pero es una especie de engaño”, dijo Jha. “Están haciendo lo contrario. Están bajando las defensas necesarias para protegernos de amenazas microbianas”.

Hilliard, portavoz del HHS, no estuvo de acuerdo y dijo que las acciones de Kennedy hacen que la agencia sea más eficaz.

“El secretario Kennedy está llevando adelante esa reforma al simplificar operaciones, reducir redundancias y devolver al HHS a niveles de personal previos a la pandemia”, dijo. “Al mismo tiempo, está desmantelando políticas e incentivos que contribuyeron a una epidemia nacional de enfermedades crónicas”.

Brechas en la vigilancia

Jha señaló la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que coordina respuestas globales a problemas y crisis de salud pública, y el desmantelamiento de USAID.

Este alejamiento ha tenido implicaciones para el brote de ébola en la República Democrática del Congo, según trabajadores humanitarios.

Sin el mismo nivel de financiamiento de USAID, el International Rescue Committee, que colabora en actividades de salud de primera línea, vigilancia y preparación ante brotes en Congo, .

“Los recortes de financiamiento han dejado a la región peligrosamente expuesta”, dijo Heather Reoch Kerr, directora del IRC para Congo, .

El brote está a unos 7.000 millas de distancia, pero su propagación ha puesto a Estados Unidos , con mayor vigilancia y restricciones de entrada para viajeros aéreos. Funcionarios federales han dicho que el desmantelamiento de USAID no ha obstaculizado la detección ni la respuesta.

“El gobierno de Estados Unidos continúa actuando agresivamente para contener el brote de ébola en su origen, con el fin de proteger al pueblo estadounidense y prevenir una mayor propagación internacional”, dijo el Departamento de Estado en del 23 de mayo.

La decisión de Trump de desvincularse de la OMS fue criticada por tras un brote de hantavirus esta primavera en un crucero que había zarpado de Argentina. Algunos dijeron que la fue demasiado lenta y cuestionaron por qué el presidente sugirió crear un nuevo y costoso en lugar de mantener la relación con la OMS, especialmente cuando Estados Unidos está reduciendo los programas de vigilancia que ya tiene.

El gobierno federal ha rastreado casos de Vibrio como parte del programa FoodNet, cuyo objetivo incluye identificar y contener brotes. Ahora, reportar casos de Vibrio es opcional.

Casi la mitad de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por Vibrio vulnificus , algunos dentro de las 24 horas posteriores al consumo de mariscos contaminados, como ostras crudas. La bacteria puede multiplicarse rápidamente y causar choque séptico y lesiones ampollosas en la piel. El patógeno se está volviendo cada vez .

Los CDC estiman que ocurren alrededor de de infección por Vibrio cada año, y que las infecciones por la especie más grave, Vibrio vulnificus, han aumentado de manera constante. En los , esa especie ha causado 429 casos por infecciones de heridas abiertas y 135 casos por alimentos contaminados.

“Mientras más vigilancia tienes, más puedes conectar los puntos”, dijo Bill Marler, abogado de seguridad alimentaria del área de Seattle. “Si un árbol cae en el bosque y no lo escuchas, 驴realmente cayó? Es más fácil no reportar enfermedades. Entonces pueden decir: 鈥楳iren qué seguro es nuestro suministro de alimentos’”.

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Había sido atacado en un tiroteo desde un vehículo en Jacksonville, Florida, y hospitalizado condos heridas de bala. Contó que, durante la semana que pasó internado, un asistente médico cambió el rumbo de su vida al visitarlo cada día y advertirle que los hombres negros con heridas de bala a menudo terminan paralizados, o algo peor.

“Yo andaba en la calle, en malos pasos”, dijo Pinckney. “Me hizo prometerle que nunca volvería a entrar a su sala de emergencias de esa manera. Esa fue la última conversación que tuvimos, justo antes de que me dieran el alta”.

Desde entonces, su meta ha sido convertirse en asistente médico. Pinckney, quien pasó la mayor parte de su carrera trabajando para el Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York y como proveedor de salud del Ejército de Reserva, recientemente dio un paso importante hacia ese objetivo. En mayo, se graduó con honores de Lehman College con una licenciatura en ciencias.

Después de mudarse de Nueva York al condado de Prince George, en Maryland, planeaba postularse este año a programas de asistente médico. Pero ahora teme que su sueño se vea frustrado por las nuevas reglas para préstamos estudiantiles.

A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal . Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.

La administración Trump afirma que los límites buscan reducir el costo de la educación superior y la deuda estudiantil.

Pero los críticos coinciden ampliamente en que los nuevos topes son demasiado bajos, especialmente para los estudiantes que solo podrán pedir hasta $20.500 al año en préstamos federales debido a la controversial definición de “título profesional” incluida en la ley.

El 24 de junio, un juez federal bloqueó temporalmente al Departamento de Educación para que no aplicara esa definición. Aun así, para muchos estudiantes, los nuevos límites no cubrirán el costo combinado de matrícula, vivienda y gastos básicos.

Esto podría dejar a cientos de miles de estudiantes que piden préstamos para estudios de posgrado cada año a merced de prestamistas privados, con tasas de interés más altas y menos opciones de pago.

Algunos expertos y estudiantes también temen que los límites afecten los esfuerzos por diversificar la fuerza laboral de salud, al desalentar a personas de minorías raciales y de hogares de bajos ingresos a postularse a programas de posgrado.

Una caída en el número de nuevos estudiantes podría agravar la escasez ya existente de profesionales en zonas rurales y en atención primaria, advierten.

Muchos políticos y expertos en préstamos reconocen que el costo de la educación superior debe abordarse. Pero los nuevos límites federales “simplemente no van a lograr ese objetivo”, dijo Todd Pickard, presidente de la American Academy of Physician Associates, una de varias organizaciones que demandaron al Departamento de Educación por estas reglas.

“Sería como si tuvieras un padrastro en un dedo y yo te cortara todo el brazo en lugar de atenderte el padrastro”, dijo Pickard. “El tratamiento no corresponde al problema”.

Entre la espada y la pared

Los estudiantes que cursen lo que la ley describe como “títulos profesionales” 鈥攊ncluidos futuros médicos, dentistas, farmacéuticos y quiroprácticos鈥� podrán pedir prestado hasta $200.000 en total, y no más de $50.000 al año.

Mientras tanto, el costo medio de asistir a una escuela pública de medicina es de casi $300.000 durante cuatro años, y el costo medio de una escuela privada de medicina supera los $400.000, según la Association of American Medical Colleges.

Los límites fueron fijados aún más bajos para quienes cursan otros títulos de “posgrado”, con un tope de $100.000 en préstamos federales durante todo el programa. El límite anual para esta categoría es de apenas $20.500.

Originalmente, los estudiantes de fisioterapia, asistente médico y enfermería estaban incluidos en este grupo. Pero, según nuevas pautas emitidas el lunes por el Departamento de Educación, algunos de estos estudiantes podrán, al menos temporalmente, acceder al límite más alto, .

El Departamento de Educación, que ha sido demandado por grupos profesionales de médicos y por unas dos decenas de estados debido a las nuevas reglas, no respondió a preguntas para este artículo.

Tal como fue redactada la ley, un estudiante para asistente médico que terminara su programa en el promedio habitual de dos a tres años no habría podido pedir prestados los $100.000 completos. Mientras tanto, los asistentes médicos suelen comenzar sus carreras con una deuda promedio de $112.000, lo que significa que algunos podrían verse obligados a financiar su educación con préstamos privados de intereses más altos.

“Siento que estoy entre la espada y la pared”, dijo Olivia Trull, de 24 años, quien tiene previsto iniciar este verano el programa de asistente médico en Northwest University, en Kirkland, Washington. El programa de 28 meses cuesta $137.000, con unos $62.000 en matrícula y cuotas estimados para el primer año, dijo. Eso no incluye gastos de vida.

Antes de la orden judicial, Trull dijo que calificaba para el máximo anual de $20.500 en préstamos federales durante su primer año de posgrado. El resto tendría que financiarlo con un prestamista privado.

Calculaba que necesitaría hasta $100.000 en préstamos privados para financiar su posgrado y que, al terminar, enfrentaría pagos mensuales de más de $3.000.

“Tengo que sentarme y tener una conversación conmigo misma”, dijo Trull, para pensar “si quiero estar ahogada en deudas durante los próximos 10 años de mi vida”. Un banco privado le ofreció un préstamo con una tasa de interés de casi 14%, contó.

Pinckney, quien dijo haber terminado su licenciatura con alrededor de $10.000 en deuda federal estudiantil, señaló que algunos amigos que ya solicitaron préstamos privados recibieron cotizaciones con tasas de hasta 13%.

En comparación, las tasas de los préstamos federales para estudiantes de posgrado, que se fijan cada año, actualmente rondan entre 8% y 9%. Los préstamos federales también suelen ofrecer opciones de pago más flexibles que los privados.

En mayo, 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda federal contra el Departamento de Educación por las nuevas reglas. La demanda describió la definición de “título profesional” de la ley como “arbitraria y caprichosa”.

En otra demanda federal presentada en junio, la American Academy of Physician Associates y la PA Education Association alegaron que las nuevas reglas niegan a los estudiantes los montos necesarios para asistir a programas de asistente médico. Argumentan que los estudiantes de estos programas deberían poder acceder a los límites más altos disponibles para estudiantes de medicina y otros programas profesionales.

Aunque “physician assistant” y “physician associate” suelen referirse al mismo rol, la entidad adoptó el título “physician associate” en 2021 por considerar que “assistant” no refleja el papel importante de estos profesionales en la atención médica de alta calidad.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han sostenido que el costo de los estudios de posgrado es demasiado alto en general. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo ante un comité de la Cámara de Representantes en mayo que “nuestro objetivo general es reducir el costo de la universidad y de la educación”.

De hecho, algunos expertos reconocen que los nuevos límites podrían ayudar a reducir costos. El programa federal Grad PLUS, creado por el Congreso hace 20 años, no establecía un límite sobre cuánto podían pedir prestado los estudiantes de posgrado en préstamos federales. Ese programa fue eliminado por la One Big Beautiful Bill Act.

“Hay evidencia considerable de que las personas pidieron prestado más de lo que realmente necesitaban para estudiar”, dijo Sandy Baum, economista de educación superior e investigadora senior del Urban Institute.

Algunos programas de posgrado ya han reducido sus precios de matrícula, dijo Baum. En mayo, por ejemplo, la Universidad de California-Irvine anunció que reduciría el costo de sus programas de MBA en decenas de miles de dólares para quedar por debajo de los nuevos umbrales federales de préstamo.

Aun así, Baum no espera que muchas otras universidades hagan lo mismo.

“No creo que vayamos a ver una caída dramática en los precios”, dijo. “Creo que algunos programas podrían cerrar porque no podrán manejarlo”.

“He llorado”

Los nuevos límites de préstamos también afectarán de manera desproporcionada a los estudiantes de raza negra, dijo Baum, porque históricamente han pedido más préstamos que los estudiantes blancos no hispanos e hispanos (que pueden ser de cualquier raza).

Para algunos estudiantes que ya pidieron préstamos para financiar sus licenciaturas, los nuevos límites serán especialmente duros. Bajo las nuevas reglas, estarán sujetos a un límite de por vida de $257,000 en préstamos federales estudiantiles.

“Habrá estudiantes que no podrán inscribirse”, dijo Baum.

Andrei Robu, de 26 años, estudiante de medicina en la Medical University of South Carolina, dirige el Grupo de Interés en Educación Financiera del campus de Charleston. Dijo que muchos de sus compañeros temen que los límites de préstamos reduzcan la diversidad del estudiantado.

También le preocupa que, como la demanda para ingresar a la escuela de medicina ya es muy alta, las instituciones puedan priorizar a estudiantes de familias con más recursos y “aun así llenar sus clases”.

“Eso no es lo que queremos en nuestra fuerza laboral médica”, dijo Robu, quien no está sujeto a las nuevas reglas por ser estudiante actual. “Queremos representar a la población del país en general”.

Jasmine Vásquez, de 26 años, fue aceptada en el programa de asistente médico de South College, en Atlanta, pero decidió aplazar su inscripción hasta 2027, en parte para ver si cambian sus opciones de financiamiento. Le preocupa asumir demasiada deuda con un banco privado.

“He llorado varias veces”, dijo Vásquez, quien espera dar a luz en septiembre. “No es algo que esté bajo mi control”.

Betsy Mayotte, presidenta del Institute for Student Loan Advisors, prevé que las nuevas reglas llevarán a algunos graduados a la bancarrota cuando no puedan pagar préstamos privados.

Sin embargo, espera que primero caiga la matrícula y que algunos programas de posgrado cierren porque no podrán reclutar suficientes estudiantes. También anticipa que bajarán las tasas de finalización, ya que algunos estudiantes alcanzarán los límites federales de préstamo a mitad de sus programas.

Más allá de eso, predice que los graduados en áreas de salud buscarán empleos en especialidades mejor pagadas, lo que agravará la escasez en comunidades rurales y desatendidas.

“Van a ir donde puedan ganar más dinero”, dijo Mayotte.

Pinckney dijo que “no está realmente seguro” de lo que le depara el futuro. Pagó la mayor parte de su educación universitaria trabajando mientras estudiaba, pero eso normalmente no es posible para estudiantes de tiempo completo en programas de asistente médico.

Ha considerado postularse a un programa de posgrado en ciencias biomédicas, que calcula costaría unos $30.000, una cantidad “mucho más manejable”, dijo. Eso podría permitirle trabajar en un laboratorio o en la industria farmacéutica. Seguiría estando vinculado a la medicina, agregó, pero no le permitiría cumplir su meta de trabajar directamente con pacientes.

“Quizá esto se resuelva”, dijo sobre los nuevos límites federales de préstamos. Mientras tanto, mantiene la esperanza.

“Si puedo influir en la vida de una sola persona, esa sería mi forma de devolver lo que él hizo por mí”, dijo, refiriéndose al asistente médico que lo inspiró en 1999. “Es muy difícil apartarse de ese sueño”.

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Alpizar’s daughter quickly got better, but her son didn’t. José had a fever and diarrhea and was throwing up. When the shelter nurses couldn’t help, Alpizar sought out a private doctor, who prescribed antibiotics.

In mid-June, Alpizar, her partner, kids, and brother moved to , a former factory that the Mexican government had converted to house migrants waiting to cross into the U.S. Weeks later, though, a doctor said her son still hadn’t improved. “He showed me the chart again and told me it was still the same,” Alpizar said in Spanish through an interpreter while at a shopping complex near the shelter. “He is still malnourished.”

Three years ago, Mexico had few shelters for migrants making their way to the U.S. People seeking asylum, like Alpizar and her family, presented themselves to U.S. authorities and were usually either detained in American facilities or released on parole while they awaited their proceedings. In either case, they had potential access to the U.S. health care system.

But a constellation of U.S. immigration policies, of asylum seekers and refugees, and the covid-19 pandemic have transformed Mexican border towns into holding areas for people who are waiting for policies to change and are hoping to cross and head north. And despite the Biden administration’s recent efforts to unwind some of those policies, little seems likely to change in the coming months. Alpizar and her family are now among thousands of people living in dozens of recently built Juárez shelters, just a few miles from El Paso, Texas.

The wait 鈥� 鈥� has led some migrants, like Alpizar’s children, to develop health problems; exacerbated people’s chronic ailments, like hypertension or diabetes; left some in dire conditions without care; and compounded the trauma experienced by those fleeing their homes.

Under Title 42, a public health emergency order that the Trump administration first invoked in March 2020 to stop the spread of covid, Alpizar and her family are not allowed to present themselves at a border checkpoint and claim political asylum 鈥� they would be immediately expelled back to Mexico without a screening.

The policy, just one of several that have kept migrants in Mexico, is actually “counterproductive” to protecting people from covid, according to .

The Leona Vicario shelter has experienced outbreaks of and since opening in 2019. It is still considered one of the better shelters because the Mexican government runs it. Nonprofit and private shelters operate with little oversight, and their quality varies.

Some migrants sleep in the streets. In general, conditions are making people sick, and care is limited, said Gabriela Muñoz, a project manager for Las Americas Immigrant Advocacy Center in Juárez.

Alpizar decided to travel to the border from Cuernavaca, a city south of Mexico City, she said, after an attempt to kidnap her children. The same day, her brother Angel and partner, Pablo Sandoval Arce, were beaten on their way home from a job painting an apartment. She told Pablo, José’s father, that it was not a coincidence.

Alpizar reported the incidents to the local police, she said, but was told that nothing could be done. A few days later, they arrived in Juárez with money from Alpizar’s aunt in South Carolina, who had helped raise Alpizar and her brother after their mother died. Alpizar is now trying to get an exemption to Title 42 that would allow her family to file an asylum application and join her aunt until their case is heard.

Las Americas gets about 4,000 calls a day, said Crystal Sandoval, director of strategic initiatives at the El Paso center. Only about 100 draw a response. About 70% of callers need medical attention 鈥� they require immediate cancer treatment, have a condition like diabetes that is out of control, or have developed anemia. Others have been sexually assaulted or have high-risk pregnancies. The group helps 60 to 90 people a week get exemptions, which allow them to apply for asylum and wait in the U.S. for their court dates.

Immigration advocates say that not only has Title 42 done more harm to public health than good, but the rule has been applied selectively. U.S. Customs and Border Protection have stopped migrants about 1.7 million times in the current federal fiscal year, which started Oct. 1. About half of those stops resulted in an expulsion under Title 42, . About 65% of those were people from Mexico, while the vast majority of other expulsions involved people from El Salvador, Guatemala, and Honduras. In April, however, to enter the U.S.

In many ways, the Alpizar family’s medical story isn’t the most extreme. Other migrants have immediate, life-threatening needs. In 2019, after five months waiting in a shelter, 鈥� the same week officials processed her asylum request. She died from sepsis, pneumonia, and tuberculosis, .

Alpizar’s situation reflects how U.S. immigration policy has outsourced migrant care to Mexico, said , an immigration researcher at the University of Texas-El Paso, who first met Alpizar during a weekly visit to Leona Vicario.

Federal courts have delayed or blocked the Biden administration’s attempts to lift some immigration policies. In May, days before Alpizar started her journey, .

Some nonprofits, meanwhile, seek to help migrants access care during their border waits. Hope Border Institute, a Catholic nonprofit, started a fund to assist them in seeing private doctors, paying for hospital stays, filling prescriptions, and covering transportation to appointments.

When a doctor advised Alpizar to put her son on a special diet, the family initially went shopping to buy him food not available in the shelter, which houses about 600 people. Later that day, however, when they checked a refrigerator that shelter residents share, the fruit and yogurt were gone. Pablo now shops three times a week, buying only small amounts to keep his son fed.

Then, in late July, a shelter doctor diagnosed José with conjunctivitis and gave him antibiotic eyedrops. Shortly afterward, his sister, Zoe, tested positive for covid, and the family was sent to the shelter’s isolation ward.

Gastrointestinal issues, respiratory illnesses like covid, and skin conditions are common in congregate facilities, like shelters, where people are packed into tight quarters, said Dr. Julie Linton, co-chair of the American Academy of Pediatrics’ Council on Immigrant Child and Family Health. She has treated many newly arrived kids who had multiple parasitic infections because they lacked clean water or access to sanitary conditions during their journey.

José could have something even more serious, but specialty care and testing are not available to migrants, said Dr. Bert Johansson, an El Paso pediatrician who volunteers in Mexican shelters.

Or José may just need a stable place to recover.

Chronic stress suppresses the immune system, which makes infections more likely and recovery harder, Linton said. The long waits are also causing or intensifying existing trauma, said Marisa Limón, senior director for advocacy and programming at the Hope Border Institute. Mental health ailments are among the most common health conditions for people in shelters and detention centers, said Linton.

In July, Las Americas officials told Alpizar that she would have to wait at least eight to 10 weeks before learning whether her family would be granted an exemption.

Alpizar has considered crossing illegally but doesn’t have the funds. A sense of desperation has led migrants to .

The lack of legal pathways to seek asylum “makes people take more risks, in more dangerous areas,” said Eddie Canales, director of the South Texas Human Rights Center. “The border is a graveyard.”

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En una , la administración también anunció que está planeando exigir a las aseguradoras que especifiquen de antemano el costo de bolsillo para los pacientes de todos los servicios médicos. Esta propuesta ahora está en el período abierto en el que se reciben comentarios del público.

“驴Qué es más claro y sensato que los estadounidenses sepan cuánto costará su atención antes de ir al médico?”, dijo Joe Grogan, director del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca.

La regla sobre los hospitales entrará en vigencia en enero de 2021. Es parte de un esfuerzo de la administración Trump por aumentar la transparencia de los precios con la esperanza de reducir los costos de atención médica a todo nivel: desde servicios hospitalarios hasta medicamentos recetados. Pero es controversial y es probable que enfrente desafíos en los tribunales.

Cuando esa regla se propuso por primera vez en julio, los hospitales y las aseguradoras se opusieron. Argumentaron que requeriría la divulgación de información privada, y que también podría obstaculizar las negociaciones y ser contraproducente si algunos proveedores médicos se dieran cuenta que tienen un precio bajo en comparación con sus pares y elevaran sus costos.

Poco después de la publicación de la regla final (el viernes 15), cuatro grandes organizaciones hospitalarias dijeron que la desafiarían en los tribunales.

Según una declaración conjunta de estas organizaciones, “esta regla generará una confusión generalizada, aumentará el comportamiento anticompetitivo entre las aseguradoras de salud y obstaculizará las innovaciones”. En el texto el grupo dejó en claro su intención de “presentar un desafío legal a la regla sobre la base de que excede la autoridad de la administración”.

La declaración fue firmada por la Asociación Americana de Hospitales, la Asociación de Colegios Médicos Americanos, la Asociación de Hospitales de Niños y la Federación de Hospitales Estadounidenses.

Las aseguradoras también reaccionaron. “La regla que la administración lanzó no ayudará a los consumidores a comprender mejor por cuáles servicios de salud tendrán que pagar, y puede no avanzar en el objetivo más amplio de reducir los costos de la atención médica”, dijo en una declaración Scott Serota, presidente y CEO de la Asociación Blue Cross Blue Shield.

Exigir que se revelen las tarifas negociadas, dijo, podría llevar a aumentos de precios “ya que los médicos y las instalaciones médicas podrían ver en los pagos negociados una hoja de ruta para aumentar los precios en lugar de bajarlos”. Agregó que la regla podría confundir a los consumidores.

Para un consumidor, puede ser una cantidad de datos abrumadora. Sin embargo, la administración dijo que espera que estos datos también estimulen a los investigadores, empleadores o empresarios a encontrar formas adicionales de hacer que sean accesibles y útiles.

La cantidad de información que la norma requiere que se divulgue será masiva, incluidos los cargos brutos, las tarifas negociadas y los precios en efectivo, para cada uno de los miles de servicios ofrecidos por cada hospital, un paquete de información que deberán actualizar anualmente.

En un guiño a lo difícil que podría ser para un consumidor encontrar artículos de una lista de precios a la carta, la regla también requiere que cada hospital incluya una lista de 300 servicios, descritos en lenguaje sencillo, con todos los gastos extra incluidos. De esta forma, un paciente podría consultar el costo total de un reemplazo de rodilla, reparación de hernia u otro tratamiento.

Las aseguradoras, según la regla propuesta, tendrían que revelar las tarifas que negocian con proveedores, como los hospitales. También se les requeriría crear herramientas en línea para que los consumidores pudieran calcular la parte de un servicio que tienen que pagar, incluido cualquier deducible que puedan deber, y poner esa información a disposición antes que el consumidor vaya a la cita médica o al hospital.

No se sabe todavía cuándo entraría en vigencia esta parte de la norma propuesta.

A principios de este año, la administración ordenó a las farmacéuticas que incluyeran sus precios en los anuncios de televisión, pero la industria demandó y ganó un fallo judicial que bloquea la medida. La administración ha apelado esa decisión.

No obstante, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo que la administración tiene confianza.

En una conferencia telefónica con reporteros, Azar y otros funcionarios admitieron que no tienen estimaciones sobre cuánto ayudaría la propuesta a bajar los costos, porque nunca antes se había probado un esfuerzo tan amplio en los Estados Unidos.

Aun así, “señáleme un sector de la economía estadounidense en el que tener información sobre precios realmente conduzca a precios más altos”, dijo Azar.

Azar citó algunos estudios que muestran que cuando se revelan los precios, el gasto general puede bajar porque los pacientes eligen servicios más baratos. Sin embargo, generalmente estos esfuerzos también requieren incentivos financieros para el paciente, como compartir ciertos costos.

La norma propuesta para las aseguradoras los insta a crear tales incentivos, dijo Seema Verma, quien supervisa los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS)

George Nation, profesor de negocios en la Universidad Lehigh de Pennsylvania, quien estudia los precios en los hospitales, calificó la regla final y la propuesta sobre las aseguradoras como “un movimiento en la dirección correcta”.

Dijo que, entre otras cosas, la información sobre precios puede resultar útil para los empleadores al comparar si su aseguradora o administradora está haciendo un buen trabajo cuando negocia con los proveedores locales.

Hoy, “solo ven una factura y un descuento. 驴Pero es un buen descuento? Ahora todo esto será transparente”, completó Nation.

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